Lucha partidista en la atención sanitaria a inmigrantes

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma

En los últimos meses se está produciendo un debate que, en este final de agosto, está arreciando. Es el relativo a la asistencia sanitaria de los inmigrantes ilegales. En esencia, la mayor parte de la oposición pide la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 para que los inmigrantes, ilegales o no, tengan derecho a una asistencia total en el Sistema Nacional de Salud y, por otro lado, el PP, que ahora está de acuerdo con la necesidad de dar asistencia a los inmigrantes, indica que no se puede hacer ‘a las bravas’ por las consecuencias que ello tendría sobre el turismo sanitario.

Está claro que el error de inicio se produce cuando el Gobierno, a través de un real decreto-ley y sin debate alguno en el Parlamento, cambia la universalidad de nuestro sistema sanitario y lo convierte de facto en un sistema de aseguramiento. No obstante, es cierto, como se han afanado en decir los representantes del PP que antes de 2012 había muchos españoles que no tenían cobertura pública y que ahora sí. Es cierto que antes de 2012 los contribuyentes españoles tenían que hacer frente a gastos que iban más allá de la solidaridad y la humanidad y que suponían 1.000 millones de euros al año y que no es de recibo que España pague la asistencia sanitaria de ciudadanos de la UE, incluso en intervenciones realizadas en sus países de origen. Es cierto que los controles para que eso no ocurriera le había supuesto a nuestro país la apertura de un dictamen motivado. Pero todo eso se tenía que haber hablado y pactado con la oposición, protegiendo a los más débiles, para no encontrarnos en esta situación ahora mismo.

Por todo ello, creo que el objetivo debe ser avanzar en la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales sin perder ni un ápice de todo lo obtenido, también, por el RDL 16/2012. Supongo que en eso estaría de acuerdo todo el mundo. Pero no es tan fácil, lamentablemente.

El problema actual es que se está intentando resolver una cuestión que permite hacer uso fácil de la demagogia y el electoralismo a escasos tres meses de las elecciones generales. Y eso hace que el partidismo y el politiqueo impida una solución consensuada que pudiera permitirle al PP revertir la imagen de ogro que tiene. Ya se sabe, al enemigo, ni agua. Pero mientras, los inmigrantes, seguirán sin atención.

Las comunidades autónomas, especialmente las del PSOE pueden empezar (y ya lo están haciendo) a dar tarjetas sanitarias a todo aquél que la pida. Y en caso necesario, dentro de unos meses, cuando ya hayan pasado las elecciones, sustituirlas por el documento alternativo que propone Sanidad. En cualquier caso, no hay prisa ya que la ‘amenaza’ del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, que no era tal, sino la advertencia de las consecuencias de una sentencia del Tribunal Europeo contra España, tardaría en llegar unos cuantos años. Así, mientras todo ello se produce, los que han dado las tarjetas pasarían por ser los más solidarios del mundo. Y los otros... pues no.

Pero, ¿Qué es lo más relevante, que los inmigrantes tengan una tarjeta como la de cualquier español o que estén atendidos? Para mí, está claro. Lo segundo. Y en caso de duda, incluso les preguntaría a los propios inmigrantes que estén en las salas de espera de las urgencias de los hospitales españoles. Pero lo que veo es que los políticos están empeñados en poner trabas para que eso se produzca lo antes posible y en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué problema hay porque sea un documento diferente? ¿Acaso los extranjeros tiene un Documento Nacional de Identidad (DNI)? No, tienen un NIE (Número de Identidad de Extranjero), que no es igual a nuestro DNI, aunque sirva para exactamente lo mismo y no por ello se les está discriminando.

Además, en los últimos días se ha hecho batalla también del registro anunciado por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. ¿Es tan relevante que haya un registro de inmigrantes a los que se va a otorgar la asistencia sanitaria? Por supuesto que no. ¿En cuántos registros públicos estamos cada uno de nosotros? Se cuentan probablemente por decenas o centenas y muchos de ellos públicos (DNI, pasaporte, tarjetas sanitarias, carnet de conducir, impuestos, etc.). Los registros son algo inherente a la sociedad actual. Incluso dando una tarjeta sanitaria, esos mismos inmigrantes estarían en un registro.

Yo no creo que nadie, ni ningún partido político serio, crea sinceramente que es posible que nuestro país, que nuestro SNS, pueda convertirse en el hospital universal y sin ningún tipo de control. Por mucho que nos duela, no puede ser así. Igual que no hay ningún país que pueda hacer frente a la crisis de refugiados sirios e irakíes que se está produciendo a las puertas de la UE en el este de Europa. Por ese motivo, en el ámbito sanitario, hay que poner límites. Los menores, es cierto, pero algo que sea lógico. Un mínimo de residencia, empadronamiento, un registro, un control. Algo que impida que cualquier ciudadano del mundo, incluso un millonario, se beneficie a costa de los españoles de la generosidad de nuestro sistema de trasplantes, por ejemplo, sin haber pisado nuestro país más que para la operación.

Esto es fácil. Y si las CCAA y Ministerio de Sanidad no llegan a un acuerdo el próximo 2 de septiembre, será porque ponen por delante sus propios intereses que los de los inmigrantes. Y eso, sí que es intolerable.