El consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, ha respondido a una consulta formulada por el portavoz popular de Sanidad en el Parlamento de Euskadi, Carmelo Barrio, en la que éste pedía saber su opinión sobre las críticas de la Organización Colegial de Enfermería a comunidades como Madrid, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha y Galicia, "por dejar en manos de establecimientos privados y comerciales (las farmacias) la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria. A este respecto Barrio pregunta, más allá de la opinión general del Gobierno sobre estas afirmaciones, si el Departamento de Salud considera que "existe algún riesgo de privatización por dar más juego a la farmacia comunitaria en funciones de prevención y control de los niveles de la salud de la población". La respuesta de Darpón incluye un reconocimiento a la labor sanitaria de la farmacia, así como la convicción de que estas prácticas están perfectamente recogidas en el marco legal actual.
En su respuesta, Darpón arranca señalando la apuesta de su Consejería "por la integración de la oficina de farmacia como un agente más del sistema de salud en coordinación con el resto de niveles asistenciales y con los servicios sociales, a través del desarrollo de programas de atención farmacéutica que aporten valor, sean coste-efectivos y generen un efecto demostración". Concretamente, se refiere a los éxitos conseguidos en los "más de 20 años de trabajo en común, tanto en el ámbito de la salud pública, con campañas de educación sanitaria, en el ámbito de la atención a pacientes usuarios de opioides, el desarrollo del programa de los test rápidos de VIH y enfermedades de transmisión sexual, u otros ámbitos relacionados con la cronicidad", y cita aquí los programas de mejora de medicación en pacientes atendidos por los servicios de ayuda domiciliaria y el proyecto de seguimiento farmacoterapéutico.
Con esta experiencia acumulada, el consejero vasco considera que es "fundamental la colaboración entre todos los profesionales sanitarios" para mejorar la atención y, en cuanto a la participación de la farmacia en funciones de prevención y control de los niveles de salud dice literalmente que supone "un excelente modelo de colaboración público-privada en el sistema nacional de salud del conjunto de las CCAA".
Consideraciones sobre el marco legal
Sobre el marco legal que sustenta estas intervenciones de las farmacias, en colaboración con los servicios de salud, llama a tener en cuenta la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los servicios de las oficinas de farmacia, que reconoce a estos "establecimientos sanitarios privados, sujetos a planificación por las CCAA", la potestad para "colaborar en programas que promueven las administraciones sobre garantía de calidad de la asistencia sanitaria y de la atención sanitaria en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria". También en la "formación e información dirigida a otros profesionales sanitarios y usuarios sobre uso racional de los medicamentos y productos sanitarios", y en la "actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los servicios de salud de las CCAA".
Además de esto, Darpón hace referencia al texto refundido de la Ley de garantías y uso racoinal de los medicamentos, que reconoce a las farmacias como "establecimientos sanitarios privados de interés público, e incorpora el concepto de atención farmacéutica en su articulado, reconociendo así la labor del farmacéutico como agente de salud". Sin olvidar lo recogido en las leyes de Ordenación autonómicas, que vienen a reforzar, por lo general, esa consideración.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: