Algunas de las quejas registradas en la oficina del defensor del pueblo, que representa Soledad Becerril, ponen de manifiesto que la normativa sobre copago no garantiza que todas las personas sin ingresos o con rentas muy bajas tengan acceso a los medicamentos que necesitan, según el informe anual de dicha institución.
Entre otros ejemplos, expone los de pacientes crónicos polimedicados ancianos sin pensión ni ingresos propios y otros de personas con grado de discapacidad superior al 65% o sus familiares no exentos de copago. El Defensor razona que “parece necesario disponer de un protocolo para atender con medios públicos situaciones de alto riesgo”.
¿Quién responde?
Ante las dificultades de los ciudadanos para obtener una respuesta por parte de las administraciones públicas, el defensor indica que el problema planteado es consecuencia de la deficiente técnica legislativa del RD 16/2012. En su argumentación retoma un informe de la Abogacía General del Estado según el cual la insuficiente redacción de esa norma deja en el aire la titularidad de la competencia de fijar el porcentaje de aportación de copago y, en consecuencia, la resolución de las reclamaciones que los pacientes puedan plantear.
También aprecia una combinación de esta carencia con “cierta inhibición mostrada por las administraciones”, que tiene como resultado la falta de garantías jurídicas para los ciudadanos en cuanto a quién es responsable de determinar su aportación a la prestación farmacéutica. “Las administraciones sanitarias suelen ceñir su respuesta a la regulación estatal y remitirse a la asignación del tipo de aportación farmacéutica que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social”, reza el documento.
El defensor considera necesario definir con claridad las vías de impugnación disponibles para los ciudadanos y el control jurisdiccional de la actuación administrativa, como ocurre para el resto de prestaciones sociales para ofrecer una mayor protección “a las personas en situación más vulnerable, como las personas con discapacidad, las personas y familias con muy pocos recursos y otros grupos, como los pacientes con enfermedades crónicas o muy graves”.
Interoperabilidad
Sobre la receta electrónica y su interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud, la oficina del defensor indica que ésta ya se encuentra operativa prácticamente en todas partes “al menos en Atención Primaria”. Considera la interoperabilidad en marcha en Canarias, Extremadura y Navarra desde el pasado mes de septiembre, con la previsión de que pronto se sumaran al grupo Castilla La Mancha y Galicia, mientras que Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Valencia, La Rioja y Murcia se encontraban iniciando las pruebas o habían presentado el calendario para su puesta en marcha.
Las “más rezagadas” son Baleares, Cantabria y el País Vasco, indica.
Denegación de visados para NACO y subastas
Un grupo de quejas recopiladas por el defensor hace referencia a la denegación de visado de inspección “aunque se cuente con la debida prescripción a cargo de un facultativo especialista”.
Esta situación se ha planteado en varias ocasiones con relación al grupo de los llamados nuevos medicamentos de anticoagulación oral (NACOS).
“En algunos casos, los servicios de salud autonómicos aplican criterios restrictivos adicionales para autorizar la financiación de estos fármacos”, reza el documento.
Además, se incluye en el informe la denuncia de la Asociación de Farmacéuticos Andaluces (Afarán) sobre la situación de “inequidad” que estarían sufriendo los pacientes andaluces desde la implantación de las subastas de medicamentos. A finales de 2016 la oficina del defensor había recibido la respuesta de la Consejería de Salud, que se encuentra en fase de estudio.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: