Los gestores de la sanidad en las comunidades autónomas no ven con buenos ojos la vinculación del gasto farmacéutico a la evolución de la economía. Es más, según el gerente de Farmacia y del Medicamento del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), Antoni Gilabert, “entra en conflicto evidente con las competencias de gestión de las comunidades autónomas”, tal y como explicó en el Encuentro de Expertos organizado por Diariofarma para abordar este asunto.
Junto a Gilabert, participaron con representantes de instituciones del sector, como los portavoces de Sanidad del PP y PSOE en el Congreso de los Diputados, Teresa Angulo y José Martínez Olmos, respectivamente, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés y a la directora general de IMS Health, Concha Almarza.
Según el gerente de Farmacia del CatSalut, se trata de “una intervención que no resuelve el problema crónico de déficit estructural de la Sanidad”. Por todo ello, según este experto, lo que habría que hacer primero es “reconocer el déficit estructural del gasto del SNS y aumentar los recursos que el Estado español dedica a farmacia”. Además, demanda revisar la cartera de Servicios “con criterios de coste-efectividad” y, por otro lado, “garantizar el principio de lealtad institucional, dotando con nueva financiación cada decisión de incremento de la cartera de servicios”.
El representante de CatSalut rechazó que vincularse al instrumento de sostenibilidad que ha regulado el Ministerio de Hacienda sea voluntario. La realidad es que, según explica, “las comunidades autónomas no tenemos posibilidad de financiarnos si no es a través del Gobierno de España. Nadie más nos presta dinero”. Por tanto, si el único mecanismo de financiación posible es a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y para acceder a él hay que adherirse voluntariamente, la consecuencia es que “puedes ser penalizado por no cumplir el criterio de gasto farmacéutico en función del PIB”, explicó Gilabert.
El problema principal para el representante de Cataluña es “la posición de partida”. Gilabert podría aceptar que se vinculara el crecimiento de una partida al PIB si la situación de inicio fuera correcta desde el punto de vista de la financiación, pero la realidad es que “hay una infrafinanciación y un déficit estructural. En este asunto es donde Gilabert ve el “punto débil” de la medida, ya que si la Sanidad estuviera financiada adecuadamente, estas medidas se entenderían mucho mejor”.
Gilabert lanza una propuesta alternativa. “Yo lo haría al revés. Que se lo aplique el Estado cada vez que autorice una nueva prestación que tenga un impacto superior a lo que suba el PIB”. Y es que, tal y como destacó, ni las prestaciones ni los precios los decide la comunidad autónoma. Por ello, rechazó que se pueda “autorizar algo sin límite y luego poner el límite al que gestiona su uso”.
“Es una medida para contribuir a la sostenibilidad del SNS, pensando en el paciente”
Teresa Angulo, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados
“Es una medida que demuestra el peso de Hacienda en esta legislatura y la derogaremos”
José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados
“Cualquier techo de gasto en farmacia tiene que ser coyuntural y excepcional”
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria
“Hay que dejar de hablar de gasto para hacerlo de inversión y, entonces, los criterios serían diferentes”
Concha Almarza, directora general de IMS Health
En cualquier caso, el gestor mostró su pesar por la situación que se está viviendo en el sector. “Da la sensación de no estar demasiado bien tratado después de todo lo que hemos logrado, toda la eficiencia buscada, la reducción de márgenes, el esfuerzo de los profesionales”. Unos esfuerzos que relató en forma de la revisión de planes terapéuticos que se están realizando en todas las comunidades autónomas y que, además de mejorar la salud de los pacientes, reducen el gasto. Puso el ejemplo de la osteoporosis donde se han retirado múltiples tratamientos que no estaban indicados o, por otro lado, con la inversión en receta electrónica, que ha reducido el número de visitas médicas en un 30% sin que en ninguno de los casos citados el ciudadano se haya visto afectado. “Se ha puesto mucha eficiencia, se han bajado mucho los precios, se ha introducido un nivel de corresponsabilidad” en los pacientes, detalló.
Otro de los aspectos que Gilabert puso encima de la mesa es la transparencia en los datos y el intercambio de información. El representante catalán puso de manifiesto que ellos dan todos los datos, incluidos los de hospital, pero no reciben nada cambio. El gerente de Farmacia considera que sería importante recibir lo mismo que él envía de Cataluña de otras comunidades autónomas o al menos de forma agregada para toda España. “Lo hemos pedido muchas veces”, aseguró.
Según indicó, la información debería ser de todo el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de trabajar juntos y avanzar. La cuestión es que si no se obtiene ningún beneficio por parte de una comunidad autónoma, no tendría ningún incentivo para pasar esos datos. En este sentido, indicó que si se pasara la información agregada a todos los que aportan datos, en exclusiva, todos querrían formar parte de ese ‘club’ para tener información valiosa.
Por último, Gilabert instó a analizar en profundidad los gastos. Hay algunos que son incuestionables como el pago de la deuda, la educación, la sanidad o los servicios sociales, pero hay otros sobre los que se debería realizar un análisis de coste-efectividad, como en el caso del AVE para determinar si está justificado hacerlo.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: