Sin obviar su mención a los ya clásicos conceptos de sustitución e intercambiabilidad, a la necesaria trazabilidad, y a la necesidad de contar con una legislación específica para determinar los criterios de utilización de los medicamentos biológicos (suficientemente clarificados, en su opinión, en el caso de la sustitución), el socio director del Área de Derecho Farmacéutico en De Lorenzo Abogados, Julio Sánchez Fierro, aprovechó su intervención en el foro 'Biológicos, innovación y salud', organizado por MSD en colaboración con el IESE, para realizar una defensa abierta a la libre competencia como fórmula para la fijación de los precios de estos productos y sus similares.
Sobre este particular, Sánchez Fierro aseguró que "la libre competencia en precios es el mecanismo más transparente que pueda existir". "En cambio", prosiguió, "cuando el legislador distorsiona el ejercicio de ésta con sus medidas, se producen efectos negativos para el SNS y para los propios pacientes. En el caso concreto de la congelación del precio de un medicamento, esto significa que las posibilidades de que éste se reduzca quedan anuladas y la ventaja, que puede ser significativa en los primeros meses, puede terminar convirtiéndose en un lastre de ahí en adelante".
En una línea similar se mostró Ángel Fernández, presidente y director general de MSD en España y Portugal, quien afirmó que el hecho de que haya libre competencia, "en vez de establecer cuotas, techos o suelos, sería suficiente para la moderación de estos precios y defendió un marco en el que "que cada compañía ponga a disposición de las autoridades el fruto de su investigación y que la libre competencia actúe en la fijación de los precios".
Un precio que incluya los costes evitados
Además de esta propuesta, y a la hora de establecer los precios de estos productos, los participantes en la mesa también defendieron la necesidad de hacer una evaluación más completa de la aportación que hacen estos medicamentos. En este sentido, fue Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá, quien señaló la necesidad de incluir la reducción de costes que conlleva la utilización de los biológicos en un amplio abanico de enfermedades. "Hay costes que se reducen por la evitación de reingresos y de hospitalizaciones, también por la no aparición de infecciones cruzadas. Estos beneficios no se están calculando y tenemos la obligación moral de hacerlo para ver cuál es el coste real de estos fármacos", señaló.
A este respecto, y pese a que hay compañías que ya han comenzado a presentar estudios postcomercialización donde demuestran los ahorros conseguidos con sus medicamentos frente a otras alternativas terapéuticas, Zaragozá opinó que, más que de la industria, "esto debe considerarse como una responsabilidad de todos, aunque principalmente de la Administración, que debe hacer recopilar esos datos para poder actuar sobre el precio de forma realista". Sánchez Fierro añadió, sobre este particular, que "la falta de datos sobre costes indirectos evitados es un problema endémico en las políticas farmacéuticas de la UE, siendo escasos los dosieres que los incluyen".
Alusión a las subastas como fórmula no deseada
Justo a estas consideraciones sobre la fijación del precio de los medicamentos biológicos, no faltó alusión a los mecanismos implementados en algunas comunidades autónomas. Ahí, Zaragozá aprovechó el reciente dictamen del Consejo de Estado con respeto al Yak-42, "cuando dice que la subasta en el precio puede traer aparejada una reducción de la calidad en la prestación. ¿Por qué no se aplica ese criterio en el caso de los medicamento?", se preguntó. Y añadió: "Las grandes bajadas de precios esconder la reducción de procesos galénicos".
Sánchez Fierro también se refirió al procedimiento andaluz y la falta de transparencia sobre el destino de los ahorros. En su opinión, "no es suficiente que las autoridades digan que ese dinero se dedica al sistema sanitario. Deben de existir unas cuentas claras donde se cuantifiquen los ahorros, tanto los directos, como indirectos, y también que permitan identificar quién sale beneficiado, porque, si no son los pacientes, esta medida sólo estaría sirviendo para restringir el acceso a determinados tratamientos".
Nicolas Gonzalez Casares: