Política

Cataluña reformula su proyecto de big data tras las críticas recibidas

El consejero de Salud asegura que el polémico programa VISC+ ya no existe y que los datos de los pacientes estarán solo en manos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias

El polémico proyecto por el que el Departamento de Salud de Cataluña quería vender a centros de investigación datos sanitarios de pacientes, denominado en su inicio VISC+, ha sido reconducido. Las críticas de partidos y asociaciones de defensa de la sanidad pública, que veían peligrar la confidencialidad de los datos y un informe poco favorable de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, llevaron a la paralización del proyecto, a petición del Parlamento catalán, en octubre de 2014.

El consejero de Salud, Antoni Comín, ha asegurado esta semana que la gestión de los datos en el nuevo programa no se externalizará a otros centros, sino que será exclusivamente de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS). “La única salida de datos de la ciudadanía hacia los investigadores será esta Agencia”, recalcó, en una jornada del Programa público de analítica de datos en investigación e innovación en salud en Cataluña celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB).

Por lo tanto, el proyecto VISC+ “ya no existe”, y el “nuevo” programa de big data se encuentra en proceso participativo y deliberativo, según expresó. En esta línea, el pasado 5 de julio se celebró un sesión de debate con la intervención de 80 expertos de la que el Departamento de Salud destaca la importancia de que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios básicos en todo el proceso, así como la necesidad de favorecer la participación ciudadana.

En este sentido, el nuevo proyecto incluye un proceso participativo por el que profesionales y ciudadanos pueden realizar aportaciones, hasta el 29 de este julio, a través de un formulario. Las propuestas a realizar se enmarcan en diversos ámbitos: gobernanza, transparencia y sostenibilidad; seguridad y normativa; ética y legalidad; e investigación pública. Las aportaciones se estudiarán para su integración en el proyecto definitivo que se presentará el próximo otoño, según apunto el consejero.

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