El Partido Popular de Andalucía y Vox han sellado el acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía que guiará la acción del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años. El documento estratégico detalla una hoja de ruta con un impacto directo en la gestión de la prestación farmacéutica, la política de compras de tecnologías sanitarias, la fiscalización presupuestaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la organización de la asistencia sanitaria general en la región.
El marco del acuerdo concede una relevancia prioritaria a la eficiencia en el gasto de productos sanitarios. Las dos formaciones políticas acordaron reforzar la compra centralizada de medicamentos, material sanitario, tecnología diagnóstica y equipamiento. Esta medida se ejecutará bajo criterios de eficiencia, calidad y transparencia, con la condición explícita de que el ahorro económico derivado de estas licitaciones se reinvierta en la asistencia directa al paciente. El plazo estipulado para la revisión de los contratos vigentes se fijó en los seis primeros meses de gobierno, con el objetivo de implantar el nuevo modelo antes de junio de 2027 y emitir un informe de carácter anual.
En paralelo, el pacto recoge el impulso a la interoperabilidad real de la historia clínica, los sistemas de información y la receta electrónica. Esta integración afectará a la Atención Primaria, hospitales, urgencias, salud mental y farmacia hospitalaria. La principal novedad radica en la inclusión obligatoria de los centros concertados en este circuito de información cuando participen en una actividad financiada con fondos públicos, buscando evitar duplicidades terapéuticas y reducir la repetición de pruebas. Asimismo, la desburocratización sanitaria en Atención Primaria prevé un plan antes de junio de 2027 para descargar a los profesionales de tareas administrativas repetitivas, citando expresamente la renovación de recetas entre estos circuitos a revisar mediante automatización digital e inteligencia artificial.
Auditorías de demoras y costes
El control presupuestario y la fiscalización interna del SAS se articularán a través de tres auditorías específicas. La primera consistirá en una evaluación interna de las listas de espera de la sanidad pública, que abarcará de forma desglosada la lista quirúrgica, las consultas externas, las pruebas diagnósticas, las demoras no estructurales, las suspensiones y los criterios de prioridad entre hospitales. Los resultados se vincularán a un plan extraordinario de reducción de demoras con objetivos públicos por centro, especialidad y provincia, abriendo la puerta a la colaboración público-privada controlada.
La segunda línea de control consistirá en una auditoría anual, pública y desglosada, del coste sanitario directo e indirecto derivado de la atención prestada a la población extranjera. Este informe diferenciará la inversión destinada a residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia legal acreditada, detallando las partidas de farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada. La fiscalización incluirá las facturas emitidas, cobradas y pendientes, así como el coste no compensado por el Estado o por convenios internacionales.
Para gestionar estos recobros, el Ejecutivo creará una unidad autonómica de facturación, compensación y control de asistencia sanitaria a terceros obligados al pago. Este órgano unificará criterios en los distritos sanitarios para reclamar los costes que legalmente correspondan a aseguradoras, mutuas y otros países.
Reforma de la ley de salud pública
El acuerdo contempla modificaciones normativas de calado, como la reforma de la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía. El propósito es tipificar como infracción muy grave el reetiquetado fraudulento y la ocultación del país de origen o procedencia de los alimentos, garantizando el cumplimiento del Reglamento UE 1169/2011.
La financiación de la sanidad pública aumentará en cada ejercicio en un porcentaje equivalente, al menos, al incremento global del presupuesto autonómico, con un refuerzo finalista diferenciado para la Atención Primaria. En materia de personal, el plan de estabilidad laboral buscará reducir la temporalidad y regular las ofertas públicas de empleo. Se desarrollará un sistema de incentivos económicos y profesionales para plazas de difícil cobertura en zonas rurales, contratos puente para la fidelización de residentes MIR y EIR al finalizar su formación, y un programa de retorno para sanitarios españoles que ejerzan fuera de la comunidad.
La ordenación asistencial se completará con un plan de salud mental dotado de equipos infanto-juveniles por provincia, un protocolo de prevención del suicidio con seguimiento activo en 72 horas, la extensión de cuidados paliativos y un plan de choque específico para demoras en pruebas diagnósticas de imagen. A nivel de infraestructuras, el documento compromete la finalización y puesta en funcionamiento efectivo del Hospital Materno-Infantil de Huelva dentro de la legislatura.
El contexto del resultado electoral
La concreción de este programa sanitario responde al resultado de las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 17 de mayo. En dicha convocatoria, el Partido Popular de Andalucía obtuvo el triunfo con un total de 1.744.728 votos, equivalentes al 41,6% de los sufragios y 53 diputados. Por su parte, VOX alcanzó 580.293 votos, situándose en el 13,8% de los apoyos y logrando 15 escaños. La suma de ambas formaciones políticas dota al nuevo Gobierno de una mayoría sólida de 68 diputados sobre los 109 que componen la Cámara autonómica, lo que representa el 62,4% del arco parlamentario. En virtud de este acuerdo de coalición institucional, Vox asume la responsabilidad política de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, un departamento que contará además con el rango de Vicepresidencia dentro de la estructura de la Junta de Andalucía.
Lilisbeth Perestelo: 
