Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de el País Vasco han obligado al Ministerio de Sanidad a retirar del orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el Plan de Salud Mental para el periodo 2025-2027. La razón esgrimida ha sido que el texto elaborado por el departamento que dirige Mónica García carece del respaldo de las sociedades científicas para su puesta en marcha. Esta falta de respaldo se matiza en varias cuestiones, entre ellas, una de las más destacadas es el rechazo a la política de deprescripición de psicofármacos que persigue el ministerio y que las CC.AA., amparándose en valoraciones realizadas desde entidades profesionales, no están dispuestas a respaldar.
El vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, explicaba que el plan cuenta con la oposición, tanto de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, como del Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil. La discordia se basa en dos ejes; uno relativo al número de profesionales: “los indicadores que nos presentaba el Ministerio no suponen un incremento del número de profesionales para las comunidades autónomas del número de psicólogos y de psiquiatras”, asegura Vázquez y por otro la cuestión de la deprescripción de psicofármacos. El consejero considera que es un aspecto “ideológico”, que “estigmatiza a los pacientes” y se ha mostrado a favor de seguir un plan para el uso racional de la medicación psiquiátrica que “es mucho menos estigmatizadora” y nace precisamente de las propuestas de los profesionales.
En la valoración contraria, la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecía al término de la reunión del CISNS, que se quedó sin el contenido más importante, aseguraba que los consejeros “no han puntualizado exactamente cual es la parte de que no les gusta”.
En su valoración, la ministra aseguraba que se han remitido a una carta que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha enviado al Ministerio en la que se opone al texto. Si bien García indicaba que “en la carta básicamente dice cosas muy sencillas, que no están de acuerdo con un par de indicadores y que efectivamente no les gusta la palabra deprescripción, les gusta más uso racional, teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes".
Con todo, García señalaba que España es el país que más ansiolíticos y benzodiazepinas consume y “nosotros hacemos una apuesta firme por el uso racional y por la deprescripción; más allá de esto, la carta lo que dice es que hay una serie de indicadores que no le gustan porque son indicadores que ya se están cumpliendo, una cosa que no es un rechazo al plan”, explica. “El objetivo de Sanidad es “poner el foco en aquellos pacientes que ya no necesitan un psicofármaco y que hay que retirarselo". El problema es que con los psicofármacos es que "muchas veces no se quitan", por lo que la palabra deprescripción atajaría "una sobreprescripción de los medicamentos".
En relación con el número de profesionales García considera que el plan propone "aumentar las plantillas", al tiempo que ha agregado que "son las comunidades las que tienen que ampliar esas plazas acreditadas". “Lo que ponemos en el plan son unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar”
"Nuestra apuesta es seguir aumentando el número de plazas", ha afirmado la ministra, quien ha añadido que "el que haya querido tergiversar el documento para decir que es un plan que aprueba una reducción de plazas obviamente o no se lo ha leído bien o tiene mala fe a la hora de hacer esas afirmaciones".
Tras la finalización del pleno, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute ha explicado que las sociedades científicas “se han enterado de este plan por la prensa y que, además, adolece de fallos técnicos que querrían trabajar”.
El plan quedará retrasado hasta que las sociedades científicas, junto con las CC.AA., aporten "las mejoras para el mejor tratamiento de los pacientes". Matute ha añadido que el plan actual carece de financiación específica y “para desarrollar las líneas estratégicas necesitamos profesionales y necesitamos dinero para gestionarlo y llevarlo a cabo porque, si no, va a ser papel mojado”
La ministra ha asegurado que la intención del Ministerio es que el plan vuelva a debatirse en un próximo CISNS. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir intentando tener el máximo respaldo posible". El plan volverá a los diferentes consejos consultivos, donde se modificará entre Sanidad y los técnicos de las CCAA, para después volver a un Consejo Interterritorial. "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas", ha manifestado García.