Reparto de vacunas: el Defensor del Pueblo niega haber recibido quejas ni ha iniciado actuaciones de oficio

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado este martes en el Senado que “el proceso de vacunación está desarrollándose de forma muy positiva” en España.

Marugán ha comparecido hoy ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a petición del Grupo Popular “para informar sobre las quejas recibidas ante el reparto de vacunas contra la covid-19 que el Ministerio de Sanidad ha realizado entre las comunidades autónomas”. A este respecto, el Defensor Marugán ha revelado que la Institución no ha recibido “ninguna queja” sobre dicho reparto.

Además, ha señalado que tampoco ha encontrado motivos para iniciar una actuación de oficio al no tener conocimiento sobre obstáculos en la campaña de vacunación debidos a esta cuestión.

Según ha explicado, el reparto de dosis entre las CCAA se ha realizado “equitativamente” en función de la población correspondiente a los grupos de vacunación definidos en cada fase de la Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en España.

Una estrategia que ha recordado, “fue elaborada y aprobada, a principios de diciembre de 2020, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, órgano colegiado en el que participan los consejeros de sanidad de las comunidades y ciudades autónomas y la Ministra Sanidad y que se ha actualizado ya en siete ocasiones.

Por su parte, el senador José Ignacio Landaluce, del grupo Popular, autor de la petición, ha indicado que “en el seno del Consejo Interterritorial sí se han expresado quejas” y ha asegurado que el Gobierno de España “no ha hecho un reparto equitativo de vacunas” . Igualmente ha demando más iniciativa al Defensor para “actuar de oficio”, ya que de las 12.304 actuaciones de esta institución sólo 28 han sido de oficio en este tema del covid.

Igualmente, este senador ha demandado al Defensor que “investigue de oficio” la obligación de firmar un consentimiento informado “para el que la mayoría de la gente no está informada”, para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, si es menor de 60 años y ha recibido ya la primera.

Otras actuaciones

Aunque la Institución no ha recibido quejas por el reparto de vacunas realizado entre comunidades, Fernández Marugán ha explicado que sí ha realizado algunas actuaciones, de oficio o a petición ciudadana, sobre asuntos concretos relacionados con la campaña de vacunación.

Así, el Defensor ha apuntado que, en los primeros momentos de la vacunación, la Institución que dirige planteó de oficio al Ministerio de Sanidad su preocupación por la vacunación de las personas mayores de 80 años que vivían en una comunidad autónoma distinta a la de su residencia habitual, pues la Estrategia no indicaba cual sería el lugar de su vacunación.

Lo mismo ocurría con ciudadanos de otros países, comunitarios y no comunitarios, residentes en España, pero que no están registrados en los servicios autonómicos de salud.

Asimismo, el Defensor ha relatado que, iniciada la fase de vacunación de las personas de más de 80 y 70 años, se recibieron quejas de beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y Mutualidad General Judicial (Mugeju). Estas quejas, en su mayoría procedentes de la Comunidad de Madrid, indicaban que no recibían información sobre si les vacunarían igual que al resto de las personas de más edad, ni cuándo.

Se iniciaron actuaciones con la administración autonómica y con las tres mutualidades y, a día de hoy, este asunto parece estar resuelto y los afiliados a las distintitas mutualidades están siendo vacunados equitativamente por los servicios públicos de salud de las CCAA.

La Institución se ha ocupado también de las quejas enviadas por personal de colectivos esenciales de la Administración General del Estado. Es el caso de la falta de vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña, a diferencia de los Mossos d’Esquadra y los miembros de la Policía Local.

El Defensor les manifestó que compartía su queja y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a finales de abril al Departamento de Salud de la Generalitat a la vacunación de los miembros de estos colectivos allí destinados en el plazo de diez días.