En un acto que congregó a la plana mayor del Partido Popular en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes el programa electoral con el que concurre a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La cita sirvió para escenificar el tono pragmático que la formación quiere imprimir a su campaña, huyendo de promesas grandilocuentes y reivindicando la gestión técnica.
La vicesecretaria y coordinadora del documento, Alma Ezcurra, fue la encargada de abrir la exposición de este texto de 82 páginas y 249 medidas con una advertencia dirigida tanto a los suyos como al electorado: «El programa no tiene unicornios, dice la verdad. Se explican los problemas, se asume el coste de oportunidades y se recoge lo que podemos hacer. Queremos que se nos juzgue por lo que finalmente hagamos». En esa misma línea, Ezcurra incidió en que la propuesta rehúye la confrontación nominal para centrarse en los resultados: «Pedro Sánchez no aparece en todo el programa electoral. Vamos a echar a quien ha abusado del poder, eso lo aseguro; pero vamos a impedir que lo que ha pasado en España en los últimos años vuelva a suceder jamás».
En su intervención, Feijóo recogió ese testigo para reivindicar un proyecto de reconstrucción nacional pensado para gobernar desde el primer minuto, cuya medida inaugural contempla una auditoría exhaustiva de todo el gasto público, la Administración, los organismos y las empresas del Estado en sus primeros 100 días de mandato. Sus conclusiones, según confirmó el líder popular, servirán de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado en la primavera de 2027. «No está escrito para impresionar por su volumen, está pensado para gobernar con prioridades claras y para rendir cuentas después de hacerlo».
En el terreno sanitario y farmacéutico, ese planteamiento se traduce en una hoja de ruta orientada a revisar los procedimientos administrativos y los tiempos de incorporación de la innovación biomédica en el Sistema Nacional de Salud (SNS). La propuesta 224, ubicada en la página 70 del programa electoral, plantea de forma explícita la creación de un Fondo Estatal de Innovación en Enfermedades Raras y Terapias Avanzadas. Con este instrumento específico, la formación busca ofrecer una solución a la creciente presión presupuestaria y asistencial que las terapias celulares, génicas y los medicamentos huérfanos generan en los servicios de farmacia y en los hospitales de alta complejidad.
El compromiso se articula dentro de una evolución conceptual que los populares plasman bajo la fórmula de Investigación, Desarrollo, Innovación y Acceso (I+D+i+A). Mediante este enfoque, el programa asume que la inversión en ciencia y desarrollo biotecnológico queda incompleta si no garantiza la llegada efectiva y en tiempo de los tratamientos a los pacientes que los precisan. En consecuencia, la propuesta 224 recoge el compromiso de agilizar la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y acortar los plazos de resolución administrativa sobre precio y financiación pública de los nuevos fármacos, tomando como baremo de referencia temporal a los países del entorno europeo para acelerar la introducción de la innovación en la prestación pública.
La iniciativa programática sitúa el respaldo a los tratamientos de baja prevalencia y la aceleración de la evaluación en el centro de las prioridades del medicamento, si bien deja abierto el diseño operativo con el que se articulará este fondo. El texto no precisa si la herramienta funcionará mediante una partida estatal de adquisición directa, si adoptará la estructura de un mecanismo de cofinanciación con las administraciones autonómicas o si se canalizará a través de modelos de acceso temprano y esquemas de pago vinculados a resultados en salud. Tampoco delimita qué criterios clínicos de selección determinarán qué innovaciones se integran en este circuito preferente ni cómo se coordinará con los mecanismos ordinarios de financiación regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2015.
Compra pública y medicamentos esenciales
Junto a los mecanismos de acceso a la innovación, el programa electoral despliega en su vertiente económica e industrial una serie de compromisos específicos orientados a la seguridad de suministro. La propuesta 193, situada en la página 63, plantea identificar las dependencias de principios activos y productos sanitarios críticos, establecer reservas estratégicas de medicamentos cuando estén justificadas y atraer la fabricación de medicamentos esenciales a España. Para sostener esta producción nacional, los populares proponen incorporar de forma expresa la resiliencia y la seguridad del abastecimiento como criterio cualitativo en la contratación pública hospitalaria, en consonancia con los principios comunitarios de la Critical Medicines Act.
Este despliegue productivo enlaza en el capítulo de productividad con medidas de estímulo empresarial. La propuesta 191 incluye a la biotecnología entre los sectores que podrán beneficiarse de zonas de innovación estratégica con un régimen fiscal favorable durante siete años, mientras que la medida 192 fija una tramitación administrativa prioritaria para proyectos industriales que generen al menos 100 puestos de trabajo. A ello se suma la propuesta 245, que sitúa la diversificación de proveedores internacionales de materias primas y principios activos farmacéuticos dentro de los objetivos de la política exterior comercial.
En el plano regulatorio general, este catálogo de medidas se presenta en un momento en que el marco normativo de la política farmacéutica se encuentra en plena fase de reorganización técnica y legislativa. El Real Decreto 415/2026 de evaluación de tecnologías sanitarias permanece en vigor desde el pasado 18 de junio, estructurando la separación entre la evaluación clínica, la evaluación no clínica, la adopción y la financiación. A su vez, el Congreso de los Diputados tramita el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios remitido por el Ejecutivo el 24 de julio de 2026, mientras que el Ministerio de Sanidad completó en verano el trámite de audiencia pública del futuro real decreto sobre procedimientos de financiación y fijación de precios.
El programa presentado por Núñez Feijóo no entra a detallar qué decisiones adoptaría respecto a este paquete regulatorio en marcha ni especifica si un eventual Gobierno del Partido Popular mantendrá el funcionamiento de las Oficinas de Evaluación y los Grupos de Adopción, o si planteará reformas en las competencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Asimismo, el texto no fija plazos máximos cuantitativos ni objetivos temporales tasados para emitir las resoluciones de precio y reembolso de estas terapias avanzadas y medicamentos para patologías poco frecuentes.
Pacto de Estado y cohesión territorial
La articulación de estas medidas farmacéuticas e industriales se integra dentro de una propuesta institucional más amplia para la gobernanza sanitaria. En la propuesta 219, el Partido Popular descarta recentralizar la gestión de la asistencia y propone articular un Pacto de Estado por la Sanidad Pública junto a las comunidades autónomas, acompañado de un plan urgente para reducir las listas de espera. En el terreno financiero, la propuesta 100 vincula la suficiencia del sistema a la reforma multilateral de la financiación territorial en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante un fondo transitorio de nivelación, aunque sin fijar un porcentaje de gasto público sanitario ni blindar su carácter finalista.
Para afianzar la cohesión asistencial entre los distintos servicios autonómicos de salud, la propuesta 93 defiende la implantación de una tarjeta y un historial sanitario y social único interoperable en todo el territorio nacional. Esta medida se complementa con el refuerzo de la Alta Inspección del Estado, recogido en la propuesta 92, para garantizar el acceso equitativo a las prestaciones sanitarias comunes y evitar desigualdades interterritoriales en la incorporación de las innovaciones terapéuticas.
El texto electoral incorpora asimismo en la propuesta 221 la garantía de participación de las organizaciones de pacientes en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias, mientras que la propuesta 224 ratifica la defensa explícita del modelo territorial de farmacia comunitaria. No obstante, el redactado final no desarrolla iniciativas concretas sobre la viabilidad económica de la farmacia rural, la remuneración de servicios profesionales ni la revisión de precios de los medicamentos maduros y genéricos, dejando el alcance definitivo de su modelo farmacéutico a expensas de los desarrollos normativos que se articulen tras las elecciones del 29 de noviembre.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 