MSD ha organizado, en el marco del XXV Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario, un taller de trabajo, titulado ‘Precios, costes y financiación de los medicamentos: hacia un nuevo marco regulatorio’, en el que varios expertos de los campo de la Economía y el Derecho han defendido la necesidad de dar el salto definitivo hacia un modelo de financiación de los medicamentos basado en la medición de resultados y el pago por valor, así como la adopción de un marco regulatorio que dé soporte a esta nueva concepción. Regina Revilla, directora de Policy & Government Affairs de MSD y moderadora de la mesa, señaló, a este respecto, que "la investigación avanza de tal manera que se está configurando una situación que difícil de acompasar desde un punto de vista regulatorio". La clave, en su opinión, está en "medir eficiencia, teniendo en cuenta todos los costes, y poniéndolos en relación con los resultados en salud".
Esta concepción global de los resultados que producen los medicamentos fue defendida también por Álvaro Hidalgo, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Max Weber, que elaboró recientemente un informe para Farmaindustria en el que, precisamente, se ponía en valor el impacto de la innovación en la generación de ahorros en otros ámbitos, como la productividad o la reducción del número de hospitalaciones.
Para Hidalgo hay ya información suficiente, en la literatura y procedente de las experiencias de otros países (citó casos como los de Italia o Reino Unido) como para avanzar por la senda del pago por valor, un enfoque que, a su juicio, es necesario adoptar lo antes posible porque, dijo, "nos enfrentamos a fenómenos como el envejecimiento y la cronificación de muchas enfermedades". Por eso, aseveró, "es fundamental medir y cuantificar la innovación", y recordó la utilidad de herramientas como el Innovómetro, diseñado, a petición de la Subdirección General de Calidad de los Medicamentos (liderada entonces por Carlos Lens), por un grupo de trabajo encabezado por el catedrático Francisco Zaragozá, y que ofrecía una metodología que finalmente no ha sido utilizada.
Para David Cantarero, profesor titular de la Universidad de Cantabria y responsable del Grupo de I+D+i en Economía de la Salud, el momento ideal para avanzar por esta senda es ahora. Y es que, afirmó, "los momentos de crecimiento económico permiten la introducción de planteamientos innovadores de este tipo, los cuales suelen generar más resistencias en épocas recesivas". Por eso, llamó a que, más allá de que se vayan desarrollando proyectos aislados de pago por valor y en función de resultados, "esta visión se convierta en tendencia" en todo el Sistema Nacional de Salud. No obstante, mostró cierto pesimismo con respecto a que sus deseos se conviertan en realidad, ya que, dijo, "esto es una cuestión de voluntad política", y citó el ejemplo del anuncio sobre la investigación de la Airef como muestra de la tendencia que existe en realidad, "más economicista".
En cuanto a las limitaciones para la aplicación de estos procedimientos, además de la falta de voluntad política, se hizo la referencia habitual a la ausencia de sistemas información adecuados. Asimismo, el propio Cantarero aludió a la realidad de que "siguen existiendo muchos fármacos con eficacia alta, pero que encuentran más problemas a la hora de demostrar la efectividad, y eso dificulta el pago por valor". En esta línea, también se hizo referencia en la esa a los medicamentos aprobados a través de esquemas de acceso temprano, que dificultarían también la aplicación directa de estos modelos de pago al tener que terminar de demostrar en la práctica clínica los buenos resultados que prometen. Hidalgo confirmo que la única solución ahí es realizar un "seguimiento" estrecho "para ver que se confirman".
Marco regulatorio
Pero además de todos estos aspectos que podrían ejercer de dinamizadores, durante el encuentro se hizo alusión también, y varias veces, al estancamiento en la actualización de la regulación de precios y financiación, que se viene arrastrando ya desde hace algunos años. Los expertos hablaron de "oportunidad perdida". Entre ellos, el abogado experto en Derecho Sanitario Julio Sánchez Fierro, que se quejó de que sigamos apegados a sistemas como el de los precios de referencia, en vez de avanzar en el pago por resultados, o que no se hayan regulado los registros de pacientes. De cara a retomar su tramitación, defendió "que se dé transparencia al contenido".
Igualmente, Sánchez Fierro calificó como "oportunidad perdida" la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de la que alabó que haya incluido "criterios, junto al precio, de carácter social, medioambiental, de RSC, etc.", pero de la que calificó como "lamentable" el hecho de que no haya incluido "ningún criterio propio del ámbito sanitario", lo cual, dijo, es "grave, teniendo en cuenta que el gasto sanitario representa en torno al 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas". Lo ideal hubiera sido, opinó, que "aspectos como los resultados en salud, la calidad de vida o la contribución a la sostenibilidad encontraran eco en esta ley".
Fruto de este vacío reglamentario sería, concluyo, "el hecho de que haya un problema no resuelto con las subastas de Andalucía, o que no se sepa con qué criterios se toman decisiones en las comisiones de Farmacia, se cambian tratamientos prescritos vía compra centralizada, o se elaboran las guías clínicas y los protocolos".