La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) reivindica que se cumpla la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios según la cual el farmacéutico es el profesional habilitado para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de todos los medicamentos sujetos a prescripción, tanto los de uso humano como veterinario.
La Ley, en sus artículos 3, 38 y otros concordantes establece un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptos (veterinario o médico) no pueda asumir a la vez el rol de dispensador y viceversa. Todo ello con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés, salvaguardando la independencia establecida legalmente.
Esta exigencia de FEFE surge “como consecuencia de informaciones inexactas o parciales que solo contribuyen a generar bulos o alarma social entre la población”. Recuerda que los farmacéuticos son profesionales sanitarios que desempeñan en zonas rurales, ciudades y comunidades una labor esencial y de servicio público, rigurosa y comprometida con el cuidado de la salud, tanto de las personas como de todo tipo de animales.
FEFE se suma a las reivindicaciones ya planteadas por otras entidades del sector como el Consejo General de Farmacia, colegios profesionales, distribución farmacéutica, y la sociedad española de farmacia rural, entre otros.
“Exceso de burocracia”
Las manifestaciones por parte de la profesión veterinaria se realizan después de que colegios veterinarios de toda España apoyaban el 11 de febrero un paro simbólico en buena parte de las clínicas de todo el país en protesta por el malestar existente por el sistema creado para controlar el uso de antibióticos en pequeños animales. Indican que les obliga a” un exceso de burocracia “que está provocando retrasos en tratamientos urgentes, limitación del criterio clínico profesional o costes inasumibles para los propietarios.
La asamblea general de presidentes de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), reunida el 14 de febrero en Madrid para analizar y valorar la situación creada tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, acordaba reclamar una moratoria de la obligación de notificación a Presvet (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos), de las prescripciones de antimicrobianos y una derogación del régimen sancionador (multas).
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: