“Tendremos comunidades en las que el 90% del presupuesto será Sanidad”

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Busto, apuesta por ser posibilista, al tiempo que ambicioso, en relación a los grandes asuntos que ocupan y preocupan a la sanidad. En este sentido, considera necesario avanzar en hacer ejecutivo el Consejo Interterritorial, pero siempre que haya mayorías reforzadas que decidan. Del mismo modo, ve con buenos ojos el Pacto por la Sanidad, siempre que aborde y dé solución a los problemas clave de la sanidad: financiación y recursos humanos, principalmente. Así lo ha explicado a Diariofarma en una entrevista concedida a este medio.

Pregunta. ¿Qué balance hace de los dos primeros años de legislatura que han pasado?

Respuesta. El primer objetivo que nos planteamos en 2015 fue recomponer el clima laboral, que estaba enrarecido. Lo hemos conseguido gracias a una intensa política de comunicación con dos vertientes. Por un lado, la de las organizaciones sindicales y, por otra, la de las sociedades científicas. Con las sociedades científicas hemos avanzado en aspectos de cronicidad y acerca del papel futuro de la Atención Primaria. Con los sindicatos hemos avanzado en líneas de contrataciones y estabilizar las plantillas. Comenzamos por un concurso de traslado que movilizó solo en Medicina más de 1.000 profesionales y estamos cerrando las Ofertas Públicas de Empleo en marcha y la ‘macroOPE’ de Sanidad, que supondrá cerca de 3.000 plazas más en los próximos tres años.

P. ¿Y sobre infraestructuras y tecnología?

R. En 2014, en plena crisis económica, se abrió el Hospital Universitario Central de Asturias y el Hospital de Mieres y en este momento estamos con el tercer gran hospital. El pasado viernes hemos presentado el proyecto definitivo del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. En tecnología y equipos hemos realizado una inversión cercana a los 110 millones de euros para el equipamiento de los dos hospitales nuevos. Por lo cual tenemos equipos nuevos, con un periodo de latencia de 10 años. Eso nos permitió dedicar al resto de la red la mayoría del presupuesto de inversión de los dos años anteriores y de los siguientes.

P. En el ámbito legislativo, ¿qué nos puede decir?

R. Tenemos en marcha presentar la nueva Ley de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), para actualizar la anterior, que tiene más de 25 años. Intentaremos que en el primer semestre de 2018 inicie el camino parlamentario.

P. ¿Qué demandas tiene Asturias en relación al modelo de financiación?

R. Tenemos una población muy dispersa y muy envejecida. Tenemos muchos recursos distribuidos en el ‘ocho asturiano’, formado por Avilés, Gijón, Langreo, Mieres y Oviedo y que concentra más del 80% de la población. El resto está dispersa en multitud de núcleos. Además, exigimos la derogación o modificación importante del Real Decreto-ley 16/2012 que en los asuntos de aseguramiento es esencial. Si el Ministerio trabajara en esa línea, las relaciones mejorarían bastante. Nuestro presidente, Javier Fernández dice que ‘nuestra sanidad es el patrimonio de las personas que no tienen patrimonio’. Eso es así. El espíritu de la Ley General de Sanidad debe seguir preservándose. También vemos fundamental, para mantener una igualdad entre todos los ciudadanos del estado español, recuperar el fondo de cohesión y el Fondo de Garantía. Además, la incorporación de fármacos y otras tecnologías que mejoran la vida de los ciudadanos no puede seguir la línea de la hepatitis C. A día de hoy seguimos sin saber cuánto nos ha costado y por qué. La financiación de la innovación debe ser a través de un pacto que deben liderar las comunidades autónomas, pero con un compromiso claro del Ministerio de Sanidad y el de Hacienda en colaborar y aportar en esta línea.

P. La ministra apuesta por lograr un Pacto de Estado por la Sanidad, ¿cree que es imprescindible?

R.- Yo creo que es imprescindible. Un pacto donde se hable de recursos humanos de estabilidad por el empleo, de financiación en cada una de las comunidades, de financiación teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una. No un pago capitativo, como se defiende en algunas comunidades sobre todo del arco mediterráneo. El liderazgo de estas decisiones con respecto al Pacto de Sanidad debe correr del lado de las comunidades pero con el compromiso del Ministerio de Sanidad y Hacienda que tiene que ser máximo, si no lo planteamos así, volveremos a estar en lo mismo, quedará en ‘agua de borrajas’.

P. ¿Por qué reclaman que el Interterritorial aborde monográficamente la financiación?

R.- No solamente por nosotros, sino también por parlamentarios y senadores. Pedimos que en el Consejo Interterritorial se hablase de financiación sanitaria, financiación de la cartera común y de la cartera complementaria dependiendo de cada comunidad. También sobre trabajar en el gran reto que tenemos ahora sobre cronicidad e innovación. Los nuevos fármacos se están llevando la inmensa mayor parte de los presupuestos. Primero fue el VIH Sida, luego la hepatitis C, posteriormente enfermedades raras con unos costes enormes y el Gobierno de España no puede decir que ahí tienen las comunidades el pacto que se aprobó cuando las transferencias. Además, se aprueban nuevas innovaciones. De seguir así, al final tendremos unas comunidades en las que el 90% de su presupuesto será Sanidad. Si el Ministerio quiere un pacto no puede dejar abandonadas a las comunidades autónomas. Tiene que ser parte de la solución al problema. Tenemos que definir qué sanidad queremos y establecer su coste. Entonces empezaremos a solucionar el problema y podremos hablar del pacto.

P. ¿Cómo valora la posibilidad de que se establezcan fondos del Gobierno central vinculados a los nuevos medicamentos?

R. En enero de 2002 tuvimos las transferencias sanitarias, a un coste mayor o menor pero fue el que se pactó con las comunidades. Desde entonces, las cosas han cambiado, cada vez tenemos más ancianos, más cronicidad, enfermedades como el Sida ya no son mortales sino crónicas etc... Por ello, habría que adaptar la financiación a la problemática actual en base a una financiación diferente. Cualquier modificación en la innovación sanitaria debería tener el compromiso del Ministerio. A lo mejor no en un cien por cien, pero sí una parte. Esta comunidad se encontró de la noche a la mañana con 25 millones de gasto en fármacos para la hepatitis C, además de los nuevos fármacos oncológicos y biológicos que van saliendo. Y no decimos que no lo tengamos que pagar, son fármacos que curan y nuestra obligación es estar a favor de los ciudadanos. Sólo puede decir sí. Pero el problema fue de dónde sacar el dinero ya que el Ministerio se lavó las manos.

P. ¿Cree que faltó previsión respecto al fármaco para la Hepatitis C?

R. Totalmente. En Asturias estamos reclamando al Ministerio de Justicia 463.000 euros. Estamos aportando los fármacos a los reclusos de la cárcel de Villabona y el Ministerio del Interior no lo abona, cuando es su competencia. Otras comunidades, como por ejemplo Baleares, han cobrado a través de los Tribunales. La Hepatitis C es el paradigma de las cosas mal hechas. Sabíamos que iba a venir y no se tuvo en cuenta; sabíamos el coste que iba a tener y que la industria iba a poner el coste más alto. Además, la negociación no cuenta cómo se ha hecho. ¿Cómo ha sido? no sabemos si los que trataron al principio pagaron más caro que los siguientes. Nosotros hemos pagado muchos tratamientos a 45.000 euros, ahora los pagamos a 11.000.

P. ¿Cree que esa diferente financiación en cada comunidad puede dar lugar a diferencias y posible faltas de equidad en la asistencia médica?

R. Yo creo que hay equidad en la Sanidad española con referencia a otros países. Nuestra sanidad cubre prácticamente todo, es amplísima, desde que nacemos hasta que fallecemos, pero evidentemente lo que no podemos es que cada comunidad autónoma aporte servicios a su cartera complementaria a su sistema dependiendo del dinero o presupuesto que tiene.

P. Pasando a la actualidad más reciente. ¿Cómo valora el reglamento del Consejo Interterritorial?

R. Muchas comunidades somos reticentes. Y no es un tema de ideología. Las del PSOE, pero también del País Vasco, Navarra, Cataluña y algunas del PP lo son. El Ministerio considera la política del rodillo cuando tiene mayoría y la del ninguneo del Consejo Interterritorial cuando no la tiene, como pasa en este momento. Hemos sido muy beligerantes porque entendemos que el espíritu del legislador, Ana Pastor como ministra de Sanidad en su momento, era que el consenso fuera la norma. Ahora, el Gobierno apoyándose en la Ley 40/2015 y dejando de lado la Ley de Cohesión, que no se ha derogado en este aspecto. Pretende definir como órgano sectorial al Consejo Interterritorial. Y, como tal, el Ministerio es el que tipifica los acuerdos según sean de consenso o de decisión y se reserva la en gran medida capacidad de veto. Eso solo puede llevar a la judicialización del CISNS ya que se puede aprobar asuntos que choquen con los estatutos de las comunidades autónomas.

P. ¿Y cómo evitar la parálisis si no hay consensos?

R. La Ley de Cohesión habla de consenso y eso jurídicamente se entiende mal si no hay unanimidad y eso no es bueno. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo de mayorías amplias. El ministerio pretendía decidir la modificación del reglamento utilizando el propio reglamento que aún no estaba aprobado. Planteamos que para las cuestiones que no se contemplen en la Ley de Cohesión se utilicen decisiones de mayorías amplias, aunque hay comunidades que probablemente no lo acepten, hemos tratado de ser posibilistas.

P. ¿El conflicto está en la definición de qué acuerdos son definidos como de coordinación?

R. Exactamente. El Ministerio es el que decide qué temas son de coordinación y cuáles no. Eso no puede ser así. Las comunidades tienen que tener un peso y esto tiene que ser algo pactado. No es bueno que el Ministerio pueda vetar algún tema que tenga a favor a la mayoría de comunidades y al revés.

P. ¿Cómo valora que el Interterritorial de este miércoles haya sido ‘corto’, con solo doce puntos?

R. No es de recibo un orden del día de más de treinta puntos. Debe ser ajustar calidad y cantidad. Pocos temas, tantos consejos como sea necesario y tiempo para debatirlos.

P. ¿Sería necesario delegar más asuntos a las comisiones del Interterritorial?

R. Sí, la Comisión Delegada debe tener competencia para la aprobación de determinados asuntos. Igual que sucede con las comisiones de Recursos Humanos, Salud Pública, etc.