La Comisión de Sanidad del Congreso ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular relativa a la formación continuada de los profesionales sanitarios y su sostenibilidad económica. Esta iniciativa además de solicitar un incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a formación de los profesionales recogía la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para “establecer un marco regulatorio que, en sintonía con la normativa comunitaria, garantice y dé certidumbre y seguridad jurídica a las actividades de formación continuada basadas en acuerdos de colaboración y de sostenibilidad económica entre las entidades representativas de los profesionales sanitarios y las empresas, entes e instituciones del sector sanitario, dotados de plena transparencia y respetuosos con la independencia de dichos profesionales”.
La justificación de la PNL se centra en que “la formación continuada se ha puesto en valor como un factor clave para la calidad asistencial y para el impulso y desarrollo de las competencias y calificaciones de cuantos prestan sus servicios en el marco del sistema sanitario” y, pese a ello, las administraciones no invierten fondos suficientes para esta cuestión.
Por ello, el Partido Popular destaca en su iniciativa que “es notoria la mínima e insuficiente dotación presupuestaria para posibilitar su asunción por parte de la Administraciones, central y autonómicas”. De ahí que, desde hace años, viene siendo imprescindible contar con la colaboración del sector privado, farmacéutico y tecnológico, que es “habitual en los países de nuestro entorno y se rige por estrictos criterios éticos y de transparencia”
La portavoz del Partido Popular, Elvira Velasco, en defensa de la iniciativa aclaró en su intervención que “aunque desde su grupo se apoyaron las conclusiones del Dictamen de la Comisión no Permanente de Reconstrucción Social y Económica, había cuestiones con las que no estaban de acuerdo”. En este sentido hizo referencia al punto 56.2 del Dictamen donde se establece que se deberán regular medidas para la formación continua de profesionales sanitarios y a cargo de las administraciones públicas “donde estableció la prohibición de financiación de actividades directa o indirectamente por la industria”. En este contexto, la portavoz popular recalcó que “se ha generado un gran malestar dentro de las sociedades científicas y los propios profesionales sanitarios”.
Velasco resaltó que las sociedades científicas apoyan exigir transparencia y regular las colaboraciones directas o indirectas con las entidades privadas, ya que entienden que es necesario que exista financiación pública, pero no comparten que se prohiba, ya que lo que se consigue es poner en serias dificultades la investigación, divulgación y formación continuada de los profesionales sanitarios”.
Tal y como recoge la iniciativa, Velasco recalcó que “el modelo de autorregulación que se aplica a estos fines, tanto en el ámbito farmacéutico como en el de las tecnologías sanitarias, se recoge en los correspondientes códigos de buenas prácticas, procediéndose a la publicación sistemática de cuantas aportaciones de valor proceden de la Industria. Existe, por tanto, transparencia y control social de la financiación de la formación continuada”.
De esta forma, defiende la portavoz popular, la normativa generará certidumbre para los profesionales y sus organizaciones y ofrecerá la indispensable seguridad jurídica para cuantos participen, de una u otra forma, en la formación continuada.
Apoyo de Vox y Ciudadanos
Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Salvá, adelantó su apoyo a la iniciativa. En su intervención resaltó que la formación de los médicos, que “no es un beneficio personal para el médico es un beneficio personal para el paciente”, costaría “un dineral” ya que cada especialista “necesita entre tres a cinco congresos o cursos al año para mantenerse en órbita científica” y eso habría que multiplicarlo por el número de médicos existentes en nuestro país.
Salvá rechazó que la partida de 460.000 euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado “no sirven absolutamente para nada”. Por ello, consideró necesario cuidar a los profesionales sanitarios, ya que estos son fundamentales para el SNS, “hay que mimar a los médicos y no machacarlos” y aseguró que es necesario “darles todas las facilidades para que se formen”.
La otra fuerza política que apoyó la propuesta fue Ciudadanos. Su portavoz, Guillermo Díaz señaló que “una de las quejas constantes de los profesionales sanitarios es la falta de formación”. En este sentido, Díaz apuntó que esta cuestión es un debate que “suscita agrias polémicas, ya que las partes implicadas ven riesgos diferentes”
Díaz centró parte de su intervención en explicar el rechazó que siente hacia la postura que sobre este asunto siempre tiene Podemos. A este respecto, argumentó que esta fuerza de izquierdas “parece que ve un palacio de invierno que tomar al asalto en cada compañía farmacéutica para imponer su concepción de lo que son las políticas públicas”. Para este grupo siempre tienen que ser 100% públicas y a cargo 100%del erario público, en todo aquello que “venga de mano de la iniciativa privada”, y en concreto respecto a esta cuestión “de la industria farmacéutica, poco menos que viene del séptimo círculo del infierno de Dante”, indicó.
Diaz explicó que “no comparte la falacia del falso dilema que plantea Podemos en estas cuestiones, en las que hay que elegir entre lo público y privado, como cuestiones enfrentadas”. En este aspecto, indicó que tal y como plantea la proposición es posible modificar la Ley de Profesiones Sanitarias para asegurar un marco jurídico, seguro y estable para estas formaciones, siendo posible la convivencia del sector público con el privado, todo ello, con transparencia. Y, aseguró que “si llegamos a un punto en que todo quede claro, es posible que salgamos ganando todos”. Ciudadanos siempre ha defendido la colaboración público-privada, concluyó.
“Perplejidad” en el PSOE
La portavoz del GP Socialista, María Luisa Carcedo, manifestó en varias ocasiones que estaba “perpleja” ante la iniciativa popular. Desde su punto de vista “no parece sensato que un dictamen aprobado por esta cámara y además por parte del grupo proponente”, tras los esfuerzos realizados para llegar a un acuerdo en la Comisión de Reconstrucción, “se venga a enmendar la plana a la primera de cambio”.
Carcero mostró su pesar al escuchar a la portavoz popular “ya que no parece sensato que se promueva desde el congreso un sistema de formación que invite a las administraciones para que deleguen lo que es sustancial”. Para la portavoz socialista “el valor principal del SNS es la formación y capacitación de sus profesionales, y esta no puede delegarse en terceros y “menos en un cliente, al que pagan en torno al 20% del gasto público”. Por ello, la ex ministra insistió en rechazarlo ya que, según dijo, “es realmente un disparate y es un asunto principal en la política del SNS, en la buena praxis y en el buen uso de los medicamentos y los productos sanitarios”.
UP lo ve “una aberración”
Por su parte, la portavoz de Unidas-Podemos, Rosa María Medel, fue contundente al señalar que “la foorma actual de financiar la formación continuada es una aberración”. Y, aseguró al respecto que el sistema actual “consiste en entregar a la industria importes para que utilicen los beneficios en pagar formación, asesorías y conferencias, como parte de su marketing” Por ello, Medel hizo hincapié ́en que “es fundamental crear un mecanismo que permita sustituir el patrocinio de la industria, pagado con nuestro dinero, por un patrocinio realizado desde la administración pública que garantice la independencia de los profesionales, sociedades científicas y las asociaciones de pacientes”. Con ello, consideró que “se evitarían sesgos en los comportamiento de los profesionales y su utilización como agentes comerciales, como todos los profesionales sanitarios sabemos que ocurre”, aseguró.
Medel también aseguró que la formación continuada que financia la industria lo único que hace “es orientar la prescripción”. El efecto negativo de estos patrocinios es “la prescripción inadecuada”.
La portavoz de Unidas-Podemos recalcó que “las sociedades científicas tienen miedo de la falta de formación, pero estarían encantadas que una financiación estatal les relajará de tener que condicionar su práctica clínica a los intereses de los laboratorios”.
Por último, Medel señaló que es entendible que no se puede cambiar de golpe y sustituir un sistema por otro, pero consideró que sí se puede exigir que las actividades de formación continuada no puedan ser promovidas por entidades que puedan obtener beneficios económicos derivados de la actividad correspondiente.
Por parte de la portavoz del GP Vasco (EAJ-PNV), Josune Gorospe, argumento su abstención ya que “consideran que se tiene que analizar la cuestión y no se puede eliminar sin más,como se ha hecho en la comisión de reconstrucción”, sin plantear ninguna salida, Y a pesar de su abstención, señaló que esta financiación suponía una ayuda considerable para las entidades científicas.
