La Federación de Asociación Científico Medicas Españolas (Facme) ha emitido un comunicado, ahondando en la cuestión de la formación a los profesionales sanitarios, en el que destacan la función de las sociedades científicas como "responsables del desarrollo de los campos de conocimiento propios de su especialidad, mediante la promoción de la investigación, la difusión del conocimiento y la formación de los profesionales". Por ello, reclaman que les sea reconocido su papel como "interlocutor clave en esta materia".
Pese al desempeño de esta actividad, en forma de congresos, publicaciones y "decenas de miles de horas de formación", recuerdan que, contra lo que ocurre con las instituciones de representación profesional, las autoridades sanitarias "nunca han legislado, reconocido o apoyado la actividad de las sociedades científicas, ni a nivel estatal ni en las comunidades autónomas". Eso, dicen, "pese al evidente beneficio para el sistema de salud o de la permanente utilización de los recursos de conocimiento generados que no se pueden obtener de otras fuentes".
Sitúan en esta falta de reconocimiento y apoyo la dependencia de la aportación de los socios, los ingresos por cursos y congresos y el patrocinio de las industrias farmacéuticas y tecnológicas. No obstante, destacan el carácter "público y transparente" de los acuerdos firmados con las empresas, "que aseguren la calidad y la ética de las colaboraciones, así como la necesaria independencia de las sociedades científicas en el desarrollo de las actividades que les son propias", dicen.
Por eso, ven con "estupor" las conclusiones del grupo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la reconstrucción social y económica, del que, no obstante, apoyan "los cambios en la gobernanza de las organizaciones y centros sanitarios, profesionalizando la gestión en base a los méritos y capacidad, basados en datos científicos y técnicos, con análisis y evaluación de resultados y con estructuras de asesoramiento profesional". No obstante, consideran que "no sería creíble su realización sin la participación de las sociedades científico-médicas y de los profesionales que las componen".
También apoyan "las mejoras en las condiciones laborales, la profundización en el desarrollo de la carrera profesional y la formación de los médicos y los especialistas, con la participación de las sociedades científico-médicas en la definición y desarrollo de los planes de pregrado y formación especializada, y la evaluación del desarrollo profesional", así como "la mejora de la Atención Primaria y Comunitaria con la adecuación de los recursos humanos, capacidad resolutiva y renovación de estructuras físicas y digitales". No obstante, consideran que hay que consensuar con las sociedades científico-médicas "el contenido de las reformas que se precisan, ante el riesgo grave y evidente de colapso del modelo asistencial por la nefasta previsión en la reposición profesional".
Apoyamos el desarrollo de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, pero es imprescindible contar con la experiencia de las sociedades científicas, en las que debe estribar su desarrollo para que el resultado sea acorde a las necesidades de un mundo global y no se repitan los errores que la pandemia actual ha puesto de manifiesto.
También ven positiva la apuesta por la Investigación, Desarrollo e Innovación, aunque piensan que "solo se podrá alcanzar si se tiene en cuenta la experiencia, capacidad y conocimiento de las sociedades científico-médicas"; la digitalización de la asistencia sanitaria, aunque debe hacerse, dicen, "aprovechando la experiencia acumulada por los profesionales y contando con las sociedades científicas"; la adecuada coordinación de los servicios sanitarios y sociales como partes de un todo, pero llaman a reconocer "la especialización del trabajo desarrollado en cada puesto de trabajo y siempre basado en la experiencia de los profesionales y las sociedades científico-médicas, evitando diseños asistenciales simplistas que pongan en peligro la continuidad de la asistencia".
Apoyan "el rigor en la aplicación de la política farmacéutica" para garantizar sostenibilidad, acceso, eficiencia y seguridad, pero creen que "no se puede diseñar ni llevar a cabo sin contar con las sociedades científico-médicas"; o la apuesta por potenciar la industria biosanitaria y farmacéutica en España, el desarrollo tecnológico y la suficiencia de recursos básicos esenciales, pero ven "inaceptable que se pretenda prohibir la colaboración de la misma industria en la investigación, la divulgación y formación de los profesionales sanitarios y de las asociaciones de pacientes sin garantizar otras fuentes alternativas".
Se declaran de acuerdo con adecuar la financiación sanitaria en todos sus aspectos y, especialmente, en regular e incentivar la formación continuada de los profesionales para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del sistema sanitario, y ven "inadmisible que se excluya a las sociedades científicas de la participación en la principal actividad que justifica su existencia, pretendiendo trasladarla a otras organizaciones, como colegios profesionales o universidades, cuyo papel es fundamental, pero se desarrolla en otros aspectos".
Por todo lo expuesto, Facme exige al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas "el reconocimiento de las sociedades científicas como interlocutoras imprescindibles en todos los aspectos relacionados con la práctica médica y que se legisle y regule la actividad de las sociedades científicas como garantes de la transmisión del conocimiento, de la excelencia asistencial, de la investigación clínica y del futuro de la sanidad española". "Solo así, se podrán mejorar los altos estándares que ofrece la medicina en España y podrá seguir ofreciéndose una atención médica de vanguardia al ciudadano", concluyen.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: