Es momento de valentía y generosidad para ir hacia el mejor sistema de evaluación

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

El Ministerio de Sanidad aún no ha decidido si recurrirá o no la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Así lo afirmó el pasado jueves el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández. 

No obstante, hay una serie de indicios que pueden hacer suponer que el Ministerio no recurrirá la sentencia o que, al menos, no tiene intención de volver al modelo de la Red de Evaluación de Medicamentos (Revalmed).

Por un lado, el propio Hernández ha insistido en que el Ministerio ya tenía en marcha la elaboración de un nuevo real decreto de evaluación de tecnología sanitaria que vendría a establecer un mecanismo que, supuestamente, sustituiría a Revalmed. Por otro, resulta llamativo que la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) haya asumido de forma casi instantánea la sentencia, pese a no ser firme y caber recurso hasta el próximo 4 de octubre. La Aemps, ha empezado a publicar IPT prescindiendo de los nodos de Revalmed y de las evaluaciones económicas que se hubieran realizado, así como eliminando cualquier mención a los nodos de la red. Si el objetivo fuera recurrir y defender la legalidad de este modelo de IPT no tendría demasiado sentido omitir una información de Revalmed que posteriormente tendría que volver a incluirla si se recurre y, por tanto, el modelo sigue teniendo vigencia hasta que haya sentencia firme. 

En cualquier caso, lo relevante podría ser analizar qué puede ocurrir en adelante. La situación es compleja ya que el momento político, la ausencia de Gobierno y la interinidad del actual, no permitiría avanzar en según qué desarrollos legislativos. No obstante, sería factible que el Ministerio de Sanidad argumentara que la sentencia de la Audiencia Nacional ha generado un problema sobrevenido en la evaluación de medicamentos y, por tanto, podría utilizar esa situación como la justificación para la aprobación de algún texto legislativo de urgencia. El Ministerio tiene dar pasos con valentía para, con el respaldo de los tribunales, propiciar el que sea el mejor sistema de evaluación de medicamentos posible. Para ello, desde mi punto de vista, deberá hacerlo teniendo en cuenta la perspectiva social. Ni la de los decisores, ni la de los gestores, sino la de la sociedad, con los pacientes como eje de actuación.

En este sentido, es necesario también acometer el encaje en el nuevo modelo del respeto a las competencias autonómicas y la búsqueda de una mayor equidad, objetivo con el que se inició la elaboración de los IPT, también hay que dar encaje a la visión de la justicia, que ve a las CCAA como “administraciones ajenas a la general del Estado y respecto de las cuales, precisamente por su naturaleza constitucionalmente protegida de 'autónomas', no cabe dictar instrucciones u órdenes de servicio”. Además, también será necesario aclarar el papel de órganos como la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), cuya capacidad regulatoria ha quedado en entredicho por la Audiencia Nacional.

No cabe duda de que, a partir de ahora, debe recomponerse el modelo de política farmacéutica. La competencia del Estado en la materia está protegida por la Constitución y avalada ahora por los tribunales y habrá que establecer un sistema que tenga sus contrapesos y garantías, donde el decisor no evalúe (ni influya sobre los evaluadores), aunque tenga grados de libertad política para asumir o no la evaluación; y también donde se separe la decisión regulatoria y de precio, respecto de las cuestiones de gestión de la prestación. En este sentido, cabe destacar que en las pasadas elecciones del 23J todos los partidos coincidieron en la idoneidad de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, lo cual debería allanar el camino a tomar.

Es necesario encontrar los equilibrios necesarios para impulsar un Sistema Nacional de Salud que piense y esté al servicio de los pacientes, al tiempo que dé a las comunidades autónomas las herramientas de gestión necesarias y que todo ello se pueda conciliar con un impulso adecuado a la industria farmacéutica en nuestro país para que contribuya cada vez más a mejorar el tejido productivo e investigador y, en definitiva, el impulso a la economía y la suficiencia estratégica en España y Europa.

Hacer todo esto requerirá de valentía, pero también diálogo y generosidad por todas las partes y, en algunos casos, afrontar cambios y dar pasos atrás en cuestiones que, probablemente, nunca debieron producirse, al menos en la intensidad que lo hicieron. Y el reparto competencial, con el papel que las comunidades autónomas juegan en cuestiones como la evaluación y la decisión de precio, puede ser una de ellas.

José María López Alemany es director de Diariofarma.