La gestión española de la crisis, en el punto de mira

“Sin ánimo de culpabilizar ni como instrumento político”, un grupo de 20 expertos solicitan una evaluación exhaustiva e independiente de la respuesta a la pandemia de Covid-19 en un escrito que ha publicado la revista científica The Lancet el 6 de agosto.

La  Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene(SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y MicrobiologíaClínica (SEIMC)y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) respaldan en un comunicado conjunto “la filosofía y espíritu del artículo y lanecesidad de una auditoría externa independiente para detectar oportunidadesde mejora en la respuesta frente a posibles nuevas olas epidémicas”.

Otras asociaciones han expresado su apoyo poco después, entre ellas la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La evaluación debería servir para identificar áreas de mejora en materia de salud pública y en el sistema sociosanitario. “Aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, muchos países (como Suecia) e instituciones (como la Organización Mundial de la Salud) han aceptado que es necesaria esta revisión para aprender del pasado y prepararse para el futuro”, escriben.

En España, las consecuencias de la pandemia han sido particularmente graves, con más de 300.000 casos y 28.498 muertes confirmadas, aproximadamente 44.000 de ellas calificadas de fallecimientos “por exceso”, o fuera de lo esperable. Más de 50.000 profesionales sanitarios han resultado infectados. Cerca de 20.000 fallecimientos se han registrado en residencias de personas mayores.

Sobre una población de 47 millones de personas, estos datos sitúan a España como uno de los países en los que la crisis ha tenido consecuencias más graves.

¿Cómo es posible, en un país situado entre los mejores del mundo por su sistema sanitario y en la decimoquinta posición mundial del Índice de Seguridad?, se preguntan los autores.

Posibles explicaciones

Los autores barajan entre las posibles causas de esta disparidad la falta de preparación para una pandemia (ausencia de sistemas de seguimiento, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR, de equipos de protección y medios para atención a pacientes críticos), así como el retraso en la reacción de las autoridades centrales y autonómicas, la lentitud de los procesos de adopción de decisiones, la intensa movilidad de la población y la migración, la falta de coordinación entre autoridades nacionales y regionales, la falta de confianza en los consejos científicos, la edad avanzada de la población y la falta de preparación en los hogares de mayores.

De acuerdo con los firmantes, “estos problemas se exacerbaron con los efectos de una década de austeridad que mermó el personal sanitario y redujo la capacidad de la salud pública y del sistema de salud”.

Evaluar, ¿para qué?

Una evaluación exhaustiva del sistema sociosanitario es necesaria para preparar al país de cara a futuras oleadas de Covid-19 y otras posibles pandemias.

“Pedimos una evaluación independiente e imparcial a cargo de un panel nacional e internacional de expertos que se centre en las actuaciones del gobierno central y las de las 17 comunidades autónomas”, dicen los firmantes.

A su modo de ver, la evaluación debe incluir tres áreas clave: adopción de decisiones y gobernanza; asesoría científica y técnica y, por último, capacidad operativa. También sugieren que se contemplen factores que han hecho a España más vulnerable, incluyendo el aumento de la desigualdad.

Sus puntos de atención son: funciones públicas en el ámbito de la sanidad, liderazgo y gobernanza, financiación, empleados de los ámbitos sanitario y social, sistemas de información, provisión de servicios, acceso a diagnóstico y tratamiento, papel de la investigación científica, experiencia y valores de individuos, comunidades y grupos vulnerables.

Animan al gobierno de España a considerar la posibilidad de que se lleve a cabo esta evaluación “como una oportunidad que podría desembocara en una mejor preparación y la prevención de muertes prematuras mediante la construcción de un sistema sanitario resiliente basado en la evidencia científica".

Los firmantes son Helena Legido-Quigley, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres; Alberto García-Basteiro, de la Universidad de Barcelona; Carlos Álvarez-Dardet, de la Universidad de Alicante; Alex Arenas, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Rafael Bengoa, que firma como antiguo consejero de sanidad del País Vasco; Carme Borrel, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid; Manuel Franco, de la Universidad de Alcalá de Henares; Montse Gea-Sánchez, de la Universidad de Lleida; Juan Jesús Gestal, de la Universidad de Santiago de Compostela; Beatriz González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Ildefonso Hernández, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; José M. Martín-Moreno, de la Universidad de Valencia; Clara Méndez, del Instituto para la Salud Global de Barcelona; Sergio Minué, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Carles Muntaner, de la Universidad de Toronto; Miquel Porta, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas; Daniel Prieto-Alhambra, de la Universidad de Oxford; y Carmen Vives-Cases, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.