Profesionales de la economía, ciencias de la salud, personal académico e investigador se han dado cita en el las Jornadas anuales de la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año se han celebrado en Gerona bajo el lema “Hacia un sistema sanitario sostenible, innovador y digital”.
A lo largo de las jornadas se han presentado una serie de trabajos de investigación, entre los que destaca uno llevado a cabo por Juan Carlos Rejón-Parrilla, Jaime Espín y David Epstein, del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada. Estos expertos han evaluado los criterios para la adopción de decisiones sobre financiación de medicamentos en España a partir de un sondeo a más de 1.000 expertos de diferentes grupos de interés involucrados en la economía de la salud y la evaluación de tecnologías sanitarias. En su trabajo han documentado un consenso extendido alrededor de varios aspectos, como la necesidad de utilizar un umbral específico de coste-efectividad en España, con el matiz de que ese umbral “sea distinto para diferentes grupos poblacionales y situaciones especiales”.
Asimismo, los autores consideran que existe un margen para mejorar los niveles de transparencia de la metodología que se emplea para apoyar las decisiones de financiación de medicamentos. A su modo de ver, los resultados de su trabajo pueden ser un punto de partida “sólido” para un proceso de desarrollo de criterios en la ley del medicamento, detallando además los instrumentos que se emplean para cuantificar cada uno de ellos.
En el punto de partida de su trabajo, han recordado que los criterios para decidir si un medicamento se financia se establecieron en 2006 (en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), y que todavía falta un desarrollo reglamentario para definirlos.
Sobre una base internacional, incluyendo expertos (esta vez de 46 países), los mismos autores han llevado a cabo otro estudio para analizar los mecanismos de precio y reembolso de terapias avanzadas.
Este segundo análisis ha permitido observar que el acceso a este tipo de tratamientos es desigual. Las causas en la inequidad se deben a diferencias regulatorias, decisiones “comerciales” por parte de los titulares de autorizaciones y “procesos evaluadores y criterios divergentes” por parte de los pagadores.
En consecuencia, los autores recomiendan estrechar la colaboración entre países y otros actores para una mayor homogeneidad de acuerdo con la Iniciativa de Oslo.
El biosimilar con más competidores: trastuzumab
Por otro lado, Leticia Garcia Mochón, Zuzana Špacírová y Jaime Espín, de la Escuela Andaluza de Salud Pública han presentado un estudio sobre el mercado de biosimilares en España.
El trabajo constata que en la mayoría de las comunidades autónomas el empleo de estas terapias ha aumentado de forma más acusada entre 2018 y 2019, con una mayor tasa de variación media anual en La Rioja entre 2016 y 2021.
Desde la primera autorización en Europa (2006) se ha dado luz verde a 74 biosimilares, correspondientes a 19 principios activos. El estudio recoge que trastuzumab es el biosimilar con más competidores, enoxaparina el que más años tardó en sacar un primer biosimilar.
La idea es extraer recomendaciones para el futuro diseño de políticas de biosimilares en España.
Revisión sistemática del coste de los JAK
Otro de los estudios relevantes expuestos ha sido efectuado por los expertos de la Universidad de Cantabria y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) Paloma Lanza, Marina Barreda, Noelia Cobo y David Cantarero, que han dado a conocer en el encuentro su revisión sistemática sobre el coste de los inhibidores de JAK para los pacientes con artritis reumatoide.
Se trata de una familia de cuatro fármacos (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib y filgotinib) con varias indicaciones, aprobada para mayores de 65 años con riesgo elevado de problemas cardiovasculares o cáncer. Se comparan con los fármacos antirreumáticos convencionales para la artritis reumatoide bajo el prisma de trabajos anteriores que han apuntado que el coste promedio anual es más elevado para el tratamiento convencional (8.604 dólares frente a 6.377 dólares el tratamiento por paciente con terapia convencional frente a tofacitinib).
Pendiente de ser completado, los autores esperan obtener resultados positivos y comprobar que los inhibidores de JAK son un tratamiento beneficios para pacientes que no tienen un tratamiento alternativo y que pueden ganar con esto una mayor calidad de vida.
Nicolas Gonzalez Casares: