Declaración de Asturias: la farmacia pide integrar los SPFA en la cartera del SNS

La Declaración de Asturias. Farmacia 2035 propone incorporar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) a la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS), con evaluación, financiación y acceso equitativo en todo el territorio. El documento, presentado el 1 de octubre en la rueda de prensa del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, establece diez ámbitos prioritarios para ampliar la contribución de la profesión al sistema sanitario durante la próxima década.

La hoja de ruta reclama desarrollar la atención farmacéutica domiciliaria, revisar las limitaciones a la dispensación de medicamentos innovadores e integrar las farmacias en las redes de vigilancia epidemiológica y salud pública. También plantea mejorar la comunicación con los prescriptores, actualizar las competencias profesionales y preparar la red farmacéutica para responder ante emergencias.

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, situó el objetivo en extender las iniciativas que ya demostraron su utilidad. “Ahora lo que queremos es extender y dar respaldo a lo que ya funciona”, afirmó durante su comparecencia junto a Teresa Méndez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

Aguilar recordó que la actualización del mapa de servicios presentada en el congreso recoge más de 200 iniciativas asistenciales, desde cribados hasta cesación tabáquica y sistemas personalizados de dosificación (SPD). La declaración reconoce esos avances, pero también las diferencias territoriales en el apoyo institucional y el grado de implantación de los servicios.

Para superar esa desigualdad, propone regular e incorporar a la cartera común prestaciones como la revisión de la medicación, el seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia o los SPD. Su inclusión debe facilitar la concertación y el despliegue autonómico, de modo que las experiencias existentes evolucionen hacia servicios evaluados, financiados y accesibles con equidad territorial.

Atención domiciliaria y acceso

El desarrollo de un marco estable para la atención farmacéutica domiciliaria constituye otro de los objetivos. La propuesta se dirige a mayores, dependientes, personas con discapacidad, pacientes complejos y otras personas vulnerables con dificultades para desplazarse, con intervención directa del farmacéutico desde la farmacia de proximidad.

El texto concibe esta atención como una extensión de la actividad asistencial de la farmacia, con responsabilidad profesional y garantías de seguridad, trazabilidad y asesoramiento. Durante las preguntas, Aguilar insistió en que se trata de asistir a personas que necesitan esa atención y defendió que los medicamentos permanezcan bajo responsabilidad farmacéutica.

La declaración vincula también la proximidad con el acceso a la innovación terapéutica. Propone revisar las reservas singulares para que los medicamentos no se desvíen al canal hospitalario salvo que exista una justificación clínica o de seguridad, y extender modelos de dispensación colaborativa con coordinación y trazabilidad.

Esta ampliación asistencial requiere una conexión más estrecha con los demás profesionales sanitarios. El documento reclama acceso al historial farmacoterapéutico, registro de las intervenciones y canales ágiles de comunicación con los prescriptores, con la extensión de las experiencias que ya funcionan en distintos territorios.

Méndez aportó el ejemplo de Asturias, donde, según explicó, el canal de comunicación entre farmacia comunitaria y atención primaria resolvió casi 200.000 incidencias desde 2023. Señaló que esta herramienta permite abordar problemas de suministro y dificultades de acceso a tratamientos, y recordó su utilidad durante la huelga sanitaria para resolver incidencias con recetas y evitar interrupciones de la medicación.

Prevención y salud pública

La integración progresiva de las farmacias en las redes estatales y autonómicas de vigilancia de la salud pública busca aprovechar su contacto cotidiano con la población. El documento plantea reforzar su participación en cribados, vacunación, cesación tabáquica, detección precoz y educación sanitaria, además de identificar fragilidad y otras situaciones de vulnerabilidad para activar los recursos correspondientes.

Aguilar reclamó una participación más articulada en los cribados, ante las diferencias entre comunidades autónomas. Sobre vacunación, situó la prioridad en mejorar las coberturas. “Para mí no es tan importante, personalmente, la vacunación desde el punto de vista de la aplicación como que se aumenten las tasas de vacunación”, manifestó.

Preguntado por la administración de vacunas en las farmacias, explicó que el Consejo General trabaja con las administraciones y el sector para aumentar esas tasas. “Si eso lleva consigo que en ciertas zonas, en ciertas áreas, donde sea, sean necesarios nuestros servicios, ahí estamos”, añadió.

La hoja de ruta plantea actualizar progresivamente las competencias de los farmacéuticos en sus distintos ámbitos de actuación. Esa evolución debe preservar la independencia profesional y la separación entre prescripción y dispensación, tanto en salud humana como animal, y consolidarse en nuevas especialidades y áreas de capacitación, especialmente en salud pública.

Datos y seguridad profesional

La incorporación de la farmacia al Espacio Europeo de Datos Sanitarios es otro de los avances propuestos. La declaración promueve un espacio farmacéutico de datos, con colaboración de la organización colegial y garantías para transformar la información sobre dispensación, adherencia, farmacovigilancia, suministro y servicios profesionales en conocimiento útil para asistencia, investigación, planificación y salud pública.

El documento contempla herramientas de inteligencia artificial seguras y evaluadas que ayuden a los profesionales. A la vez, reclama actualizar el marco deontológico para garantizar transparencia, supervisión humana y responsabilidad profesional, junto a una estrategia de seguridad del medicamento que aborde errores, interacciones, duplicidades, polimedicación y desinformación.

La preparación ante emergencias completa esta dimensión de seguridad. La propuesta consiste en integrar formalmente a la profesión, en todos sus ámbitos, y a las farmacias comunitarias en los planes públicos frente a pandemias, catástrofes naturales y otras emergencias sanitarias, con protocolos previos de contingencia y continuidad farmacoterapéutica.

Para sostener esas funciones, la Declaración de Asturias reclama una legislación que garantice la viabilidad económica de la red, especialmente en el medio rural, pequeños municipios y zonas con dificultades. También pide consolidar las iniciativas asistenciales, sociales y de salud pública que acrediten valor sanitario, con estabilidad y seguridad jurídica. Aguilar resumió el propósito en “pasar de experiencias que ya funcionan a una mayor capacidad de actuación de la farmacia en todo el Sistema Nacional de Salud”.