El ObCP propone convertir la contratación pública en palanca de inversión estratégica

El Observatorio de Contratación Pública (ObCP) publicó la ‘Propuesta integral para la reforma estructural del sistema europeo de Contratación Pública’, un documento elaborado como respuesta a la consulta pública iniciada por la Comisión Europea para la evaluación y revisión de las Directivas de contratación pública de 2014.

El informe sitúa su diagnóstico en un momento que define como especialmente crítico para la Unión. “En un contexto geopolítico de gran incertidumbre, marcado por la necesidad de asegurar la autonomía estratégica europea, la resiliencia de las cadenas de suministro y la sostenibilidad del modelo social, la contratación pública —que representa el 14,6 por ciento del PIB de la Unión— no puede continuar siendo un mero procedimiento administrativo de gasto”. Frente a ello, el documento afirma que “debe transformarse en una herramienta de inversión estratégica de primer orden”.

El ObCP subraya que la revisión normativa prevista para 2026 no puede limitarse a un ejercicio técnico. La contratación pública se presenta como una palanca esencial para movilizar inversiones, reforzar sectores estratégicos y sostener el modelo social europeo en un escenario marcado por la competencia global y la inestabilidad geopolítica.

Basado en una propuesta ya presentada con anterioridad por el Observatorio, el nuevo documento insiste en que el modelo de armonización normativa mediante Directivas está agotado. La transposición nacional ha generado una fragmentación regulatoria que se traduce en 27 sistemas distintos de contratación pública, con interpretaciones divergentes y cargas administrativas adicionales.

Según el informe, esta fragmentación ha lastrado la competitividad europea y ha incrementado la inseguridad jurídica para los operadores económicos. El texto vincula esta situación con el desarrollo de una “burocracia defensiva”, en la que los gestores públicos priorizan el cumplimiento formal del expediente frente a la obtención del mejor resultado posible.

Como consecuencia, se observa un aumento de procedimientos con un único licitador, una reducción de la competencia efectiva y un alargamiento de los plazos de adjudicación, factores que, a juicio del ObCP, debilitan el funcionamiento del mercado interior.

Cambio del instrumento jurídico

La propuesta central del informe es la sustitución de las actuales Directivas por un Reglamento Europeo de Contratación Pública, de aplicación directa en todos los Estados miembros. El ObCP defiende que este cambio permitiría garantizar la seguridad jurídica, eliminar barreras de entrada y asegurar una interpretación uniforme de los conceptos clave en toda la Unión.

El nuevo marco normativo se articularía sobre principios rectores reforzados. Entre ellos destaca el principio de buena administración, que desplaza el foco desde el formalismo procedimental hacia la diligencia en la consecución del interés público.

Junto a este, el documento propone incorporar de forma explícita el principio de resultado, conforme al cual la legalidad del procedimiento es instrumental y lo determinante es la entrega efectiva de la prestación en tiempo y calidad. Un contrato desierto o una obra paralizada, aunque el expediente sea formalmente correcto, se considera un fracaso del sistema.

Inversión y colaboración público-privada

El informe dedica una parte relevante a la Colaboración Público-Privada (CPP), identificada como una herramienta clave para cerrar el déficit de inversión en infraestructuras y tecnología en Europa.

En este ámbito, el ObCP propone clarificar de forma definitiva el concepto de riesgo operacional y reforzar los mecanismos de reequilibrio económico-financiero de los contratos. El texto advierte de que la regulación vigente, caracterizada por la rigidez y la aversión al riesgo, actúa como un freno a la inversión privada.

Asimismo, se plantea una regulación basada en modelos de confianza y en el ‘target costing’, con esquemas de reparto de riesgos y beneficios entre las partes. El objetivo es abandonar la transferencia “ciega” de riesgos al contratista y avanzar hacia modelos colaborativos que favorezcan la ejecución efectiva de los proyectos.

Contratación sanitaria diferenciada

La contratación pública en el ámbito de la salud ocupa un espacio destacado en la propuesta. El informe sostiene que la pandemia evidenció que las reglas de “mercado puro” resultan ineficaces cuando se aplican a la sanidad y, en determinados contextos, incluso peligrosas.

Por ello, el ObCP defiende un régimen singular para la contratación sanitaria que priorice el valor clínico sobre el coste unitario. El documento propone evolucionar desde la compra de suministros hacia la contratación de “soluciones asistenciales”, integrando mantenimiento, formación, actualización tecnológica y resultados en salud.

Además, el informe apuesta por modelos de pago por resultados y por la exclusión de la licitación de medicamentos y tecnologías exclusivas amparadas por patente, al considerar que estos procedimientos constituyen “una ficción administrativa ineficiente”. También plantea mecanismos de multi-adjudicación para reforzar la resiliencia y evitar desabastecimientos.

El documento concluye que la reforma de la contratación pública europea es una oportunidad inaplazable para alinear el poder de compra de los Estados miembros con los objetivos estratégicos de la Unión.

Para el ObCP, seguir concibiendo la contratación pública como un instrumento de control del gasto supone desaprovechar su potencial. La propuesta plantea una transformación estructural para que la compra pública actúe como palanca de inversión, innovación, resiliencia y cohesión social en Europa.

En lo que respecta al tejido empresarial y la ejecución técnica, el documento plantea mecanismos para garantizar un acceso real de las PYMEs al mercado. Propone el derecho al pago directo a subcontratistas por parte de la Administración para evitar que los fondos queden retenidos en la tesorería de los grandes adjudicatarios, junto con una reserva de mercado del 25% de los contratos para pequeñas empresas, inspirada en modelos como la Small Business Act de Estados Unidos.

Por último, se aboga por una regulación estricta de los lobbies mediante la exigencia de una “huella legislativa” que haga públicos todos los contactos entre operadores económicos y decisores durante la preparación de los pliegos , y la creación de una DG Procurement en la Comisión Europea que actúe como cabina de coordinación para evitar que futuras normativas sectoriales vuelvan a fragmentar el mercado.