En el marco de las IX Jornadas Farmacéuticas Canarias se ha celebrado una mesa titulada 'Deontología, Ética, Publicidad y Profesionales Sanitarios', la cual ha sido moderada por el senador popular, Antonio Alarcó, y en la que representantes de la Administración y de las oficinas de farmacia han cuestionado la conveniencia de la prohibición de que las farmacias se publiciten, vigente en algunas autonomías.
El primero en intervenir ha sido Juan Ramón Santana, presidente del COF de Las Palmas, quien ha mostrado su incomprensión por la falta de armonización entre comunidades y por el hecho de que una "una farmacia pueda recibir sanciones administrativas o disciplinarias en unas y en otras no", incluyendo a Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra y Madrid entre las más restrictivas.
En lo que respecta a la situación canaria, ésta fue explicada por Rodolfo Rios, jefe del Servicio de Ordenación Farmacéutica del Servicio Canario de Salud, quien se preguntó "¿de qué se está protegiendo a los canarios que quedan absolutamente desprotegidos en Castilla y León?", calificando la prohibición como "un exceso". De hecho, se llegó a preguntar si la publicidad de las farmacias no sería un caso paradigmático "de los beneficios de la autorregulación". En este sentido, Francisco Corzo, jefe del Servicio de Ordenación Sanitaria de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, reconoció que en estas cuestiones los COF "son aliados, pueden ser nuestros ojos y ayudarnos a vigilar".
En el lado opuesto a Canarias se sitúa precisamente su comunidad autónoma, y Corzo aseguró que "nuestra Ley de Ordenación permite la publicidad de las farmacias desde 2001 y no estamos teniendo problemas". En este sentido, opinó que "si una legislación posibilista no genera problemas, es que debe ser entendida como una ventaja, no como un inconveniente", y puso como ejemplo una oficina de farmacia que ha patrocinado la media maratón de Valladolid, sin que de eso se pueda derivar ninguna complicación.
Las nuevas tecnologías
Además de defender esta legislación posibilista, como él la llama, Corzo incidió en la necesidad de homogeneizar la regulación a nivel nacional, para que no se den esos desequilibrios entre comunidades. Y como propuesta de mejora, también lanzó la necesidad de apuntalar un poco más lo que tiene que ver con la difusión a través de las nuevas tecnologías, aunque aclaró que el Ministerio está trabajando en esa línea.
También intervino en la mesa Rafael Ariño, socio y director de Ariño y Villar Abogados, quien ha llevado el caso de un farmacéutico hasta el Tribunal Constitucional el cual, ha señalado, resolvió en su contra, aludiendo a las competencias de las comunidades que pueden chocar con la libertad que establece la Ley de Servicios Sanitarios.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: