La vacunación dejó de ser una política casi asociada a la infancia para convertirse en una herramienta de prevención, sostenibilidad y autonomía personal a lo largo de toda la vida. El nuevo desafío ya no es solo científico ni asistencial, sino presupuestario, organizativo y evaluador.
El debate sobre las vacunas ya no se limita a demostrar si funcionan. La cuestión que se abre paso es si el Sistema Nacional de Salud (SNS) está preparado para financiar, evaluar, planificar y medir una política vacunal que ya no mira solo a la infancia ni a campañas concretas, sino a todas las etapas de la vida.
Una vacuna puede evitar ingresos, complicaciones, dependencia, pérdida de productividad, presión asistencial y costes familiares. Algunos estudios cifran el retorno en 4,58 euros por cada euro invertido y, en algunos casos, hasta 19. Sin embargo, buena parte de ese valor queda fuera de los marcos habituales de evaluación o no aparece de forma inmediata en el presupuesto de una comunidad autónoma. La prevención encierra una paradoja difícil de trasladar a Hacienda y a la gestión sanitaria: su éxito consiste, casi siempre, en que algo no ocurra.
Esa fue la cuestión de fondo del encuentro de expertos ‘Valor económico de las vacunas’, organizado por Diariofarma, cuyo objetivo fue analizar cómo incorporar el valor económico, social y sanitario de la vacunación a las decisiones reales del SNS, en un momento en el que el calendario vacunal para toda la vida amplía las necesidades de financiación, evaluación, planificación y captación de la población adulta.
La sesión reunió a Estefanía García, subdirectora general de Promoción, Prevención y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad; Pedro Irigoyen, subdirector general de Inspección de Tributos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid y exdirector de Gestión Económico Financiera y Farmacia del Servicio Madrileño de Salud; Antonio J. García, profesor del Departamento de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Universidad de Málaga; Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV); Sabina Camacho, portavoz del Movimiento ‘A la Vejez, vitales’; Ana Hernando, directora de Asuntos Gubernamentales en Vacunas de GSK, y Diego Suárez, responsable de Asuntos Públicos de Vacunas de Sanofi. El debate estuvo moderado por José María López Alemany, director de Diariofarma, y contó con la colaboración de GSK y Sanofi.
Desde posiciones distintas, los participantes coincidieron en una idea central. El calendario vacunal para toda la vida representa una de las grandes herramientas de prevención ante el envejecimiento, la cronicidad y la presión asistencial, pero su desarrollo exige algo más que nuevas recomendaciones técnicas. Requiere financiación estable, mejores registros, modelos de evaluación capaces de captar el valor social de la prevención y una organización que permita llegar de forma activa a la población adulta.
El calendario para toda la vida y su impacto presupuestario
Estefanía García recordó que España cuenta desde 2019 con un calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, una evolución que desplazó el foco desde la infancia hacia una visión más amplia de la prevención. No se trata de abandonar el éxito de la vacunación pediátrica, sino de extender esa lógica a otras etapas vitales, grupos de riesgo y poblaciones con necesidades específicas.
La representante del Ministerio señaló que la vacunación del adulto ocupa cada vez más espacio en las prioridades del SNS, tanto en el calendario común como en documentos sobre grupos de riesgo o personas migrantes. A ello se suman las campañas frente a virus respiratorios, con especial peso en población adulta y en personas con mayor vulnerabilidad.
García vinculó esta evolución con una idea más amplia de salud pública. Las vacunas no solo deben valorarse por su capacidad para evitar enfermedades graves, hospitalizaciones o mortalidad. También “pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, reducir el impacto de enfermedades crónicas, prevenir la fragilidad y retrasar situaciones de dependencia”. Esa visión conecta la política vacunal con la sostenibilidad del SNS.
Sabina Camacho, desde la experiencia de las personas mayores, señaló que la prevención no puede separarse de la autonomía, la fragilidad y los cuidados. Recordó que “los derechos no se pierden con la edad” y defendió que el análisis no se limite al gasto sanitario, sino que incorpore el impacto sobre la dependencia, las familias y la vida cotidiana.
Jaime Jesús Pérez aportó el contraste entre la vacunación infantil y la del adulto. A su juicio, la política vacunal en adultos “se ha construido en buena medida como una extensión de la pediátrica, más que como una estrategia diseñada desde el inicio con características propias”. Esa herencia tiene una parte positiva, porque la vacunación infantil constituye uno de los grandes éxitos de la salud pública, pero también puede ocultar diferencias profundas.
