Darias pide evitar la vía judicial pero reitera el obligado cumplimiento de la nueva declaración de actuaciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que ninguna comunidad pidió en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) que “se flexibilizara nada” respecto a la hostelería y, aunque recuerda que su ánimo es el de llegar a “consensos”, ha explicado que la nueva declaración de actuaciones coordinadas ha sido ratificado en el Interterritorial y es “de obligado cumplimiento”.

Darias ha realizado estas manifestaciones en el curso de una entrevista en La Sexta en la que considera que gran parte de las quejas llegan después de “habernos acostumbrado a normalizar unas incidencias acumuladas tremendamente altas” y eso, “no es así”. Todas las CCAA en nivel de alerta 2 no tendrán que cerrar el interior de los bares, ha recordado.

La ministra considera que las condiciones pueden revisarse pero “hay que hacerlo en condiciones seguras”. Darias ha manifestado “ya sabemos lo que pasó el año pasado y eso no puede volver a producirse”.

Con todo, Darias aseguraba esta mañana que su intención de establecer “marcos de actuaciones comunes”, y rechazaba tajantemente el recuso a la justicia “la judicialización es el último paso en la política”.

Desde otros sectores del Gobierno también se han manifestado en favor de mantener el cumplimiento del acuerdo que ayer miércoles fue aprobado por diez de las 17 CCAA y rechazado por seis, más la abstención de Castilla y León. La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido una de esas voces quien ha reclamado que “sería conveniente que las entendiera todo el mundo”. Calvo ha manifestado que hay comunidades "que están de una manera o de otra, pero tenemos que ir con mucha prudencia".

Como ya viene siendo habitual, la vicepresidenta ha centrado sus críticas en la Comunidad de Madrid, asegurando que “lo raro sería levantarnos un día y que Ayuso estuviera de acuerdo en algo”, en referencia al anuncio de la región madrileña de mantener su propia normativa y negarse a aplicar los criterios del nuevo documento. Una postura equivalente a la que ha manifestado el Gobierno Vasco, formado por PNV y PSOE, que no ha sido objeto de crítica por parte de Carmen Calvo y que ayer en el Interterritorial se negó al debate y ha anunciado que seguirá aplicando las normas que marque su propio Consejo Asesor.

La declaración de actuaciones coordinadas acordada por el CISNS permite la reapertura del ocio nocturno hasta las dos de la mañana, ampliable hasta las tres en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo (nivel 1; es decir una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes). Esta situación solamente la cumplen, por el momento Baleares, Valencia y Ceuta

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor tras su publicación en el BOE y estarán en vigor hasta que el 70 % de la población esté vacunada.

Madrid no acatará

En el otro lado, la presidenta en funciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que su Gobierno no acatará las medidas contra el coronavirus acordadas en el seno del Consejo Interterritorial y ha calificado el documento de "imposición política" y "no sanitaria".

Ayuso ha defendido que no se trata de una cuestión de "rebeldía" por su parte, porque "rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos". Además, ha señalado que las comunidades que se han mostrado en contra cuentan con la mayoría de la población española, más de 30 millones de personas.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, comunidad que el miércoles se abstuvo de votar la decisión ha solicitado a la ministra de Sanidad que “que vuelva al consenso”, si bien, en caso contrario ha asegurado que usará “todos los medios a su alcance, incluso los jurídicos para defender los intereses de los castellanos y leoneses».

Desde el sector hostelero el presidente de España de Noche, Ramón Mas, ha considerado "positivo" que vuelvan a abrir los locales de ocio después de más de un año cerrados, pero ha añadido que con las restricciones anunciadas por el Gobierno es posible que no sea rentable mantener abiertas las salas de conciertos y discotecas, por lo que ha advertido que si es así, “no dudarán en acudir a los tribunales”.