Isabel Baena, ex viceconsejera de Salud de Andalucía y doctora en Farmacia, compareció el pasado día 8 de junio ante el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social y dio sus recetas para reforzar el sistema sanitario a la salida de esta crisis sanitaria. Introdujo, dentro de la obligada reforma de la Atención Primaria, la incorporación efectiva de la farmacia comunitaria al Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, puso el acento en la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones para dar cabida a la innovación farmacoterapéutica.
Para Baena, "la pandemia ha servido de lente de aumento para que los ciudadanos tomemos conciencia sobre la importancia de un SNS robusto, equitativo y bien dotado para responder a las necesidades presentes y futuras". Y entre las áreas donde la actuación se hace más prioritaria situó a la Salud Pública y la Atención Primaria. También subrayó la importancia de revisar el marco de financiación y el de gobernanza.
En Salud Pública, coincidió con los que proponen, en línea con lo dispuesto en la Ley General, la creación de un organismo estatal que coordine toda la actividad. Josune Gorospe, del Grupo Parlamentario Vasco, puso en cuestión la necesidad de crear más instituciones orientadas a centralizar políticas, aunque Baena respondió que, en ámbitos como el de la Salud Pública, como ha demostrado la pandemia, hay situaciones que sobrepasan las fronteras de las comunidades autónomas. En su opinión, se ha visto que es imprescindible dotar a ese nuevo organismo con "recursos humanos, solvencia técnica y autonomía", para que oriente actividades que se han mostrado muy relevantes, como la vigilancia epidemiológica. La mejora de las condiciones para los profesionales de este ámbito profesional será clave para incentivarles a que elijan esta salida profesional, opinó.
En lo que respecta a la Atención Primaria, estimó que es necesaria una renovación que pase, en primer lugar, por planificar la cobertura de profesionales, "muy afectada por las carencias"; incentivar su presencia en las áreas rurales; dotarles con nuevas competencias y nuevos roles e incrementar el peso de fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y farmacéuticos, entre otros, para conseguir una aproximación "más holística".
En este punto, consideró necesario que hay que "establecer canales formales de comunicación con la farmacia comunitaria y reconocer su papel en el SNS". La diputada socialista, Ana Prieto, farmacéutica de profesión, le pidió más concreción, a lo que añadió: "Es una asignatura pendiente la incorporación del farmacéutico comunitaria como profesional sanitario". Justificó esta posición con la labor que han desempeñado durante la pandemia, en la que se han mantenido, dijo, "siempre al frente de un servicio básico", la cual mereció el reconocimiento de la popular Carmen Riolobos.
Baena defendió la existencia de "evidencia de cómo los pacientes necesitan de un seguimiento efectivo para que se vea mejorada su salud". "Es una evidencia que los fármacos generan problemas de salud y que hay método para poderlo manejar. La distribución territorial de la farmacia permite un servicio cercano y muy potente. Con la metodología adecuada, se puede ganar salud y eficiencia. Solo falta que la Administración dé el salto y establezca la forma para que la farmacia pertenezca de forma efectiva al SNS", concluyó, asegurando que esa información reportará mejoras en la salud de los pacientes y eficiencias para el propio sistema.
La ex viceconsejera andaluza se refirió también, en relación con el medicamento, a la necesidad de avanzar en una política de incorporación de la innovación orientada "a disponer cuanto antes de los mejores avances, con criterios adecuados a la eficiencia", para lo que, a su juicio, es fundamental "hacer previsión de impacto presupuestario", además de establecer una relación con la industria basada en la "transparencia" y un modelo de fijación de precios que pivote sobre el coste-efectividad y el pago por resultados".
Abordó también, durante su discurso, dos cuestiones que, para ella, son prioritarias para el buen funcionamiento del sistema, como son la financiación y la gobernanza. Opinó que hay que preservar "el SNS financiado por impuestos", aunque "hay que mejorar la suficiencia financiera" y avanzar hacia el establecimiento de "partidas finalistas, con las condiciones acordadas por las CCAA". La aplicación de éstas últimas conllevaría una evaluación posterior para verificar que la ejecución se ha hecho efectiva, que podría hacerse en un Senado reconvertido en verdadera Cámara Territorial. También propuso reforzar el Fondo de Cohesión y establecer un Fondo de Garantías para resolver las inequidades entre comunidades autónomas y los recelos que aún existen ante necesidades de atención transfronteriza.
Finalmente, defendió la importancia de mantener un buen equilibrio entre la actual descentralización, que, dijo, es "responsable de la bondad del actual SNS" por adaptarse a las necesidades del territorio, con una mejor coordinación articulada desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.