Puig-Junoy cuestiona el ahorro adicional del MFN y advierte de efectos sobre Europa

La política de Nación Más Favorecida (MFN) impulsada por Estados Unidos no ha demostrado que consiga reducciones de precios superiores a las obtenidas mediante los mecanismos de negociación de Medicare, y sus programas de referencia han quedado muy lejos de los ahorros que se les atribuían inicialmente. Esta es una de las principales conclusiones planteadas por el economista Jaume Puig-Junoy, quien advirtió de que los acuerdos confidenciales entre la Administración estadounidense y las compañías farmacéuticas están reduciendo el alcance de los programas de referencia internacional de precios, mientras introducen nuevas presiones sobre los mercados europeos.

El economista expuso estas consideraciones el pasado 4 de noviembre, durante la presentación en Funcas de su libro “Irrupción de la geopolítica en la política sanitaria: ‘política nación más favorecida’ en Estados Unidos y precios de referencia internacionales”. El encuentro, presentado por Félix Lobo, permitió actualizar los acontecimientos hasta el 31 de octubre y abrió un debate en el que participó, entre otros, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Puig-Junoy apenas se detuvo en los programas específicos del MFN, pero utilizó GLOBE como ejemplo de hasta qué punto se han vaciado de contenido. Como ya informó Diariofarma hace unas semanas, la estimación oficial de ahorro neto de este modelo pasó de los 11.900 millones de dólares inicialmente calculados a unos 440 millones en su versión definitiva.

Durante la presentación, el economista relacionó esa reducción con el alcance de las exclusiones y los acuerdos alcanzados con los fabricantes. Según indicó, GLOBE ha quedado limitado a cuatro compañías, circunstancia que reduce considerablemente su capacidad de generar ahorros.

Pero su principal argumento económico fue más allá de la revisión de las previsiones. Puig-Junoy cuestionó cuánto ahorro podría atribuirse realmente al MFN cuando Estados Unidos ya dispone de instrumentos de negociación de precios mediante la Inflation Reduction Act (IRA).

En este sentido, señaló que “no está muy claro que las reducciones de precio que consiga MFN sean superiores” a las obtenidas mediante la negociación. El economista citó estudios recientes publicados en JAMA y The Lancet que, según explicó, ofrecen estimaciones de reducciones de precios bajo el sistema de negociación de Medicare que en algunos casos superan las calculadas para el MFN.

Ambos instrumentos, recordó, no son excluyentes. La negociación establecida mediante la IRA continúa vigente y las nuevas medidas se superponen al sistema existente. Por ello, consideró que “el efecto adicional del MFN es cuestionable”.

Puig-Junoy también planteó que la referencia internacional podría tener consecuencias contraproducentes a medio plazo. Si Estados Unidos se consolida como país de entrada de los nuevos medicamentos, y con precios altos, la medida podría volverse en su contra y llevarle a acabar pagando más por los fármacos futuros. No obstante, presentó esta posibilidad como una hipótesis económica que todavía no puede contrastarse.

Los acuerdos confidenciales y sus cláusulas

Los acuerdos voluntarios constituyen, a juicio de Puig-Junoy, el instrumento principal de la política estadounidense. Su extensión a 26 compañías, que representan el 89% del mercado estadounidense de medicamentos de marca ya había sido recogida por Diariofarma. La actualización aportada por el economista se centró en las consecuencias de estos pactos y en la limitada información disponible sobre su contenido.

Aunque las empresas y la Administración estadounidense han difundido comunicaciones generales sobre los compromisos alcanzados, las condiciones contractuales completas permanecen ocultas. Puig-Junoy recordó que “no conocemos los términos de los acuerdos” y explicó que Public Citizen había conseguido hacer públicos parcialmente los de Pfizer y Eli Lilly, aunque determinados apartados continúan censurados. Entre los elementos conocidos destacó una cláusula del acuerdo de Pfizer que contempla la devolución al Gobierno estadounidense de un porcentaje de determinados incrementos de ingresos obtenidos por la compañía en Europa.

Puig-Junoy precisó que se desconoce tanto el porcentaje de devolución como el procedimiento para calcular esos mayores ingresos. Tampoco quiso extender la conclusión al resto de pactos: “Yo no puedo decir que los demás tengan la misma cláusula, no lo sé”.

La relevancia de este mecanismo reside en sus posibles consecuencias sobre las negociaciones europeas. Si una empresa obtiene mayores ingresos como resultado de incrementos de precios en Europa y debe transferir una parte de esos ingresos a Estados Unidos, el beneficio económico de la subida no quedaría íntegramente en la compañía.

En ese contexto, Puig-Junoy advirtió de que mayores precios europeos no garantizan más inversión industrial o investigadora en el continente. “Pagar más por los medicamentos no es garantía de que haya más I+D y más producción en tu país”, afirmó. Al referirse específicamente al acuerdo de Pfizer, sintetizó una de sus posibles consecuencias: “De lo que pague más Europa, una parte irá a Estados Unidos”.

El economista también señaló una dificultad para aplicar el sistema estadounidense de referencias internacionales: los precios netos de los medicamentos no suelen ser públicos. Explicó que se han planteado mecanismos de auditoría y requerimientos de información a las compañías, bajo la amenaza de represalias arancelarias, aunque indicó que no conocía una implantación pública de esos procedimientos.

Se refirió también a la confidencialidad de los precios por ley adoptada por España como respuesta defensiva, y recordó que Alemania la tiene desde 2025. A su juicio, no es sinónimo de corrupción, porque la obligación recae sobre la industria y no impide que el sector público mantenga sus propios mecanismos de control.

A esta presión sobre los precios se añade la dimensión comercial. Puig-Junoy recordó la investigación iniciada por Estados Unidos sobre las políticas farmacéuticas alemanas mediante la Sección 301, y sostuvo que España también figura entre los países cuyas prácticas han sido señaladas como susceptibles de revisión.

No obstante, distinguió el expediente ya abierto sobre Alemania de la posibilidad de iniciar actuaciones contra España, que presentó como un riesgo potencial.

Félix Lobo añadió que la Sección 301 “permite efectuar represalias comerciales en otros sectores”, lo que amplía las posibles consecuencias de estos conflictos más allá del mercado farmacéutico.

¿Se aprovecha Europa de EEUU?

El intercambio con George Siotis, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, permitió profundizar en las limitaciones de las comparaciones internacionales de precios utilizadas para justificar el MFN. Siotis señaló que la distancia entre Estados Unidos y Europa cambia sustancialmente cuando se tiene en cuenta la composición del mercado farmacéutico. Los medicamentos innovadores protegidos pueden tener precios superiores en Estados Unidos, mientras que los genéricos presentan una situación diferente, con precios relativamente más elevados en numerosos mercados europeos.

El economista sostuvo que una comparación que incorpore el peso de los genéricos y sus precios ofrece resultados muy distintos de los obtenidos al considerar exclusivamente determinados medicamentos de marca. Según explicó, algunos análisis, como un trabajo de la Universidad de Chicago, concluyen incluso que en ciertos países europeos se paga más que en Estados Unidos. En su opinión, frente a la tesis de que Europa se beneficia de la inversión norteamericana en I+D sin realizar una contribución proporcional, “la evidencia es limitada”.

Puig-Junoy coincidió con esta observación y añadió un segundo elemento: la evolución del precio durante toda la vida comercial del medicamento. “Europa debería preguntarse por qué está pagando bastante más por los genéricos”, señaló, antes de destacar las diferencias en las condiciones de competencia.

En Estados Unidos, explicó, existe una competencia terapéutica que puede reducir los precios de los productos de marca antes de que finalice su periodo de protección. La aparición de medicamentos de una misma clase terapéutica, aunque aporten mejoras clínicas limitadas, puede provocar una erosión de precios que no se observa con la misma intensidad en determinados mercados europeos. Por ello, insistió en que las comparaciones no deberían limitarse al momento del lanzamiento. “Es el precio a lo largo del ciclo de vida de un producto”, subrayó.

También recordó que los precios públicos estadounidenses pueden diferir considerablemente de los netos después de descuentos y acuerdos comerciales. De ahí que ambos cuestionaran las interpretaciones que equiparan automáticamente una diferencia de precios con una mayor contribución estadounidense a la financiación de la investigación mundial.

Puig-Junoy insistió en que esta contribución depende también del volumen de ventas, la utilización, las indicaciones financiadas y el acceso. La comparación de precios unitarios, por sí sola, no permite demostrar que Europa se esté beneficiando injustificadamente de la inversión estadounidense en I+D.

Acuerdos industriales específicos frente a las deslocalizaciones

La respuesta industrial europea fue el eje de la intervención de Enrique Castellón, quien preguntó qué instrumentos permitirían preservar la producción farmacéutica y la I+D en Europa ante los incentivos estadounidenses para atraer instalaciones productivas. Puig-Junoy defendió que la Unión Europea debería explorar acuerdos directos con las grandes compañías farmacéuticas que combinen compromisos industriales y sanitarios.

Según explicó, la Administración estadounidense ha negociado acuerdos que vinculan concesiones comerciales y condiciones de precios con compromisos de inversión. En los pactos sobre los que existe información, destacó especialmente las obligaciones de inversión en capacidad productiva estadounidense.

Frente a ese modelo, planteó que Europa debería negociar de forma explícita los objetivos industriales que pretende conseguir, en lugar de confiar en que un aumento del precio de los medicamentos provoque por sí mismo nuevas inversiones. “¿Europa ha hecho algo parecido? ¿Por qué Europa no ha llamado a los CEOs de las grandes compañías farmacéuticas?”, se preguntó Puig-Junoy, quien defendió la necesidad de alcanzar acuerdos que combinen política industrial y sanitaria con compromisos específicos.

El economista advirtió, no obstante, de que esa política industrial tendrá un coste. “Europa tendrá que pagar por esto, no tengo ninguna duda”, afirmó. Su condición es que los costes asociados a objetivos industriales no reduzcan los recursos disponibles para la atención sanitaria, para lo que propuso una línea de financiación específica, separada del presupuesto sanitario. También lamentó que, pese a las medidas legislativas y actuaciones emprendidas, “no hay una acción decidida de política industrial coordinada” en el ámbito farmacéutico europeo.

En el coloquio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, vinculó esta idea con la propuesta que España ha llevado al Consejo EPSCO para medir por separado el coste de la promoción industrial dentro del gasto farmacéutico, como recoge Diariofarma.

Para Puig-Junoy, la principal respuesta europea pasa por coordinar la demanda. No se trata, precisó, de una compra única ni de un precio único europeo, sino de agregar el poder de compra de los grandes mercados, con fórmulas como la toolbox propuesta por nuestro país en la Biotech Act o experiencias como Beneluxa, en lugar de afrontar las presiones de Estados Unidos país a país y “de forma bilateral”.

La productividad de la I+D importa más que su volumen

La última cuestión abordada surgió de una pregunta de Pedro Luis Sánchez, director de Estudios de Farmaindustria, sobre las posibles consecuencias del MFN en la inversión mundial en investigación y en el tipo de innovación que podría desarrollarse. Puig-Junoy respondió que, más allá de los cambios en el volumen de recursos destinados a I+D, el elemento determinante debería ser su productividad. “Lo que me preocupa es cuál es la eficiencia de esta I+D”, afirmó.

En este contexto destacó el crecimiento de China como competidor en investigación farmacéutica y señaló que algunas compañías españolas ya subcontratan allí determinadas actividades de I+D por razones de eficiencia. También cuestionó que un mayor gasto investigador implique necesariamente mejores resultados. Como ejemplo, citó los elevados costes asociados a proyectos que llegan a fases avanzadas de desarrollo y finalmente fracasan.

Para el economista, los sistemas sanitarios pueden orientar la investigación mediante las señales que transmiten sus decisiones de financiación. En este sentido, defendió que “si pagamos por aquello que aporta más valor” se pueden transmitir señales que orienten los esfuerzos investigadores hacia los productos con mayor beneficio clínico.

Puig-Junoy incluso planteó que una reducción del volumen total de I+D no tendría por qué ser negativa si se concentrara en actividades menos eficientes y permitiera mejorar los resultados obtenidos. “No tiene por qué ser necesariamente malo”, afirmó, aunque precisó que no era una idea suya, sino de varios economistas de la salud.

El criterio, defendió, debería ser qué medicamentos llegan finalmente al mercado y qué valor terapéutico añadido aportan a los pacientes, y no únicamente cuánto se ha invertido en su desarrollo.