Ildefonso Hernández, del Departamento de Salud Pública, Universidad Miguel Hernández; Ricard Meneu, vice-presidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud; Salvador Peiró, de Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana; Beatriz González López-Valcárcel, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Vicente Ortún, del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra han publicado un artículo en el Blog Econonía y Salud, de la Asociación de Economía de la Salud (AES), titulado 'Una nueva normalidad, una nueva salud pública', en el que realizan una serie de propuestas para una gestión de este ámbito de la Sanidad de cara al futuro. Para empezar, opinan que ha quedado perfectamente demostrado que es un ámbito que "nunca más deberemos desatender".
En cuanto a la potenciación de la actividad en este campo, opinan que "la Salud Pública del siglo XXI" debe incorporar "toda la gama de acciones y políticas que crean salud". Así, estiman que más allá de las estrategias nucleares e imprescindibles, como la prevención (vacunas y cribados de eficacia demostrada, por ejemplo), la protección de la salud (ambiental, alimentaria, etc.), la promoción de la salud (barrios saludables, salud comunitaria, etc.) o la vigilancia, debería "permear otros espacios sociales y políticos para favorecer la salud".
Eso implicaría, entre otros aspectos, "atender a la eclosión incesante de nuevos conocimientos y tecnologías que interaccionan con la acción de salud pública y reconocer la exponencial complejidad de la toma de decisiones en un entorno cada vez más interconectado y global". Concretamente, consideran que al abrigo de la pandemia han crecido impulsos creativos, entre los que citan "modelos epidemiológicos, dictámenes técnicos, recomendaciones de expertos, etc.", así como "capacidades científicas y técnicas". Para los autores, "afrontar con éxito lo que queda de esta grave crisis" y "prepararnos para otras que vendrán" exige transformar la concepción actual de la Salud Pública en otra "con capacidades mejoradas y más eficiente en la gestión de sus activos intelectuales y técnicos". Eso incluye, además de una renovación técnica, una modernización "institucional", ya que consideran que las estructuras actuales están "obsoletas" y "no permiten aprovechar el caudal de conocimiento y aportación técnica disponible".
Aunque asumen la dificultad inherente a esta última tarea, más difícil les resulta "identificar ámbitos o asuntos donde resulte más apremiante estructurar la imprescindible confluencia de competencias territorialmente multijurisdicionales (local, autonómica, estatal, europea) con dependencias administrativas atomizadas en casi todos los niveles: sanidad, agricultura, comercio, industria, urbanismo, medio ambiente, etc.".
Una de las medidas para proceder a esa confluencia sería la de la creación de una Agencia de Salud Pública. Aluden a una propuesta de Sespas, en el contexto de la elaboración de la Ley General de Salud Pública, que, dicen, "está vigente, pero no bien desarrollada". La propuesta de Sespas confería a dicha entidad, según los autores, "una articulación novedosa, ya que integraría a los centros de Salud Pública de la Administración General del Estado (Centro de Evaluación Química, Observatorio de Cambio Climático y Salud, Observatorio del Tabaquismo, Sistemas de Información de Salud Pública, Redes de Vigilancia de Salud Pública, etc.) y funcionaría en red de forma eficiente en coordinación con los centros de Salud Pública de las comunidades autónomas, con las que se compartiría la administración, y con los centros de investigación y las universidades". La propia AES habría presentado su propia propuesta para su gobernanza, aunque finalmente no terminó de integrarse completamente en el texto.
En este momento, consideran "inaplazable" situar en la agenda política y pública la necesidad de crear esa entidad de Salud Pública, que, dicen, "ya no podrá ser formalmente una agencia" (citan como limitación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que elimina la figura de la agencia estatal) la cual, opinan, debería actuar "con suficiente independencia política y crédito sobre su eficacia técnico-científica".
Esa nueva entidad, además de independiente, debería adoptar, apuntan, "tres niveles de funcionamiento: nuclear; transversal y contingente; y excepcional". El primero de ellos, para coordinar y nutrir las aportaciones de las personas más expertas en epidemiología, inmunología, microbiología, economía de la salud, etc., así como de las estructuras coordinadas de Salud Pública estatales y autonómicas como, por ejemplo, la Red de Vigilancia en Salud Pública. Desde este nivel se tendrían que diseñar, opinan, los planes de preparación y respuesta ante eventualidades que afecten a la seguridad sanitaria y la coordinación de simulacros.
El nivel transversal, en cambio, "no irrigaría las estructuras estatales y autonómicas de Salud Pública de forma permanente, sino que enlazaría con una amplia red de centros, instituciones y personas para dar respuesta a contingencias habituales y hacer efectiva la salud en todas las políticas". Como ejemplo, apelan a la aparición de una enfermedad en un área, derivada del cambio climático, donde la agencia, que ya tendría un registro previo de capacidades, podría identificar, coordinar y movilizar una un grupo de trabajo ad hoc para darle respuesta.
En cuanto al nivel excepcional, donde sitúan a pandemias como la de Covid-19, éste daría lugar a la activación de todos los comités y subcomités imprescindibles y seguiría la hoja de ruta ya diseñada adaptándose al contexto. La alerta y la respuesta, que requerirían "trabajos previos de preparación en coordinación con el nivel nuclear", exigiría "un formato federal y una descentralización del funcionamiento que permita una escasa inversión de entrada, más allá de las partes administrativas y de coordinación".
Para montar una estructura de estas características, consideran necesario "un consejo de administración complejo, con participación de las instituciones concernidas (administración estatal, autonómica y local; centros de investigación; universidades; ciudadanía) y sistemas de rendición de cuentas ágiles". Y más allá de los "problemas organizativos", sitúan la necesaria "integración de personas e instituciones mediante incentivos a la participación". "Ello, exige (re)pensar la agenda de investigación y el sistema de contabilidad de méritos científicos", señalan, y ven en "la producción de transferencia de conocimiento a la agencia" como uno de los posibles incentivos para obtener financiación.
