Autoridades y juristas señalan oportunidades y retos en el nuevo marco para comprar medicamentos

Las secciones de Derecho Sanitario y Farmacéutico y Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid organizaron la semana pasada una mesa de debate sobre la compra pública de medicamentos, en el que se abordaron los principales retos y oportunidades en este ámbito.

Entre los participantes en el debate se encontraban los directores legales y abogados de los mas importantes laboratorios de España, así como representantes de Farmaindustria, Biosim y otras organizaciones empresariales del sector, las cuales, como señaló el presidente de la Sección de Derecho Administrativo, Alberto Dorrego, representan a un sector "muy especial", porque una parte muy significativa de dichas compras hospitalarias vienen referidas a medicamentos innovadores con derechos de patente en vigor, cuya adquisición se realiza mediante procedimientos negociados por exclusividad que presentan "una problemática muy singular".

Por su parte, la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico, Nuria Amarilla, se refirió a algunas de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en 2018, como la correcta determinación de la necesidad institucional, además del papel de los criterios cualitativos (sociales, laborales, medioambientales y de innovación) en el proceso de compra pública en el sector farmacéutico.

En el debate intervinieron los abogados Jordi Faus, de Faus & Moliner, y Raquel Ballesteros, de Bird&Bird, así como Francisco Valero, coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Valero insistió en que la nueva Ley ha mejorado los mecanismos de agregación de la demanda en la compra pública de medicamentos, facilitando los acuerdos marco de ámbito nacional y la operativa subsiguiente de los contratos derivados, "muy eficiente y ágil para los centros de compra". Destacó, no obstante, la necesidad de insistir y mejorar estos instrumentos "como vía de racionalización del gasto farmacéutico".

Difícil encaje

Por su parte, Faus y Ballesteros analizaron diversos aspectos de la contratación pública farmacéutica, tanto en las licitaciones abiertas (con la problemática de la conformación de lotes por indicaciones y la organización de las licitaciones con biosimilares), como en los procesos de compra de medicamentos exclusivos. Ambos ponentes pusieron de relieve el complejo encaje de los procedimientos de fijación del precio de financiación por la CIMP y la posterior compra por los servicios de Salud de las CCAA y los hospitales, una dualidad que, subrayaron, "genera ineficientes costes administrativos" que "en muchas ocasiones resulta difícilmente explicable a los laboratorios extranjeros".

Además de esto, se abordó la cuestión de la financiación y el modelo de contratación de las terapias avanzadas, el inexorable camino hacia la integración de prestaciones en la compra pública (combinando en un mismo contrato medicamentos, servicios y tecnología), las dificultades y límites del pago por resultados y el espacio para la colaboración público-privada en el sector farmacéutico (los acuerdos de riesgo compartido).

Los ponentes habrían coincidido en poner de relieve las disfunciones que puede llegar a generar la pérdida de confidencialidad de los acuerdos de compra de medicamentos entre los laboratorios y los hospitales, que puede lesionar gravemente el interés público, la sostenibilidad del SNS y el derecho de acceso de los pacientes a los tratamientos mas innovadores. En este sentido, recuerdan que la vigente Ley de Contratos del Sector Público contempla mecanismos para preservar la confidencialidad en estos acuerdos de compra, que han de ser debidamente implementados. Por ello, destacaron como "muy positivo" el reciente cambio de orientación en este punto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que se alinea con la doctrina que se viene asentando en los principales países de la UE.