Ante la decisión, por el momento inamovible, del Gobierno de hacer decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo, y ante la perspectiva de que las decisiones jurídicas se conviertan en los árbitros de la pandemia, las comunidades autónomas se preparan para aplicar restricciones locales para sortear las situaciones de caos jurídico que se pueden preparar.
A lo largo de las últimas semanas, tanto desde la oposición política, como desde el propio entorno del Gobierno han calificado de “temeridad” la desaparición de esa figura legal sin alternativa jurídica, se observa con temor la vuelta a la situación que se vivió en los meses de junio y octubre de 2020.
En aquel periodo, entre la desescalada del confinamiento y la instauración del estado de alarma ante la segunda ola, las restricciones fueron asunto particular de cada comunidad y de los respectivos jueces, que con sentencias contradictorias se avalaban situaciones en unos territorios, mientras en otros se tumbaban.
En esta ocasión la situación epidemiológica no es la misma. El final del estado de alarma llegará con una cuarta ola en decadencia, según explican los epidemiólogos y con una población en la que ya se está generando inmunidad a través de la vacunación, aunque no al ritmo tan rápido como sería de desear.
El Consejo Interterritorial puede ser una pieza clave para el concepto de cohesión y si se podrá establecer un sistema medianamente uniforme, que pueda variar en función de la incidencia y la situación de cada territorio. En cualquier caso su papel deberá ser clave para la toma de decisiones.
Para casi todos los líderes autonómicos, el estado de alarma se debería mantener hasta conseguir una vacunación equivalente al 50% de la población. Actualmente, a 12 días del decaimiento del estado de alarma, han recibido las dos dosis de la vacuna, aproximadamente uno 8% de la población.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, apuntaba el otro día incluso a la reforma de la Ley de Salud Pública, aunque también cree que “hay posibilidades de que no sea necesario mantenerlo.”
Simón explicó que el estado de alarma afecta a dos cuestiones; la movilidad entre comunidades y el toque de queda, aunque las comunidades estarían, en el caso de la movilidad facultadas a hacer restricciones a escala local o provincial.
En ese sentido, ya hay varias comunidades que han comenzado a elaborar normativa propia. Entre ellas, el País Vasco elabora un decreto propio, que según han indicado desde el Gobierno Vasco, permitirían mantener todas las restricciones que tiene esa comunidad, una de las más afectadas en los últimos días en la evolución pandémica. Actualmente mantiene 65 municipios cerrados, entre ellos las tres capitales vascas. El toque de queda en el País Vasco es a las diez de la noche.
Catalunya considera que su Gobierno podrá limitar la actividad y el desplazamiento de las personas utilizando la ley catalana de salud pública. Una postura similar a la de Asturias que ya viene aplicando normativa propia para los cierres perimetrales. Castilla La Mancha ha demandado “tutela judicial” para tomar medidas, especialmente en el mantenimiento de los derechos fundamentales en relación a la pandemia, si finalmente decae el estado de alarma.
Por su parte Madrid, aunque inmersa en un proceso electoral que finalizará cinco días antes que el estado de alarma, ha prorrogado el toque de queda, la regulación de comensales en lugares públicos y mantiene cerradas perimetralmente tres localidades y 16 zonas básicas de Salud.
Andalucía también ha prorrogado el toque de queda y los 99 municipios con altas incidencias (entre los que se encuentran Almería, Córdoba y Sevilla) permanecen una semana más con restricciones en horarios de hostelería y comercio, hasta las ocho de la tarde.
Cantabria ha incrementado el pasado viernes sus medidas con el cierre del interior de la hostelería y la reducción a un tercio del aforo a los comercios. Navarra mantiene todas las restricciones y el cierre de siete municipios. Aragón mantiene los cierres de municipios y el cierre de toda actividad no esencial a las ocho de la tarde. En Castilla y León, la consejera Verónica Casado ha indicado que se mantendrán las actuales medidas hasta que llegue el fin del estado de alarma.
El resto de las comunidades mantiene en vigor las medidas actuales y confían, al igual que las citadas, en que el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) pueda convertirse en un lugar adecuado para marcar propuestas y plantear decisiones, que puedan dar cohesión al frente común ante la pandemia.
Los cambios que implica
El decaimiento del estado de alarma el próximo 9de mayo, terminaría el segundo estado de alarma por la pandemia para el conjunto de España que entró en vigor el 25 de octubre. El primer estado de alarma abarcó desde el 14 de marzo al 20 de junio.
Una vez que decaiga, las restricciones que limitan los derechos fundamentales, como la movilidad, no podrán prorrogarse. Para adoptar nuevas restricciones, ayuntamientos y CCAA tendrán que basarse de nuevo en la Ley de Salud Pública de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Con el final de estado de alarma se podrá estar en la calle a medianoche al no haber toque de queda y, además, el límite de grupos de personas en espacios públicos y privados también desaparecería, además de permitirse la movilidad interautonómica. Igualmente, a partir del 9 de mayo, la limitación a viajar al extranjero en avión desaparece, aunque habrá que tener en cuenta las restricciones del país de destino.
Esto no quiere decir que se eliminen todas las restricciones. Se producirá una situación parecida al pasado verano, donde se podrán tomar medidas ordinarias, como modificar el horario de los bares, para tratar de frenar la expansión del virus siempre que no limiten los derechos fundamentales.