En la infancia, explicó Pérez, los resultados de algunas vacunas fueron visibles de forma rápida y contundente. En adultos, el impacto puede resultar menos evidente si no existen sistemas de vigilancia capaces de captar lo que se evita. Además, “la vacunación adulta exige más personalización”. No depende solo de la edad, sino también de condiciones de vida, viajes, situaciones laborales, patologías de riesgo y vulnerabilidad.
La escala del reto modifica la discusión. Una cohorte anual de nacimientos no puede compararse con la población mayor de 65 años. Alcanzar a millones de adultos exige otra capacidad logística, otra estrategia de captación y otra dotación presupuestaria. Por eso, el calendario para toda la vida no puede verse como una simple prolongación del calendario infantil, sino como una política preventiva de mayor dimensión, con efectos directos sobre la organización del SNS y las cuentas públicas.
Pedro Irigoyen reconoció el valor de las vacunas y su capacidad para optimizar el gasto sanitario, pero recordó que Hacienda opera con reglas fiscales, presupuestos cerrados y prioridades en competencia. Convertir una recomendación preventiva en financiación real requiere algo más que demostrar beneficio sanitario. Exige traducir ese valor a un lenguaje presupuestario capaz de explicar qué se evita, cuándo se evita y cómo impacta en el conjunto del sistema.
La prueba de que esa prevención ya ahorra, aunque el sistema no siempre sepa medirlo, fue planteada por Antonio J. García. Lo ilustró con el ejemplo de nirsevimab, inmunización con la que las bronquiolitis graves “han desaparecido en todos los hospitales”, un efecto que, a su juicio, se puede medir y, sin embargo, no se mide en toda su extensión. El ahorro no está solo en la cama hospitalaria que se libera, sino también en el tiempo que los padres dejan de pasar junto a la cuna de una UCI, un coste real que no aparece en ningún cálculo. Su conclusión enlaza directamente con el terreno presupuestario: “si no vacuno, no ahorro”.
Por su parte, Ana Hernando amplió el concepto de valor socioeconómico asociado a la vacunación del adulto. Una enfermedad prevenible mediante vacunación no solo es solo un caso clínico evitado, también puede disminuir la funcionalidad de una persona mayor, modificar la vida de una familia, forzar cuidados no previstos, interrumpir tratamientos o precipitar una pérdida de autonomía. Hernando resumió esa idea en la necesidad de evaluar la “cadena de no eventos”, porque la prevención se mueve precisamente en el territorio de lo que no ocurre.
Diego Suárez añadió que la innovación vacunal se orienta cada vez más hacia la población adulta y obligará al sistema a revisar si sus herramientas de evaluación, financiación y despliegue sirven para una realidad distinta. El reto no será solo disponer de nuevas vacunas, sino decidir si el SNS podrá absorberlas con agilidad, datos sólidos y modelos capaces de reflejar su impacto real.
Convertir el valor preventivo en decisión presupuestaria
El debate dedicó buena parte de la sesión a la visión de la gestión económica de la Administración sobre el gasto sanitario y, específicamente, sobre las vacunas. Irigoyen explicó que para el gestor de Hacienda lo que pesa es lo inmediato: la regla de gasto, la deuda, el déficit y el control de las desviaciones presupuestarias. La prevención, en cambio, despliega sus beneficios a medio y largo plazo y muchas veces lo hace de forma poco visible para el presupuesto.
El problema aparece cuando Sanidad solicita más recursos para un programa vacunal y promete ahorros futuros. La vacuna puede evitar ingresos, complicaciones o presión asistencial, pero el sistema no siempre es capaz de localizar ese beneficio en una partida concreta. Por eso, una de sus advertencias más relevantes fue que en sanidad no cabe hablar de ahorro en sentido estricto. “Ahorrar en sanidad es técnicamente imposible, podemos contener, optimizar, racionalizar el gasto”, señaló.
Irigoyen recordó que el déficit presupuestario estructural sanitario es cercano al 20 por ciento y explicó que este ámbito absorbe una parte muy elevada de las cuentas autonómicas. En ese contexto, cada nueva prioridad compite con gasto de personal, asistencia hospitalaria, farmacia, tecnología, listas de espera y servicios ya consolidados.
Estefanía García completó esa lectura desde el proceso de decisión sanitaria. Reconoció que la parte económica forma parte de la evaluación y que el impacto presupuestario pesa especialmente al inicio de cualquier programa. Incluso con evidencia científica y un perfil favorable de coste-efectividad, las comunidades autónomas pueden tener dificultades para asumir de golpe el incremento de gasto. Por eso, defendió una implantación sostenible en el tiempo y una evaluación capaz de incorporar beneficios sociales, discapacidad, dependencia y efectos indirectos a medio y largo plazo.
Una oportunidad condicionada para financiar prevención
Este planteamiento abrió una cuestión de fondo para el futuro de las políticas de prevención. El nuevo Marco de Gobernanza Económica de la Unión Europea puede ofrecer una vía para que determinadas políticas preventivas sanitarias dejen de verse solo como gasto corriente y pasen a vincularse con productividad, resiliencia y sostenibilidad fiscal. No resuelve por sí solo el problema de financiación del calendario para toda la vida, pero sí abre una ventana política y presupuestaria que el sistema sanitario no debería ignorar.
Pedro Irigoyen explicó que la UE empezó a matizar la disciplina presupuestaria tradicional para favorecer inversiones con impacto estructural. La clave, señaló, no está en una discusión contable sobre si las vacunas son gasto o inversión, sino en asumir que el contexto cambió y debe abordarse de manera imaginativa. Para Irigoyen, el envejecimiento, el aumento de la esperanza de vida y el coste creciente de los tratamientos obligan a revisar la forma en que se emplea el dinero público.
Ana Hernando situó el debate en los criterios del nuevo marco europeo, que prevé mayor flexibilidad fiscal para inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la productividad, la sostenibilidad fiscal y la resiliencia social y económica. Preguntó si la inversión en vacunas, al margen de la etiqueta contable que se le asigne, cumple esos requisitos. Irigoyen respondió que, a su juicio, “sí”, y llevó la reflexión al terreno de que el problema de fondo no es solo contable sino de horizonte temporal. Mientras Hacienda mire a un año y la prevención produzca retornos en diez, la vacunación seguirá compitiendo en desventaja en cada ciclo presupuestario.
Medir lo que no ocurre
La forma de avanzar pasa, en gran medida, por medir mejor. La prevención tiene la dificultad de que su éxito reside en que las cosas no ocurran. Antonio J. García situó el debate en los límites de la evaluación actual. Defendió que las vacunas deben analizarse con criterios de coste-efectividad y coste-utilidad, pero no solo desde una perspectiva sanitaria. “La doble base sería la social, que es la que no se tiene en cuenta nunca”, señaló. El AVAC sigue como referencia, aunque puede quedarse corto si no incorpora cuidados, productividad, dependencia, funcionalidad y calidad de vida.
También pidió superar modelos demasiado estáticos. “Deben emplearse modelos dinámicos de transmisión cuando la evidencia y los datos lo permitan, o análisis de escenarios poblacionales cuando el modelo dinámico no sea viable”. Su argumento fue que la enfermedad, la población y los recursos cambian con el tiempo, por lo que la evaluación debe incorporar modelos dinámicos, horizontes más largos y seguimiento en vida real. En vacunas, añadió, “habría que hacerlo a lo largo de toda la vida”.
El profesor de la Universidad de Málaga vinculó esa carencia metodológica con los datos y la equidad. Recordó que las bases de datos no siempre permiten seguir bien el impacto real de una infección, sobre todo cuando aparece asociada a descompensaciones o a diagnósticos secundarios. Y advirtió de que las decisiones tomadas a nivel central no llegan siempre igual a todos los territorios. “Ahí sí vamos a tener problemas de equidad y de acceso”. Para medir bien lo que las vacunas aportan, Antonio J. García señaló a Canadá como el país que mejor desarrolló sus guías de evaluación, con un horizonte temporal dinámico, una perspectiva social incorporada y la posibilidad de que tanto el ámbito federal como el regional elaboren informes.
Ana Hernando reforzó esa idea desde la perspectiva del valor socioeconómico. Recordó la necesidad de medir la cadena de acontecimientos que no llegan a producirse gracias a la vacunación. El reto, subrayó, es que el sistema mide lo que ocurre y no lo que se evita en sentido amplio. Esa cadena de no eventos es una parte esencial del valor de las vacunas.
Jaime Jesús Pérez trasladó el debate a los datos y a la vigilancia, y explicó que en la vacunación infantil los resultados fueron históricamente más visibles, mientras que en adultos el efecto puede ser más difícil de percibir si no existen sistemas capaces de medirlo. España avanzó en vigilancia de virus respiratorios, con el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda que coordina el Instituto de Salud Carlos III (SiVIRA), pero todavía necesita registros más completos, datos homogéneos y capacidad para comparar resultados entre personas vacunadas y no vacunadas.
Estefanía García coincidió en la necesidad de mejorar registros y sistemas de información y aludió al desarrollo legislativo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN), llamado a centralizar las vacunas administradas en España, tanto en la sanidad pública como en la privada. Sin datos comparables, es difícil medir coberturas, evaluar resultados en vida real, detectar inequidades y justificar nuevas decisiones. La evaluación económica necesita datos robustos, pero la política pública también los requiere para saber si una recomendación llega a la población que debe recibirla.
Sabina Camacho añadió una advertencia necesaria. Medir mejor no debe reducir a las personas a cifras, sino permitir que la fragilidad, la dependencia, los cuidados familiares y la pérdida de autonomía entren en la decisión.
Preparar al sistema para la innovación vacunal
El calendario para toda la vida deberá demostrarse ahora en la práctica, con capacidad para llegar al adulto, reducir desigualdades y absorber la innovación vacunal que viene.
Estefanía García situó ahí uno de los cambios pendientes. Tras años de campañas vinculadas sobre todo a gripe, covid o virus respiratorios, defendió la necesidad de “pasar a una captación activa” y de “aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario” para revisar y recomendar las vacunas indicadas. Esa evolución requiere herramientas digitales, alertas en la historia clínica, mejores registros y una coordinación que no se limite a atención primaria, hospitales, residencias, instituciones y salud laboral.
La representante del Ministerio insistió en la necesidad de exigir a las coberturas del adulto una medición más exhaustiva, similar a la que ya existe en pediatría. Sin esa información, la recomendación puede quedarse en el calendario sin traducirse en protección real.
Jaime Jesús Pérez advirtió de que las diferencias territoriales son más relevantes en vacunación adulta que en la infantil. Aunque existe un calendario común del Consejo Interterritorial del SNS, las comunidades pueden mostrar distintas prioridades, capacidades y ritmos de aplicación. En este ámbito, señaló, “tal vez haya más diferencias en España”. La menor alfabetización sanitaria reduce la vacunación, y esa menor vacunación puede empeorar la salud y aumentar el desfavorecimiento. Pérez lo definió como “un círculo vicioso”.
Sabina Camacho recordó que no se trata solo de organizar programas, sino de hablar con claridad a quienes deben recibirlos. Reclamó “un lenguaje claro y accesible” y reforzó el papel de médicos, enfermeras y farmacéuticos como figuras de confianza. También pidió avanzar hacia una verdadera integración sociosanitaria, porque “la persona es una” y no puede evaluarse por partes.
El reto organizativo coincide con la llegada de nuevas vacunas. Diego Suárez defendió que la industria puede aportar datos robustos y actuar como socio estratégico, siempre con independencia de los decisores públicos. Su mensaje fue que no basta con disponer de innovación, sino que hace falta capacidad real para evaluarla, financiarla e incorporarla sin aumentar desigualdades.
Ana Hernando completó esa idea al recordar que el valor de las vacunas no se agota en el episodio clínico evitado. La innovación que llega, fundamentalmente centrada en el adulto mayor o personas con factores de riesgo, deberá evaluarse también por su impacto en discapacidad, continuidad de tratamientos, cuidados de larga duración y pérdida de calidad de vida. Y cerró con un reto de fondo: si el adulto se convierte en el nuevo gran territorio de la vacunación, España no puede permitirse que la protección dependa del territorio en el que vives, del nivel educativo, de la capacidad de pedir cita o de la percepción del riesgo individual. Según ella, vacunar a los mayores no es solo una decisión sanitaria, es una decisión sobre qué sociedad queremos ser.
Lilisbeth Perestelo: 
