El Círculo de la Sanidad pide al Gobierno garantizar la colaboración público-privada en la Ley de Equidad

El Círculo de la Sanidad ha instado al Gobierno de España y en concreto, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a reconsiderar el papel de la colaboración público-privada en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la Sanidad Pública, para no marginar a un último plano “una herramienta clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, tras la reciente aprobación, en Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la Sanidad Pública que condiciona la colaboración público-privada a unos supuestos más restrictivos que los que contiene la legislación actual.

“Desde el Círculo de la Sanidad lamentamos profundamente que el texto previo de la nueva ley relegue a un segundo plano a esta fórmula de gestión que ha demostrado su utilidad para reforzar el SNS siempre que ha sido necesario, y en mayor medida durante la pandemia”, ha asegurado Puente.

En este sentido, considera “más inoportuno que nunca que se margine este tipo de colaboración que ha revalidado su utilidad especialmente durante los meses más duros de la pandemia y que es un instrumento más que necesario para recuperar la calidad del SNS, fuertemente dañada por la pandemia”.

Además, desde el Círculo de la Sanidad recuerdan que únicamente cerca del 5% de los hospitales públicos en España son actualmente gestionados por fórmulas de cooperación público-privada y que son, en su gran mayoría, “un modelo de éxito que ha permitido reducir listas de espera y mejorar en un importante número de pruebas diagnósticas, así como renovar permanentemente el parque tecnológico y las instalaciones”.

Asimismo, Puente insiste en que, “no debemos olvidar que España tiene el parque tecnológico más envejecido de Europa y que gracias a la colaboración público-privada y a las fundaciones privadas que hacen donaciones de equipamiento y mejoras de instalaciones, esta situación no es aún más grave”.

Para Puente, “las nuevas normativas en materia de salud deberían estructurarse buscando la mejora y la sostenibilidad de un SNS cada vez débil, que ofrezca las mayores garantías posibles a la ciudadanía, y no reformarse respondiendo a motivos ideológicos y motivos que no responden a las necesidades de la población en materia sanitaria”.

La nueva ley, que tiene que pasar por el Congreso para su aprobación, donde se espera que se incluyen enmiendas de prácticamente todos los grupos políticos, especifica que la utilización, por parte del SNS, de recursos de gestión privada, “deberá argumentarse en una memoria que justifique la necesidad de acudir a ellos desde el punto de vista sanitario, social y económico, teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de los recursos sanitarios propios”.

“Lo importante, en última instancia, es que los ciudadanos tengan acceso a los mejores tratamientos sanitarios posibles en las mejores condiciones que seamos capaces de ofrecer. Por ello, creemos que lo más útil y beneficioso para la sociedad es trabajar con ese horizonte utilizando todos los recursos a nuestro alcance y en este proceso, la colaboración público-privada tiene mucho que ofrecer”, ha concluido Puente.