Política

Clamor contra el ‘destrozo’ que provocaría en España el acuerdo fiscal de PSOE y ERC

Comunidades y expertos auguran el deterioro de las prestaciones en los servicios básicos, incluida la sanidad, si este acuerdo se llega a materializar
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès

A falta de que el propio PSOE, y especialmente el Ministerio de Hacienda lo confirmen, el acuerdo de gobernabilidad para Cataluña ha levantado un auténtico clamor en todo el territorio nacional, que no se circunscribe exclusivamente  a la oposición política, sino que llega también sectores que ven que la articulación del denominado por ERC ‘concierto económico solitario’ un auténtico “destrozo” al sistema de financiación español.

Hasta el momento, las manifestaciones carecen de estimaciones concretas sobre el alcance de ese denominado 'destrozo', solamente desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) se ha hecho una estimación del coste que tendría el Estado: Un agujero de 30.000 millones de euros, “que afectaría al resto de CC.AA. que deberían ofrecer peores servicios básicos”, especialmente en un ámbito clave como es la Sanidad.

El acuerdo que ha presentado ERC para apoyar la investidura de Illa y que aún tiene que presentar a sus bases para refrendar ese apoyo antes del día 26 de agosto (si no, se volverían a hacer elecciones en Cataluña) se basa en cuatro principios: en primer lugar se trata “de una gran salto de soberanía”, basado en un ‘concierto económico solidario’, competencia exclusiva del catalán (una medida a realizar una política lingüística que propicie el uso de esta lengua, actualmente en retroceso, especialmente en los jóvenes) y la creación de un consorcio que “garantice las inversiones del Gobierno en Cataluña.  

Desde el Gobierno de España se ha calificado el acuerdo como "un triunfo del diálogo". Al término del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría ha asegurado la "satisfacción del Gobierno" por este pacto que previsiblemente garantizará la investidura de Salvador Illa, gracias al apoyo de los independentistas. Las manifestaciones de Alegría chocan con la única referencia previa que se tenía sobre la postura del Gobierno. María Jesús Montero hace un par de semanas negaba la posibilidad de tal acuerdo. Ahora es el "triunfo" de la "política útil", según alegría, quien en su intervención ha evitado aportar más detalles

Por el contrario desde otros sectores, la respuesta ha sido contundente y directa. Desde la Asociación profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) el acuerdo de, que hasta el momento solamente ERC ha dicho que estuviera pactado implica “reventar” la solidaridad fiscal. Esta asociación califica la cesión de “barbarie”.

“El pacto anunciado es de carácter político, con medidas que no ayudan a las empresas, ni a la economía, y que solo suponen fuentes de exclusión o conflicto”, afirma Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya (EC). “Romper el principio de solidaridad entre españoles es perjudicial para Cataluña”, atizaba.

En el plano autonómico no solo las trece CC.AA. gobernadas por el PP han salido en tromba a criticar la medida. El socialistas y presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, además de criticar el silencia del Gobierno, manifestaba que este es “es un grave atentado a la igualdad”, su compañero de partido y expresidente de Aragón, Javier Lambán aseguraba en redes de “como demócrata y como español” me resulta inadmisible. Desde la oposición autonómica, los líderes socialistas extremeños y andaluces han demandado que cualquier acuerdo en Cataluña no rompa el principio de igualdad entre españoles. También desde otras formaciones como Compromis o el CHA aragonés se han realizado manifestaciones para rechazar cualquier sistema que no compense a sus respectivos territorios.

En esta ocasión las respuestas autonómicas de socialistas y populares han sido muy parejas. Si el PSOE cuestiona el pacto, el PP anuncia “medidas judiciales” (López Miras, Murcia); Moreno asegura que Andalucía “responderá” a la ‘independencia fiscal de Cataluña”, desde La Rioja Caspellán llama a “no permitir el chantaje político” y Madrid califica de “ilegal” el acuerdo.

Solamente desde País Vasco, el lehendakari Padrales ha manifestado que el acuerdo “es bueno desde el punto de vista de Cataluña”, aunque ha precisado que “es necesario conocer los términos del acuerdo”.

Mejor financiación

Aunque diversos informes cuestionan que los problemas financieros de Cataluña, especialmente de la sanidad, procedan de un régimen fiscal injusto, como es el caso del recientemente publicado por FEDEA, lo cierto es que desde ERC se insiste que el acuerdo está busca la cesión impositiva para conseguir una mejor gestión de los diversos servicios públicos.

En el plano sanitario, a pesar de las últimas actuaciones llevadas a cabo en el ámbito sanitario, que solo pueden recibir el calificativo de ‘recortes’; ERC aspira a obtener recursos extra que le permitan la contratación de 3.000 profesionales (según su programa electoral), una partida adicional de 1.000 millones de euros para financiar las deficiencias del sistema, pero también en cuestiones que entran directamente en el autogobierno, como es la gestión de la Formación Sanitaria Especializada y la creación de una agencia de salud pública, entre otras.  

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