Farmaindustria ha informado de que a lo largo de los seis primeros meses de 2020 procederá a negociar un nuevo convenio de colaboración con la Administración General del Estado que sustituya al que ha estado vigente en los últimos años y que ha sido renovado sucesivamente desde 2016. La decisión de la junta directiva de la patronal deberá ser ratificada, no obstante, por la Asamblea General de la asociación.
Una de las novedades que tendría este nuevo convenio es que involucraría a “todas las compañías farmacéuticas involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto público en medicamentos”, lo que supone que se deberían incorporar al mismo las compañías que actualmente no están integradas en la patronal.
Mientras se procede a la negociación de este nuevo convenio, Gobierno e industria han acordado la prórroga transitoria del convenio anterior, si bien, una vez firmado el nuevo convenio tendrá vigencia sobre la totalidad de 2020.
Claves del nuevo convenio
Hace unos meses Farmaindustria reclamó cambios de calado en el convenio para adaptarlo a la situación actual. Uno de los cambios más relevantes que pedía la patronal era la incorporación del resto de agentes que intervienen en el gasto de medicamentos innovadores. Esto es, “compañías de genéricos, biosimilares, distribución y farmacia”, según aseguró el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, en su intervención en el XI Seminario Farmaindustria - Medios de Comunicación celebrado en Chinchón.
Además, la patronal reclamaba que el nuevo comparador para establecer el límite al crecimiento del gasto farmacéutico debería ser el Producto Interior Bruto (PIB) nominal y no el PIB real, como se aplica actualmente. Igualmente, Farmaindustria señaló que sería necesario que el nuevo convenio tenga en cuenta las inversiones que las compañías realizan en España.
Por otro lado, la asociación también explicó que sería importante que el Ejecutivo tuviera en cuenta sus “consideraciones sobre el Plan de Genéricos” ya que si no se tienen en cuenta, “pese a que son razonables, no tendría sentido el convenio”.
El presidente de Farmaindustria consideró que sus peticiones “son claras, razonables y poco discutibles que creemos que cualquier gobierno debería entender”, por ello, se mostró dispuesto a trabajar en su definición con el próximo gobierno “para seguir haciendo compatible la innovación, el acceso de los pacientes a la misma con la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Sostenibilidad y predictibilidad
Esta colaboración se inició hace cuatro años con un Convenio con el Gobierno que entró en vigor en 2016 y en virtud del cual, las compañías farmacéuticas que venden medicamentos originales no genéricos ni biosimilares se comprometían a realizar devoluciones si el gasto público en estos medicamentos crecía por encima de lo que lo hiciera el Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales.
La Administración, tal y como explica Farmaindustria, se dotaba de esta forma de un instrumento clave de control presupuestario, que le permitía “abordar la política farmacéutica con la tranquilidad de saber que la inversión pública en medicamentos estaba bajo control”. Farmaindustria, por su parte, “constataba una vez más su compromiso de colaboración con la Administración en el objetivo común de conciliar sostenibilidad y acceso al medicamento en un marco de predictibilidad”.
Nicolas Gonzalez Casares: