Por una nueva forma de administrar

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

La sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que anula el el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud debería suponer un antes y un después en la manera con que la Administración pone en marcha las acciones que quiere llevar a cabo.

La sentencia supone un auténtico revolcón a una manera de hacer las cosas que, por muy bienintencionadas que sean, no se ajustan a los requisitos mínimos de un Estado de Derecho. No se ha limitado a encontrar un defecto de forma para anular el texto, sino que ha ido valorando uno a uno y aceptando todos los argumentos del recurso presentado por Farmaindustria, con lo que fulmina el Plan desde muchos puntos de vista.

La Sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que se trata de una norma jurídica y no un documento de coordinación y, por tanto, ve inválido el procedimiento utilizado para su aprobación, rechaza la competencia para hacerlo de la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), y, por último, considera que desarrolla una norma y altera lo establecido en una ley, vulnerando el principio de jerarquía jurídica. Casi nada.

Creo que la sentencia marca de forma clara el camino que hay que seguir para la elaboración de la normativa. La administración debe ser la primera en cumplir escrupulosamente la ley y no hacer pasar por plan interno, como se empeñó en seguir justificando la Abogacía del Estado, lo que es una norma; no cambiar lo que dice la ley por la vía de los hechos y, por supuesto, respetar el reparto competencial existente. Creo que echa por tierra la cogobernanza en favor de quien ostenta realmente las competencias y debe llamar a replantear el papel de las comunidades autónomas y órganos como la CPF o, incluso, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), cuya composición actual, en relación con las comunidades autónomas, no cumple de facto con lo establecido legalmente.

Considero que todo, absolutamente todo, se puede hacer de acuerdo con la ley, si es necesario cambiando esta previamente. Pero lo que debe imperar es el respeto a la ley, a la seguridad jurídica de los agentes, asegurando que seguimos viviendo en un Estado de Derecho garantista.

Espero que la sentencia de la AN, desde mi punto de vista muy valiente, cambie la forma en cómo se actúa dentro del sistema. Esto es especialmente relevante en el ámbito farmacéutico que, por ser un sector hiper-regulado, está sometido a múltiples discrecionalidades que nunca deberían llegar a ser arbitrariedades. Por ello, se deben establecer los resortes y contrapesos necesarios para conseguirlo.

La sentencia llega además en un buen momento para asumirla y no recurrirla, dar marcha atrás y pensar en el sistema de evaluación que necesite España de cara al futuro. A la hora de escribir estas líneas aún no se sabe qué pasará en las elecciones del 23J, pero la cúpula del Ministerio de Sanidad que aprobó el Plan ya no está. Igualmente, la mayor parte de responsables autonómicos han cambiado. Por todo ello, nadie debería verse comprometido a defender con uñas y dientes un plan que ha quedado profundamente desacreditado tras la sentencia.

¿Y ahora, qué? No cabe duda de que se abre un periodo de incertidumbre. Está claro que la aprobación la financiación y precio de medicamentos no debe esperar a unos IPT que se han quedado sin regulación y parece claro que Sanidad tratará de enmendar la cuestión.

Los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones han abogado por la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Tal vez, la anulación de REvalMed allane el camino y abra la oportunidad a profesionalizar y gestionar de manera independiente la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias. Esperemos que sea así.

José María López Alemany es director de Diariofarma.