Sendín apoya subastas y 'cataloguiños' y copago por renta y estado de salud

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha defendido sin dudarlo las políticas de selección de medicamentos que hacen las comunidades autónomas, como los casos de las subastas de medicamentos de Andalucía o el 'cataloguiño' gallego. Para el presidente de los médicos, "no hay nada que objetar desde el punto de vista profesional y deontológico a las medidas de selección de medicamentos que puedan realizar las Administraciones sanitarias", Según él, por "ética pública y eficiencia social" se deberían extender al conjunto del SNS los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la adquisición de todos los medicamentos y productos farmacéuticos.

Así lo ha explicado este viernes en su intervención en el Forum Europa. Tribuna Andalucía, celebrada en Sevilla, donde ha pronunciado una conferencia sobre "Uso racional del medicamento", donde ha sido presentado por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, en la que ha expuesto su visión sobre las repercusiones del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud.

En su intervención, que se centró en el gasto farmacéutico que en España, explicó que es superior a la media europea y  que presenta una "tendencia crónica al crecimiento incontrolado si no se ponen medidas para frenarlo", a pesar de la reducción significativa por receta en los 3 últimos años como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el uso de genéricos, el sistema de precios de referencia  y medidas especiales como las introducidas en Galicia con el Catálogo de medicamentos y las "mal denominadas subastas" en Andalucía.

Además, cuestionó la "opacidad" y falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario que, a pesar de la obligación legal de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros del SNS, no existen datos oficiales anuales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución.

Sendín también expuso la necesidad de una regulación permanente, tanto nacional como internacional, de la industria farmacéutica, con políticas de precios transparentes y socialmente responsables; garantías públicas para blindar la propiedad industrial sin que ello ponga en peligro, según indicó, en ningún caso el normal funcionamiento del Servicio público sanitario por los precios de los nuevos medicamentos como ha ocurrido con los fármacos contra la Hepatitis C. En este sentido, argumentó que "no puede ser que un medicamento, que en EE.UU. alcanzó el precio de 76.000 euros, se venda en India o Egipto, a 300 y 700 euros, respectivamente. Y aquí en España, se  ponga un precio que desconocemos".

De este modo, ante los nuevos fármacos, se debería realizar una "evaluación económica técnicamente rigurosa" y deben estar disponibles para la población a "precios razonablemente asequibles", de manera que no se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, explicó. Tener en cuenta formas dinámicas de financiación en función de la efectividad alcanzada, volumen de ventas y riesgo compartido, revisar el sistema de patentes y, por supuesto, dotar de transparencia al sistema vigente de fijación de precios, fueron algunas de sus propuestas.

Cambios en el copago

Por otro lado, el presidente de la OMC abogó por regular la "excesiva demanda".  Según él, "no hay que olvidar que el uso inadecuado de fármacos, por todas y sus complejas causas, produce muchas más muertes al año que los accidentes de tráfico y que el 15% de las urgencias hospitalarias también son por esta causa". En este sentido, aludió a las "adquisiciones innecesarias" que provoca la gratuidad, por lo que se mostró partidario de "ajustar el copago a la renta y al estado de salud, y no a la condición de activo o pensionista", estableciendo un límite de aportación máxima anual por persona, excluyendo del mismo a los ciudadanos con ingresos inferiores a ciertos niveles de renta, con fórmulas por las que no deban adelantar recurso alguno.

En cualquier caso y según su criterio, "todas las personas deben tener garantizados mediante financiación pública los medicamentos suficientes para atender las necesidades de salud".