La Ley de ‘nueva normalidad’ ha recibido, como cabía prever, el apoyo de la mayoría del pleno del Congreso de los Diputados y finaliza su periplo de nueve meses sin modificaciones de calado en su texto final.
El Proyecto de Ley de medidas urgentes prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, ha pasado por la Cámara como se esperaba y ha recibido 199 votos a favor, 91 en contra y 57 abstenciones. La única novedad cabe reseñarse en el apoyo final que Ciudadanos ha dado a esta norma.
El PSOE ha roto su decisión de no admitir ni una sola enmienda de la oposición y tras incluir la enmienda de Ciudadanos, que pedía la eliminación del visado en la prescripción de la triple terapia para el tratamiento de la EPOC durante la pandemia, ha propiciado el apoyo de la formación naranja al conjunto de la norma.
El resto de enmiendas que ha recibido el texto, son prácticamente técnicas o de adaptación de la norma a la evolución que ha tenido la pandemia durante su tramitación. El cierre a admitir cualquier enmienda dirigida desde la oposición que han mantenido PSOE y Podemos contrasta con el espíritu que manifestó el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien el pasado año se comprometió en el Congreso a tramitar el decreto como ley y a “incorporar sus aportaciones”.
La diferencia entre las palabras y la realidad han llevado a la portavoz popular, la exministra Ana Pastor, a calificar toda la tramitación de “tomadura de pelo”. El PP presentó 45 enmiendas y ni una sola ha sido incluida. “Jamás el Parlamento se ha visto tan ninguneado como en esta legislatura”, ha asegurado Ana Pastor.
La exministra aseguraba que sus enmiendas aportan “lo que el sistema sanitario necesita con urgencia”. Pastor se preguntaba las razones que han podido llevar a decir no a una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial o a un plan nacional de recursos humanos.
Vox, la otra formación que ha visto cómo sus argumentos no calaban en los oídos del resto de los partidos ha calificado el conjunto de la ley de “inadmisible alegato en defensa de la negligente acción del Gobierno”, según Juan Luis Steegmann. Para Vox toda la ley es “un nuevo acto de propaganda política”.
Una situación diferente ofrecía Ciudadanos, que tras mantener una actitud muy beligerante con el Gobierno en torno a esta ley, su diputado Guillermo Díaz indicaba que “no podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista”.
La postura de Ciudadanos coincidía con la de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien indicaba que esta ley “va a permitir avanzar en el control de la pandemia”.
Desde los dos grupos que sostienen al Gobierno también se hacían las lecturas positivas pertinentes. Laura Márquez, de Podemos, agradecía la extensión de los contratos de investigación temporales, para aquellos que estudian la pandemia, pero por el tiempo que dure la misma; mientras que desde el PSOE se centraban más en atacar al PP indicando que “sus enmiendas estaban muy lejos de la naturaleza de la norma”, según Carmen Añón.
La norma aprobada mantiene las cuestiones básicas que emanan del decreto general aprobado en junio del año pasado y se centran en el mantenimiento de la normas de seguridad personal (uso de la mascarilla), tal y como están actualmente diseñadas.
Igualmente incluye la obligación de los fabricantes de productos relacionados con la pandemia de comunicar los lotes y las entregas con una semana de adelanto, así como su stock disponible. La obligación de las Comunidades de contar con una disposición de contar con el personal cualificado suficiente para hacer frente a cualquier pandemia; el control de la enfermedad y la vigilancia epidemiológica necesaria y el establecimiento a nivel nacional de un fondo de reserva de material necesario para atender las pandemias.