¿Es bueno incrementar el gasto sanitario público? ¿Sí, no o depende?

Cada vez que llega el final de año y las distintas administraciones deben presentar sus presupuestos, todas ellas sin excepción alardean de la “cifra histórica” y el “incremento sin precedentes” que casi siempre se da.

Me llama la atención de que todos los incrementos de gasto son bienvenidos, especialmente si se engloban dentro del Estado del Bienestar. Bueno, todos no. El gasto farmacéutico siempre es malo.

Y sorprende esa distinción, cuando en numerosos estudios ha quedado clara la eficiencia que tiene el gasto farmacéutico y el enorme impacto sobre la salud de los ciudadanos. Uno de los últimos y más relevantes de estos informes, fue el dirigido por Frank R. Lichtenberg, que analiza el impacto de los medicamentos oncológicos sobre la evolución del cáncer en España durante 1999 y 2016 a través de diversos parámetros indicadores de la mortalidad. Según este estudio, la innovación farmacéutica se asocia con un incremento de 2,77 años en la edad media de fallecimiento entre 1999 y 2016, lo que constituye un 96% de la mejoría en ese parámetro.

Por ese motivo, no entiendo porqué subir el gasto sanitario per se es bueno y está bien visto por la sociedad, pero subir específicamente una de las partes que lo componen ya no.

Estamos viendo todos los días cómo los gestores se afanan buscar cómo mejorar tanto el número de profesionales sanitarios como sus condiciones laborales. El objetivo está claro y es loable ya que, retener talento y mejorar la atención sanitaria gracias a un mayor (y mejor organizado, especialmente) número de profesionales, es parte indispensable del sistema sanitario. Y nadie plantea sus dudas, al menos en público, a consecuencia del impacto económico que eso tendrá. No podemos decir lo mismo con los medicamentos. Con muy contadas excepciones, los poderes públicos no hacen gala de la incorporación a la cartera sanitaria de tal o cual medicamento que supondrá un beneficio para los pacientes. Y no entiendo por qué.

Si las decisiones se han basado en criterios de asignación presupuestaria eficiente y beneficio social, deberíamos hacerlo. Igual que se hace con todo tipo de prestaciones, subvenciones o servicios en general.

En cualquier caso, es triste pensar que nadie analizará si es mejor contratar a un 10% más enfermeras o destinar, al menos, parte de ese dinero a tratar con innovaciones terapéuticas a los pacientes o a no estrujar hasta el límite a los genéricos para que dejen de fabricar medicamentos esenciales y se tengan que utilizar otros similares pero más caros.

El gasto medio en medicamentos de receta por paciente y año en España se sitúa en 270 euros. Muy por debajo, menos de la mitad, de lo que supondría una única noche en el hospital; y no hablemos ya de cualquier procedimiento médico en el ámbito hospitalario. La pregunta clave a hacer es si ese dinero en medicamentos está bien gastado. ¿Cuántos ingresos por neumonías se están evitando con esos 270 euros? ¿Cuántas complicaciones de la diabetes o infartos de miocardio? y, en general, ¿cuánta salud y calidad de vida se ha obtenido?.

Igual que al ámbito del medicamento se le exige ser extremadamente eficiente, como debe ser, creo que es necesario poner el foco en todos los procesos asistenciales (y en todos los ámbitos de gasto público, por supuesto) para tratar de acercarse al menos a esa eficiencia exigida a los medicamentos. Y no me vale el argumento de que el gasto farmacéutico acaba en manos privadas (ya sean los farmacéuticos o los laboratorios), porque igual de privadas son las manos de los enfermeros que realizan su labor en los hospitales del SNS, y cobran un sueldo por ello, o las de las grandes empresas que construyen el AVE. Y nadie protesta ni se enfada por ello.

Evolución del gasto en Andalucía

En Andalucía a lo largo de las últimas semanas ha habido un fuerte debate sobre la evolución de su gasto farmacéutico. Lo más fácil (y lo más demagógico, además de absurdo), decir que se debe a la eliminación de las subastas. El dinero de las subastas nunca pasó por la Consejería de Salud, sino que iba directamente a Hacienda, de modo que el impacto nunca se vio en la evolución del gasto farmacéutico. Aparte de que la mayor parte del acercamiento al gasto del total del país tuvo lugar, precisamente, durante la vigencia de las subastas.

Es muy fácil tomar las cifras puras y duras y hablar de que en tanto tiempo el gasto ha crecido un x% y que eso es mucho comparado con el crecimiento del total del país. En unas circunstancias normales, esa comparación evolutiva la hemos hecho todos y podía ser válida, ya que las circunstancias que procuraban la evolución eran similares en todos los lugares. Pero en un ámbito como el gasto farmacéutico y el sanitario en general, donde la proporción de personas con más de 65 años (y mucho más la de mayores de 80) puede resultar crucial, resulta relevante analizar cómo se han comportado estas variables. Esto es especialmente importante al hacer comparaciones entre comunidades autónomas que tuvieron un impacto diferente sobre su población mayor a causa de la covid-19. ¿Qué menos que los políticos basen sus propuestas y decisiones en un análisis lo más exhaustivo y realista posible del escenario que quieren regular?

Los datos que publicamos en Diariofarma sobre el gasto en recetas en Andalucía no dejan lugar a dudas. Es cierto que esta partida ha crecido mucho, pero no es menos cierto que hay una justificación muy clara. La población andaluza ha crecido por encima de la de toda España y muy especialmente en lo que se refiere a los mayores de 65 años. Igualmente, si nos fijamos en los mayores de 80 años, en Andalucía este grupo poblacional creció un 0,6% entre 2019 y 2023, mientras que para toda España cayó un 2,1%.

Son cifras que están accesibles para todo el que quiera y que en un rato de Excel empiezan a hablar por sí solas.

Pero lo peor de todo es que nadie se pregunta por lo más importante. Con ese dinero invertido, ¿se ha mejorado la salud de los pacientes? ¿se han evitado muertes prematuras? ¿cuántas (y casi es posible saber cuáles)? ¿se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes? ¿se ha recuperado para la vida laboral a pacientes que antes quedaban incapacitados? Solo interesa si se ha gastado más o menos, pero nadie se plantea profundizar y ver qué beneficios sociales ha traído cada inversión sanitaria. Y tampoco si destinar el dinero a otras cuestiones aporta más o menos beneficio a la sociedad que hacerlo a la sanidad y a la farmacia.

José María López Alemany es director de Diariofarma.