La ley del aborto pasa el trámite del Congreso

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley del aborto de 2010 con la nueva y ampliada legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La ley llega una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara íntegramente el sistema de plazos de la ley de Zapatero, después de una tardanza de 13 años en resolver el recurso presentado por el Partido Popular.

En números, la reforma del aborto ha logrado un respaldo importante en la Cámara, donde ha contado con 185 votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, o Compromís, entre otros. En contra han votado en contra 154 diputados, los del PP, Vox, Ciudadanos o Navarra Suma. Además se han registrado 3 abstenciones.

El debate ha tenido como primera protagonista a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha señalado que con la ley del aborto “va a haber resistencia a la aplicación de la ley, igual que habrá a todas las leyes feministas”. Una alusión inesperada a la ley del 'si es si', que actualmente está marcando el desgaste de la ministra en particular, y del Gobierno en general, debido a las excarcelaciones y reducciones de condena que está provocando a agresores sexuales, que ya superan el medio millar.

La ministra ha asegurado que “toca trabajar mucho con las comunidades autónomas, los centros sanitarios o las administraciones competentes para que haya personal suficiente para practicar los abortos o permitir la educación sexual en todas las escuelas y ser capaces de cumplir la ley a pesar de las resistencias”.

“Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, ser libres y ser felices”, han sido las palabras con las que Montero ha calificado la ley.

Desde el PSOE, lejos de alentar las desavenencias con su socio de Gobierno, ha utilizado el deba para cargar contra el PP. “señores del PP, no engañan a nadie porque han tenido recurrida la ley del aborto 13 años”, ha criticado la socialista Laura Berja, quien ha acusado al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de mantener una “impostura electoralista”. No ha sido la banda izquierda el único lugar desde donde el PP ha recibido fuego. A su derecha, Vox le ha acusado de sometimiento a la izquierda y le ha recordado su responsabilidad en haber derogado la ley de 2010. Lourdes Méndez ha asegurado que Feijóo “consuma su traición”.

El PP, entre dos fuegos, ha rechazado el proyecto de ley centrando sus críticas en su oposición a que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de sus padres o que la nueva normativa vaya a eliminar la obligatoriedad de entregar información a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo. Marta González ha aprovechado para pedir la dimisión de la ministra.

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La nueva ley establece el sistema de garantías para que los abortos se puedan practicar en la sanidad pública y obliga que exista personal disponible para hacerlo en todos los hospitales. En los últimos 5 años, hasta 12 provincias no han informado de la realización de un solo aborto en sus centros públicos. Además, siguiendo el camino de la ley de eutanasia hace una regulación de la objeción de conciencia de los sanitarios. Los objetores lo serán tanto para la sanidad pública como para la privada.

Igualmente, se consagra que las menores de edad de 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres, recuperando la ley de plazos aprobada por Zapatero en 2010 y que el PP cambió en 2015.

Se eliminan los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar para reafirmarse en su decisión y, en consecuencia se suprime su incumplimiento como delito en el Código Penal.

Se excluye a los médicos inscritos en el censo de objetores de los comités clínicos que analizan si una mujer puede abortar más allá de la semana 22, y además, la opinión de estos comités ya no será la definitiva.

Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva, que ahora se puede adquirir en farmacia a un precio en torno a los 20 euros.

La ley regula por primera vez en un país europeo el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral. Se incluirá en el catálogo de causas que generan incapacidad temporal. Estará financiada íntegramente desde el primer día por el Estado, y no por la empresa. Además, no se exigirá a la trabajadora ningún número mínimo de días cotizados a la Seguridad Social para acceder a esta baja.

Igualmente se crea una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Se estipula que la gestación subrogada, llamada coloquialmente "vientre de alquiler", es una forma de "violencia" contra las mujeres. En España esta seguirá siendo una actividad prohibida.

Finamente, en la educación sexual será integral en las principales etapas educativas. Se repartirán de forma gratuita métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual. Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica y se formará en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.