Desde este miércoles ciudadanos y profesionales deberán tener a mano una mascarilla cuando acudan a un centro sanitario, pero su uso será diferente según el centro. Si van a un centro de salud o a un hospital será obligatoria (con cambio); si van a una farmacia, al dentista o a una residencia, la podrán seguir dejando en el bolsillo, puesto que su uso será recomendado; eso sí, las comunidades autónomas que lo consideren oportuno podrán obligar a ponérsela. Así lo consigna el documento de medidas para reducir el incremento estacional de infecciones respiratorias adquiridas, al que el Ministerio de Sanidad ha dado este miércoles luz verde
“El Ministerio de Sanidad se hace cargo de esta evolución desigual de la epidemia en las comunidades, a la vez que (con esta norma) da aval jurídico a aquellas que necesitan más tiempo para descender”, ha señalado este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia ante los medios de comunicación para dar a conocer el contenido del documento. Un documento que nace después de tres días en los que comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad han escenificado un desencuentro evidente en cuanto a dar una cohesión a las políticas de prevención en el caso de una pandemia, que está colapsando el sistema sanitario.
Sanidad, “flexibiliza” en palabras de la ministra, la postura inicial de obligar al uso de mascarilla en todos los centros sanitarios del país, sacando a algunos establecimientos que tienen el reconocimiento de centros sanitarios de este obligatorio, sin que quede clara una razón objetiva en el documento y además le da un carácter “indefinido”, pues en esta obligatoriedad podrá pasar a recomendación, en el caso de que se presenten casos de descenso en las infecciones durante las últimas dos semanas consecutivas.
Un descenso que según explica Mónica García no está sujeto a una cifra de incidencia, como suele ocurrir en este tipo de medidas y como estuvo consignado en la pandemia de Covid. Según explica la ministra, “no hay un umbral cuantitativo, pero su cualitativo”, basado según indica "en el descenso de la curva”.
El objetivo del documento es “dar un respaldo jurídico a las comunidades” a la hora de tomar esta medida, pero de la misma forma, según indica la ministra, “se reconoce también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos”.
Una cobertura legal que la ministra basa en la autoridad que le da el artículo 65 de la Ley de Cohesión del SNS, para “de alguna manera unificar aquellos criterios en los que ponerse de acuerdo”, si bien también reconoce “que cada una de las comunidades tiene sus propias leyes de salud pública”.
Intensificar la vacunación
Al margen de la cuestión de las mascarillas el documento incluye otras cuestiones como es la de intensificar la comunicación de las campañas de vacunación. Una cuestión que en esta campaña ha sido ampliamente criticada por las sociedades científicas y profesionales.
Estas sociedades han criticado que se ha relegado la comunicación social de la campaña a un segundo plano, provocando que la tasa de vacunación escasamente se situara en torno al 50%. Una cifra reducida con respecto a otros años y que parece encajar con el hecho de que la mayoría de los casos que han requerido atención urgente sanitaria e incluso ingreso hospitalario, se han presentado en pacientes no vacunados.
También se incluye en el texto que ya ha sido enviado a las comunidades una recomendación sobre la ventilación, “algo esencial para contener estos picos”, según ha explicado la ministra. Lo que destaca también es que se eliminara una mención sobre los planes de contingencia, “porque también es verdad que las comunidades obviamente también tienen sus planes de contingencia”, según indica Mónica García.
Tampoco aparece en el texto otra de las medidas ‘estrella’ que había anunciado la ministra. Se trata de las denominadas ‘autobajas’ de tres días. La medida no aparece, pero no está descartada. “Estamos en los primeros inicios de hablar de esta medida y poder entendernos entre todos porque no solamente es competencia de este ministerio”, ha señalado la ministra, en relación a que la Seguridad Social no depende de Sanidad.
Aunque en la propuesta presentada el lunes si aparecía, en el texto oficial desaparece, en aras, según afirma García mantener una reflexión ·que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el sistema sanitario”.
“Perplejidad”
Las reacciones de las comunidades autónomas al documento han sido diversas. El Gobierno vasco ha mostrado su “perplejidad sobre la forma de actuar del Ministerio”, al tiempo que ha persentado sus datos epidemiológicos correspondientes a la primera semana del año en el que constata una ralentización de los contagios. Osakidetza constata una "subida moderada" de contagios de Covid-19 mientras que descienden ligeramente los diagnósticos de bronquiolitis y las detecciones del Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
Por su parte, Baleares que reitera su acatamiento a la decisión ministerial, añade que estudiará jurídicamente si se ha saltado la legalidad del CISNS. La consejera Manuela García ha calificado la cuestión de la obligatoriedad de la mascarilla como "impopular” y recuerda que las medidas se toman “de una forma absolutamente unilateral”, dejando de lado la situación epidemiológica de cada comunidad. Desde Murcia, el consejero Juan José Pedreño mantiene una postura similar. A su juicio, la medida “ha llegado tarde, mal y sin un mínimo de coordinación con las comunidades autónomas” y recuerda que se ha tomado sin contar con los órganos técnicos.
También Andalucía va a estudiar los resquicios jurídicos de la decisión ministerial. La consejera Catalina García acata la decisión pero considera que la imposición unilateral merece un estudio para ver “si ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del CISNS”. Para la consejera andaluza “lo que necesitan las comunidades, los profesionales y la ciudadanía es certidumbre”.
Por su parte Madrid insiste en el rigor científico. Así lo indica su consejera Fátima Matute, quien ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que en su departamento no están en contra del uso de mascarillas, sino que lo que recrimina es la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Nicolas Gonzalez Casares: