Terapéutica

Dos guías para mejorar el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos frente al cáncer

Gepac publica dos protocolos sobre el abordaje de los “retrasos injustificados” y las situaciones en las que se niega a un paciente con cáncer el acceso a un tratamiento prescrito por un profesional.

Gepac ha puesto en marcha la iniciativa ‘Cáncer cuestión de Estado’, un proyecto que “trata de mitigar y reducir, no solo los tiempos de espera, sino también las inequidades que existen entre las diferentes comunidades autónomas españolas y que el paciente, parte activa del sistema nacional de salud, participe en la toma de decisiones” según informa la entidad.

En esta línea el grupo español ha publicado dos protocolos de actuación para garantizar el acceso equitativo y temprano a pruebas diagnósticas y tratamientos innovadores. El primero, ‘Aprobación y financiación de medicamentos’, tiene por objeto abordar los retrasos injustificados en los procesos de autorización pertinentes para el uso y comercialización de medicamentos/tratamientos oncológicos, así como las restricciones y divergencias que puedan producirse en sus indicaciones respecto de las decisiones adoptadas por la EMA, cuando queden oficialmente consignadas en sus fichas técnicas. Asimismo, persigue combatir la falta o restricción de financiación de estos medicamentos por parte del SNS. El segundo, ‘Acceso a tratamientos y pruebas diagnósticas’, tiene como finalidad abordar situaciones en las que se niega a un paciente con cáncer el acceso a un tratamiento ya prescrito por un profesional.

El pasado miércoles, la presidenta de Gepac, Begoña Barragán y el gerente del grupo, Marcos Martínez, presentaron ambos protocolos al ministro de Sanidad, José Miñones, en una reunión privada en la que el representante del ministerio agradeció la colaboración prestada por el movimiento asociativo en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Desde Gepac, aprovecharon el encuentro para denunciar el primer caso que había llegado a la asociación: “un paciente, José Antonio Abella, operado de cáncer de colon con metástasis hepáticas y mutación BRAF V600E, que debe costearse el tratamiento, de más de 6.000 euros al mes, ya que, pese a estar autorizado por Sanidad, no está financiado”.

El proyecto cuenta con el aval de la Asociación Española de Urología (AEU), Fundación ECO, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas GEIS, el Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (Geltamo), el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y Solti.

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