“El derecho a la salud debe prevalecer sobre los intereses del mercado”

El partido Podemos no está en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, al igual que en otras muchas comunidades autónomas, pero su apoyo al Gobierno regional es necesario para sacar adelante las iniciativas que se presenten en las Cortes Valencianas. Una situación que se da en otras autonomías, como en Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón, entre otros. Por ese motivo, la visión que este grupo tenga sobre la política sanitaria puede marcar las líneas del Gobierno presidido por Ximo Puig.

Es cierto que, tal y como ha explicado a Diariofarma el portavoz de Sanidad en la Comunidad Valenciana de la formación de los círculos, Daniel Geffner, muchas de las cuestiones están firmadas en el 'Acuerdo del Botánico', pero no deja de ser relevante su posición sobre todos los asuntos sanitarios, algo que ha comentado con esta publicación en una entrevista.

Geffner, médico especialista en Neurología, ha sido Jefe de la Unidad de Neurología del Hospital General de Castellón en los últimos 15 de años y es uno de los mayores expertos en ictus de esta región, habiendo sido presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología y vocal de la Sociedad Española de Neurología. Desde el pasado mes de mayo, ha dado el salto a la política y es diputado autonómico de la formación dirigida por Pablo Iglesias.

Pregunta. ¿Cuáles son las prioridades en el ámbito sanitario farmacéutico de Podemos en la Comunidad Valenciana?

Respuesta. El asunto del copago es una prioridad. Es un elemento de injusticia para la gente que cae enferma. Es un impuesto a la enfermedad. Querríamos aliviar las desigualdades que se generan en la gente que no puede acceder al tratamiento farmacológico por tener que pagar la medicación. Los estudios científicos han demostrado que el 15% de la población, cuando se instaura un copago, deja de tomar el medicamento. En España ha habido estudios realizados por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que estimaba que entre el 11-12% de la población se veía afectada por el copago en el cumplimiento de la medicación. Además de ser injusto, no está claro que sea rentable económicamente para el sistema. Es decir, si no prevenimos la enfermedad con los tratamientos, cuando sucede un acontecimiento grave, el sistema se gasta más en tratar un proceso que ya está evolucionado. Por lo tanto, por justicia, estamos por reformar el copago farmacéutico. Aunque eso sea competencia estatal.

P. Pero, ¿serían partidarios de eliminarlo totalmente, o dejarlo como estaba previamente al 2012?

R. En una primera fase sería dejarlo como estaba antes del Real Decreto-ley 16 2012, que implantó el copago en pensionistas. En gente mayor puede haber una media de entre 4-8 fármacos por cada paciente. El coste para esos bolsillos ya mermados por la crisis se ve más en los pensionistas.

P. ¿A pesar de los topes que ya hay?

R. Sí, porque se suma que muchas veces la familia vive de la pensión del pensionista y esos ocho, diez euros, suponen mucho. Hay estudios que dicen que un copago, que puede parecer reducido, tiene un impacto en la salud. El primer paso sería volver a la situación previa al real decreto. Vamos a ver cómo se puede porque es una normativa de rango estatal y las comunidades autónomas están limitadas, no imposibilitadas pero bastante limitadas. Nuestra voluntad es volver atrás en el ámbito a antes del RDL 16/2012 que ha sido muy perjudicial para la sanidad pública y para los ciudadanos.

P. También proponen una agencia de evaluación de medicamentos, ¿no?

R. Sí. Creemos necesario una agencia de evaluación del medicamento y de tecnologías para valorar los nuevos procedimientos terapéuticos. Además, debería haber libre acceso para los investigadores independientes a los resultados en salud, sin que se pueda objetar por la privacidad de datos de las empresas. Estamos trabajando en esto para llevarlo en nuestro programa para las elecciones generales.

P. En la farmacia comunitaria de la Comunidad Valenciana al igual que otras como en Cataluña, han tenido dificultades para cobrar las facturas de recetas. Como lo ven desde Podemos.

R. Creemos que el gasto público tiene prioridad sobre otro tipo de gastos. Así está recogido en el ‘Acuerdo del Botánico’. Creemos que la deuda generada con las empresas que están trabajando para el sector público y los gastos sociales tanto en Sanidad y Educación es prioritaria. Estamos por solventar las deudas, no demorarlas para que la gente no se endeude más.

P. Y sobre el papel que tiene que jugar las farmacias.

R. No hemos llegado todavía a ninguna conclusión. hay discusión, con la política del medicamento y la farmacia pero todavía sigue abierta.

P. En algunos programas de las elecciones autonómicas venía la posibilidad de crear un laboratorio público que abasteciera al SNS, pero parece que en los últimos tiempos han abandonado esa idea, ¿no?

R. Bueno, pero todavía no es un tema cerrado. No hay un pensamiento único en Podemos. Pero si pensamos que el derecho a la salud debe prevalecer sobre los intereses del mercado y la industria farmacéutica. Los altos precios que están intentando imponer por los nuevos fármacos serán difícilmente asumibles por los sistemas públicos. Por lo tanto, debe haber mecanismos de control a nivel de la Unión Europea para garantizar que la prioridad sea el paciente y no las ganancias de las empresas.

P. Pero la realidad es que ahora mismo si la industria farmacéutica no invierte en investigar nuevos medicamentos, nadie lo hace….

R. Hay toda una corriente que dice que hay que replantear la política de patentes. Cuestionar los precios de medicamentos cuando en su investigación habido dinero público por medio tanto en la investigación básica o aplicada.

P. Volviendo al ámbito valenciano, ¿Cómo valora las primeras medidas del Gobierno Valenciano?

R. El primer punto importante ha sido la restauración de la sanidad universal con el Decreto-ley 3/2015. Nosotros votamos a favor porque es algo que estaba incluido en el ‘Acuerdo del Botánico’. Lo que sí valoraremos es el impacto que pueda tener. La intención es buena, pero puede haber problemas burocráticos porque la gente no esté empadronada correctamente o le falte un papel. Por eso, en el decreto está que se va a hacer un seguimiento entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones de defensa de estos colectivos marginados. Concretamente en Valencia es Odusalud (Observatorio para el Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana) que lo forman más de 60 organizaciones. Lo apoyamos, pero vamos a hacer un control de cómo se está desarrollando este decreto.

P. Otra de las medidas que también llevaban en el programa de Podemos estado el tema de la derogación de la Ley 15/97 y la gestión privada de la sanidad.

R. Nosotros estamos por la gestión pública de la sanidad. No apoyamos el modelo de concesión administrativa. Estado el tema de la derogación de la Ley 15 97 y la gestión privada de la sanidad. Nosotros queremos derogarlo. Queremos hacer una auditoría en los cinco departamentos de Salud que están privatizados con el Modelo Alzira y valorar si se han incumplido las condiciones establecidas en los convenios y si se conserva el principio de equidad. Si hay incumplimientos se anularían en los contratos sin gasto para mi estación pública.

P. Si se verifica que están actuando de acuerdo al contrato, ¿se esperaría a la derogación de la Ley?

R. De momento no hay partidas presupuestarias para eso. Pero nosotros creemos que hay elementos para cuestionarse y comprobar que ha habido incumplimientos en cuanto a la calidad asistencial, retrasos. La auditoría que contemple esto debería mirar más la equidad y la calidad asistencial.