Las comunidades autónomas han podido plantear su visión acerca de las modificaciones legales que están en marcha, especialmente la Ley de los Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias a lo largo de una mesa dentro del XXIV Encuentro de la Industria Farmacéutica Española, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y organizado por Farmaindustria.
La mesa se convirtió en un foro de reivindicación autonómica donde los responsables de Farmacia de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid coincidieron en que la reforma de la Ley del Medicamento es una oportunidad estratégica que no puede desaprovecharse y reclamaron un marco de gobernanza en el que las comunidades tengan un papel activo en la toma de decisiones.
Ana Clopés, directora del Área del Medicamento de CatSalut, aseguró que estamos “ante una oportunidad que no podemos perder”, por lo que es necesario “valentía y consenso”. En su opinión, la futura ley debe dar un paso más en la transparencia y, en este sentido, reclamó “madurar los criterios de financiación y precio y explicitarlos de forma clara”. Clopés subrayó además que el debate debe situar siempre al paciente en el centro, pero sin perder de vista que la sostenibilidad del sistema pasa por un marco normativo estable, ágil y capaz de adaptarse a la cronicidad, la longevidad y la transformación digital.
Desde la Comunidad Valenciana, Elena Gras coincidió en que la modificación de la ley es imprescindible para adecuar el sistema a la realidad de la innovación y la medicina personalizada y reclamó también claridad en los criterios. “Necesitamos modernizar el marco legal desde la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad, y hacerlo con una gobernanza compartida entre todas las administraciones”, señaló. Gras recordó que las nuevas terapias exigen procesos flexibles y dinámicos y que la ley debe servir para dar coherencia a la evaluación y la financiación, evitando la fragmentación.
La Comunidad de Madrid puso el acento en la contratación pública. José Nieves, consejero delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, denunció que la actual Ley de Contratos del Sector Público añade rigidez y burocracia: “El medicamento necesita una regulación ad hoc que simplifique y agilice la compra pública”. Nieves explicó que en Madrid se ha optado por concentrar procedimientos para ganar eficiencia, pero advirtió de que la ley sigue sin reconocer la singularidad del medicamento, lo que genera costes e ineficiencias.
Gras también se refirió a este punto y reclamó que la reforma tenga en cuenta la realidad de la contratación. “La falta de flexibilidad es un obstáculo para aplicar modelos de financiación innovadores y acuerdos de pago por resultados”. Además, puso de manifiesto la diversidad de interpretaciones que, en materia de contratación, se realiza en las distintas comunidades autónomas, Por ese motivo, apoyó una modificación legal que evite estas situaciones y que dé seguridad jurídica a los gestores, subrayó.
Gobernanza
La gobernanza del sistema fue otro de los ejes del debate. Clopés recordó que ella no se ve como una simple “pagadora”, sino que las comunidades “son responsables de la asistencia sanitaria y de los resultados en salud de millones de ciudadanos” y defendió que esa responsabilidad debe reflejarse en la arquitectura de decisión. Nieves coincidió en que “si la gobernanza no funciona, es muy probable que tampoco lo hagan los demás elementos del sistema”, mientras que Gras subrayó que los equipos autonómicos “están preparados para aportar evaluaciones científicas y económicas de calidad” y que su participación es esencial para dar coherencia al proceso.
En cuanto a la separación entre evaluación y decisión, introducida en el nuevo modelo, Clopés recordó que en Cataluña “ya se trabaja con órganos de evaluación separados de los decisores, y el modelo funciona”. Gras, por su parte, incidió en que las comunidades cuentan con “equipos técnicos cualificados” y que su aportación no debe entenderse como una traba, sino como un refuerzo a la transparencia y la robustez metodológica. Nieves, sin embargo, advirtió de que la falta de coordinación puede derivar en inequidades entre hospitales y comunidades y reclamó un esfuerzo de armonización.
Papel de los farmacéuticos
Más allá de estos grandes bloques, la mesa permitió abordar otros asuntos de relevancia. Se destacó la transformación de la prestación farmacéutica ante la irrupción de terapias avanzadas y medicina personalizada, y se puso en valor el papel de los farmacéuticos hospitalarios, comunitarios y de atención primaria en un modelo que avanza hacia la integración multidisciplinar. Gras defendió la necesidad de reconocer al farmacéutico comunitario como “agente esencial del sistema sanitario” y reclamó su plena incorporación a la atención primaria, mientras que Clopés llamó a “dar más protagonismo a la farmacia de atención primaria” y a potenciar la gestión clínica de los profesionales.
La medición de resultados en salud fue otro de los temas destacados. En Cataluña, explicó Clopés, ya se han registrado más de 350.000 pacientes y 600.000 tratamientos, con más de 50 informes de resultados publicados. “No hablamos de proyectos, sino de realidades. Nuestro objetivo es comprar resultados, no cajas”, señaló. Desde Valencia, Gras puso el acento en la necesidad de coordinación entre comunidades y con el Ministerio para evitar duplicidades en los proyectos de digitalización: “Debemos ser capaces de sentarnos y trabajar juntos para aprovechar el esfuerzo que ya se está haciendo”. En Madrid, Nieves destacó que el número de medicamentos con condiciones especiales de financiación casi se ha duplicado en un año, lo que demuestra que “la colaboración, la certeza de los datos y los acuerdos bien definidos son vías indiscutibles para garantizar la sostenibilidad”.
La mesa concluyó con una reflexión sobre la colaboración con la industria farmacéutica. Gras insistió en que “debemos redefinir el modelo de cooperación y hacerlo corresponsable de la sostenibilidad del sistema”, mientras que Clopés pidió aprovechar la oportunidad de consenso que se abre con la reforma de la ley.
Lilisbeth Perestelo: 
