“SPR y compra centralizada pueden ser la alternativa a las subastas”

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Lina García, ha analizado para Diariofarma la actualidad de la política farmacéutica en esta comunidad autónoma. Su agrupación sigue convencida de que hay que buscar una alternativa a las subastas, la cual pasa por los procedimientos competitivos que promueve el Ministerio de Sanidad. Sobre la relación entre el SAS y la oficina de farmacia, opina que necesita un replanteamiento, en aras de una mayor integración.

Pregunta. Lo primero que quería pedirle es un balance, en términos generales, de la política farmacéutica del Gobierno andaluz.

Respuesta. Empezaría diciendo que es una política que no promueve la libertad. El Gobierno dice que los médicos pueden prescribir lo que quieran, pero tengo que negar la mayor, porque eso no ocurre ni en Medicina de Familia ni en el hospital. El Gobierno está primando los criterios economicistas a los criterios clínicos. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios profesionales. En nuestra opinión, se trata de una política nefasta. Otro ejemplo de la mala gestión es que hemos aprobado en el Parlamento la introducción en la prestación de los sistemas de monitorización de glucosa para niños y no terminan de llegar. Además de evitarles los pinchazos, conseguiríamos un mejor control glucémico en los menores.

P. Cuando hablaba de falta de libertad de prescripción imagino que se refería a la subasta. Formularon una pregunta oral en el Parlamento al respecto. 

R. La Defensora del Pueblo ha hecho un requerimiento urgente en septiembre, en el que ha pedido una aclaración sobre si hay desabastecimientos de medicamentos adjudicados. Queríamos que el Gobierno se pronunciara.

P. La consejera de Salud, Marina Álvarez, ya se ha pronunciado y asegura que los desabastecimientos de estos productos no son mayores que los de otros que se adquieren a través de este procedimiento.

R. Afarán asegura que los desabastecimientos de los medicamentos adjudicados alcanzan el 40% en algunos casos. Ellos tienen datos diarios de las dispensaciones que realiza la farmacia. El Gobierno lo niega y se escuda en el argumento de que el paciente termina recibiendo su medicamento. Lo que ocurre es que los pacientes no reciben el medicamento que se había adjudicado a través de la subasta, sino otro. Esta situación está generando confusión, los pacientes están empezando a desconfiar de los médicos y los farmacéuticos, y además se están generando problemas de adherencia.

P. Un compañero suyo, Antonio Saldaña, llegó a decir en su día que las subastas serían “el próximo caso de corrupción en Andalucía”. ¿Opina igual?

R. No exactamente. Aunque la falta de transparencia existe. Hemos preguntado para qué se utiliza el dinero ahorrado, y nadie nos ha contestado. También hemos pedido que se tomen medidas con los laboratorios que no cumplen con los pliegos de condiciones. Lo normal sería que si un laboratorio los incumple, no pueda volver a licitar, pero no hay ninguna cláusula en los pliegos que lo impida.

P. Pese a todo lo que cuenta, el procedimiento tiene el aval del TC y, en el caso Parlamento andaluz, no se ha pedido la abolición de las subastas, sino su reforma.

R. Nosotros hemos pedido que retiren, porque consideramos que es un sistema perjudicial para los andaluces. Queremos que se busque una alternativa. Sólo hay que ver que es un sistema que no ha copiado nunca nadie, pese a todo lo que se ha dicho sobre su exportación a otras comunidades. Todas las que lo han estudiado, han desestimado esta opción. También estamos esperando los estudios de cuántos polimedicados han requerido ingreso por descontrol del tratamiento. Ahí veremos si los ahorros son reales, o si lo que se está produciendo es una pérdida de calidad de vida y salud de los andaluces y sus familiares.

P. Me ha quedado claro que no están a favor de las subastas. ¿Qué alternativa proponen ustedes para la contención del gasto?

R. En el Parlamento hemos pedido una mesa de trabajo donde los grupos políticos y los profesionales sanitarios pudiéramos sentarnos para encontrar una solución. Como mínimo, pediríamos que haya más de un laboratorio en las adjudicaciones, lo cual podría resolver la cuestión de los desabastecimientos. Eso sí, si nosotros gobernáramos, la subasta desaparecería, y nos acogeríamos a las medidas que se establecen desde el Ministerio de Sanidad, que garantizan los ahorros manteniendo la competencia.

P. ¿Por ejemplo?

R. Tenemos el sistema de precios de referencia, los procedimientos de compra centralizada. Ambos han demostrado ser mejores sistemas que la subasta, porque generan ahorros reales y permiten la competencia. Además, se está viendo que son procedimientos en los que laboratorios participan, bajan sus precios. Además, los laboratorios que participan tienen una implantación nacional, aportan al PIB y tienen capacidad para abastecer al mercado, algo que no ocurre que los adjudicatarios de las subastas.

P. Siguiendo con la relación entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad, imagino que habrá oído los mensajes de algunas regiones que han pedido una mayor participación en las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios. ¿Están de acuerdo?

R. Yo considero justo que las CCAA participen en la CIPM, puesto que luego asumen ese gasto. Pienso que el Ministerio ahí debería abrir más la participación para que estén en esas negociaciones.

P. En un plano más general, y volviendo a la política andaluza, está la aprobación de la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del SAS. ¿En qué situación está?

R. Los grupos hemos presentado nuestras enmiendas. Tenemos dictamen de la Comisión y hay que negociar.

P. ¿Cuál es la posición de su Grupo, que inicialmente presentó una enmienda a la totalidad?

R. Pensamos que la Ley no aportaba nada. Recogía derechos contenidos en otras leyes, y pretendía servir para legalizar los problemas que el Gobierno ha ido generando en el SAS, algunos de los cuales han acabado en los tribunales, como la creación de las unidades clínicas, o las mismas subastas. En el caso de las unidades clínicas, nosotros no vamos a ser cómplices y no vamos a apoyar algo que no han sido capaces de negociar con la mesa sectorial y los colegios profesionales. En nuestras enmiendas hemos incorporado la voz de los profesionales y las asociaciones de pacientes, por lo que esperamos que sean aceptadas. Hemos pedido cosas aceptables para lograr mantener la calidad en el SAS.

P. También se ha sometido a consulta pública el Decreto de adjudicación de farmacias. ¿Ustedes están conformes con la red actual de farmacias en Andalucía o creen que necesita cambios?

R. Yo creo que lo importante sería consolidar la red que tenemos, antes de ampliarla. Hay que trabajar con la farmacia comunitaria para tratar de incorporarla en el SAS. Esto debe ser una prioridad.

P. ¿Qué significa para ustedes incorporar a la farmacia comunitaria en el SAS?

R. Nos parece que pueden aportar mucho, sobre todo en el medio rural, pero también en las ciudades, para captar a pacientes que no son conscientes de sus problemas de salud y derivarlos al médico. Además de esa labor de detección, vamos a un envejecimiento con muchas enfermedades crónicas, y pueden ejercer una labor de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de estos pacientes. Creo que habría que replantear la relación de la farmacia con el SAS y para ello habría que iniciar una negociación con los representantes de la farmacia, para definir ese nuevo marco de relación que beneficie a los andaluces y que no suponga un impacto negativo para las arcas.