La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha expresado su "profundo pesar" ante la decisión adoptada el pasado día 15 por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM). El órgano ministerial resolvió no incluir en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) los fármacos lecanemab y donanemab, indicados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial. Esta medida limita el acceso a estos medicamentos a la prescripción en el ámbito privado.
La sociedad científica recordó que ambos fármacos disponen de la aprobación para su comercialización en la Unión Europea, tras la evaluación de su eficacia y seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Los especialistas señalaron que otras agencias regulatorias avalan este balance positivo y que, en Estados Unidos, estos tratamientos se encuentran disponibles desde hace unos tres años, con datos que avalan la seguridad y satisfacción en la práctica clínica habitual.
A través de su presidente, Jesús Porta-Etessam, y la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias, Raquel Sánchez-Valle, la organización advirtió de que la resolución tiene importantes implicaciones clínicas, éticas y sociales. En este sentido, afirmaron que "se deniega un tratamiento que cuenta con el aval de la EMA a personas que podrían experimentar un retraso en la evolución de la enfermedad".
Barreras en el acceso
Los neurólogos sostienen que la restricción de estos fármacos a la medicina privada introduce una barrera económica que afecta a los principios del sistema público. Según manifestaron, esta decisión "vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), creando diferencias inaceptables según la capacidad económica de los pacientes y sus familias y rompe los principios de universalidad y cohesión". Asimismo, la sociedad científica apuntó que la medida situará a los profesionales sanitarios ante un dilema ético respecto a las recomendaciones que deben trasladar a los pacientes que podrían beneficiarse de las terapias.
Recientemente, el Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN publicó un documento de consenso para el uso apropiado de estas terapias en la práctica asistencial en España. Los especialistas defendieron que la incorporación ordenada de estos fármacos impulsaría la mejora de los circuitos diagnósticos y de las redes asistenciales especializadas, un beneficio que se extendería a todos los pacientes con deterioro cognitivo.
Por todo ello, la sociedad médica solicitó a los representantes de la CIPM que reconsideren la resolución. La organización mostró su disposición para colaborar con las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes con el fin de definir circuitos asistenciales que resulten seguros, eficientes y sostenibles en el tiempo.
Lilisbeth Perestelo: 
