La Ley de Ciencia sale sin votos en contra de la Cámara Baja

El Congreso de los Diputados ha aprobado, sin votos en contra, el proyecto de ley por el que se reforma la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ahora será remitido al Senado para completar su tramitación.

Se trata de una reforma incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación de España “para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento, así como para reducir las cargas administrativas”, según explica el Gobierno.

El proyecto de ley garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

Durante su defensa, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que esta norma “da impulso a la ciencia y la innovación en nuestro país conectando nuestro sistema con Europa y con el mundo”. Morant también ha señalado que el proyecto de ley, que está dirigido a “resolver los fallos del sistema de I+D+I”, ha sido “debatido y consensuado “con las organizaciones científicas y empresariales más representativas, así como con los grupos políticos. El texto recoge más de 100 enmiendas presentadas por los grupos, con aportaciones que han sido pactadas con 11 partidos políticos.

Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, el texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I.

Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Asimismo, el texto aprobado en el Congreso establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo.

En concreto, la norma diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3.

Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.

La norma también recoge medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él.

Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.

El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

Por su parte, se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.

Otro de los ejes del proyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.

La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

Otros mecanismos incluidos en el texto son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.

La norma aprobada en el Congreso también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.