Un grupo de autores, entre los que se encuentran especialistas y profesores de Economía de la Salud, miembros de laboratorios y consultores, han publicado un artículo, titulado '¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020?', en la revista Gaceta Sanitaria, donde teorizan sobre la posibilidad de la fijación de umbrales de coste-efectividad en España, estableciendo como razonable un rango de entre 25.000 y 60.000 euros por año de vida ajustado por calidad (AVAC). Plantean la necesidad de implantar un modelo de pago basado en el valor, que "contribuya a lograr la gradualidad en las decisiones de financiación y, sobre todo, a mejorar la previsibilidad, la consistencia y la transparencia del proceso".
El estudio parte de una revisión no sistemática sobre las experiencias internacionales más relevantes en cuanto al uso de la evaluación económica de las intervenciones sanitarias, con información sobre Reino Unido, donde a partir de los 20.000-30.000 libras/AVAC que se establecieron en 2005, se han ido desarrollando nuevas propuestas donde se afina más en función de las características de la intervención y la evaluación; o Estados Unidos, donde el último rango se ha establecido en 2017 entre los 50.000 y los 175.000 dólares por AVAC; u Holanda, con entre 20.000 y 80.000 euros desde 2015. También incluyen datos de Australia, Canadá o Suecia, aunque sus esquemas no han sido actualizados en la última década.
Incorporan también información sobre España, donde, recuerdan, "nunca se ha definido oficialmente un valor umbral". No obstante, han observado que es común en la literatura la cifra de 30.000 euros por AVAC, aunque su asignación sea poco menos que arbitraria. Incluyen un listado de trabajos, algunos elaborados por autores de este artículo, como José Luis Sacristán, Tatiana Dilla, José Luis Pinto o Jaume Puig Junoy, donde se han hecho propuestas con cifras que varían bastante.
Hacen mención especial al trabajo de Laura Vallejo, "tanto por su metodología, como por haber servido de base para un informe de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS)", encargado por el Ministerio de Sanidad, sobre el valor de un AVAC en España. En él se propone un rango "de 22.000 a 25.000 euros por AVAC como umbral de coste-efectividad incremental en contextos que requieran una desinversión para liberar recursos que financien nuevas intervenciones". No obstante, se llama a la actualización de los valores en función de las modificaciones presupuestarias, ya que la propuesta se realizó teniendo en cuenta el periodo 2008 y 2013, cuando la crisis económica azotó con más fuerza. "El valor de 22.000 euros corresponde al PIB per cápita de 2013, y el de 25.000 al PIB per cápita de 2017. Es probable que una actualización del estudio con los datos del periodo 2018-2019 diera lugar a unos valores algo más altos", indican los autores.
En las conclusiones del artículo, los autores indican, en lo que respecta a la implantación de una estrategia de pago por valor en nuestro país, que ésta requiere, en primer lugar, "definir el concepto de valor", y aunque se han propuesto, reconocen, distintos métodos, el coste-efectividad continúa siendo, opinan, "el método de referencia para maximizar la salud de la población con los recursos disponibles".
A partir de esa consideración, afirman que "podría ser razonable un valor umbral de 25.000 euros por AVAC, por debajo del cual la financiación de la intervención fuese la norma". En cuanto límite máximo, lo situarían "en el entorno de los 60.000 euros por AVAC, e indicaría la máxima disposición social a pagar". "En la zona comprendida entre ambos valores (que deberían ser flexibles y dinámicos, opinan), tendrían que considerarse, además, otros criterios (gravedad de la enfermedad, existencia de alternativas, etc.) que deberían ser claramente explicitados", opinan, y defienden que este sistema de doble umbral "fomentaría la gradualidad en las decisiones".
Dicho esto, asumen que "no parece posible llegar a un consenso sobre cuál es el método idóneo para determinar el umbral perfecto", por lo que, más allá de eso, por lo que abogan es por "implantar un modelo de financiación basado en el valor, que contribuya a mejorar la previsibilidad, la consistencia y la transparencia del proceso, y que sirva de apoyo para la solvencia presente y futura del sistema".
Nicolas Gonzalez Casares: