El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha convocado un acuerdo marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones del Estado por un valor que asciende a 2.000 millones de euros para dos años.
El acuerdo, al que se han adherido doce comunidades autónomas (Andalucía; Aragón; Asturias; Baleares; Canarias; Cantabria; Castilla-León; Castilla-La Mancha; Extremadura; La Rioja; Madrid y Navarra), además de los ministerios de Defensa; Interior así como el propio Ingesa para la gestión de Ceuta y Melilla, tiene como objetivo contar con una reserva estratégica de estos productos de protección para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la covid-19, según explica el Ministerio de Sanidad en un comunicado.
El acuerdo se produce por un año y contempla una prórroga por otro más, algo que llama la atención debido a la posible consecución de una vacuna a lo largo de 2021 así como a que los precios se encuentran todavía muy tensionados por la falta de capacidad productiva, por lo que sería de esperar que en los próximos meses se fueran ajustando. Pese a ello, Sanidad estima que el ahorro por esta compra centralizada podría alcanzar los 300 millones de euros.
A lo largo de esos dos años se adquirirían 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. Dicha cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes. El importe económico total del citado acuerdo marco, con IVA y prórroga incluidos alcanza los 2.431.793.480 euros.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado y previa consulta a los servicios de salud de las CCAA, explica Sanidad. Por lo tanto, las empresas, “podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación”, asegura el departamento de Salvador Illa.
La tramitación es de emergencia por lo que los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre.
