José Manuel Villegas Pérez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley sobre la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis, con el fin de que ésta sea debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En ella, insta al Gobierno a introducir las modificaciones legales oportunas para, por un lado, "regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados de éste bajo estricta indicación y supervisión médica para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado". En este sentido, se refieren a Marinol (cápsulas de THC) y Cesamet (cápsulas de nabilona, un análogo sintético del THC), indicados para náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia antineoplásica y para el síndrome de anorexia-caquexia (pérdida de apetito y de peso) en pacientes con sida o cáncer avanzado, y a Sativex (spray oro-mucosal constituido por un extracto estandarizado de cannabis con un ratio THC/CBD aproximado de 1:1), aprobado en España para la espasticidad asociada a esclerosis múltiple, y en Canadá para el dolor neuropático y oncológico.
No obstante, señalan estas tres opciones "están sujetas a enormes limitaciones" desde el punto de vista terapéutico, por lo que, en opinión de Ciudadanos, "debemos considerar, como otros países ya están haciendo o han hecho, una tercera vía: la del cannabis medicinal, que aporta claramente un mejor balance terapéutico (eficacia/seguridad), versatilidad (de quimiotipos de la planta, vías de administración, formas de preparación) y coste que las anteriores".
Para ello, instan al Gobierno a "regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y su posterior utilización medicinal con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias y establecer puntos de venta controlados, así como delimitar las redes logísticas, con la seguridad necesaria, para evitar un uso fraudulento o ilegal del cannabis medicinal".
Unido a esto, consideran necesario "establecer un sistema de evaluación de los impactos en la salud pública, en especial, de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos".