“La falta de transparencia de Illa provoca desconfianza en la sociedad”

Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, es enfermera de profesión y tiene una dilatada experiencia tanto política y parlamentaria como de gestión sanitaria. Para analizar diversas cuestiones de la actualidad sanitaria ha concedido a Diariofarma una entrevista en profundidad.

Pregunta. ¿Cómo cree que se ha afrontado el sistema sanitario la pandemia de la covid-19 en estos meses?

Respuesta. El sistema sanitario se ha comportado bien, pero se ha saturado a consecuencia de la pandemia y ha llevado a que determinados procesos habituales se hayan visto afectados. Los procesos crónicos se han reagudizado y no han tenido la atención habitual. Los profesionales sanitarios se han contagiado mucho y ya llevamos más de 88.000. En una primera fase de la pandemia no había medios de protección, era lamentable para un país en el que presumimos de Sistema Nacional de Salud. En esta segunda ola, sí que ha habido una mejor coordinación.

P. ¿Pero el sistema ha resultado ser tan bueno como creíamos que era?

R. Lo que ha pasado es que hemos ido por detrás del virus. Llegó el virus y los sanitarios han atendido con un gran trabajo y se han reorganizado porque no ha habido nada de política y estrategia sanitaria. Tenemos un buen SNS, los profesionales nos han dado una lección de cómo se pueden reorganizar, pero no ha habido una respuesta por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien tenía que haber definido una estrategia clara de actuación.

P. ¿Y ante las críticas que aseguran que la situación del SNS estaba deteriorada por los recortes?

R. Lo de los recortes es un mantra que no se corresponde con los datos reales. Cuando llegamos en 2012, con una crisis horrorosa, vimos que había un déficit de 16.000 millones de euros. Decir que hubo recortes es un debate ideológico, la realidad fue otra. En ese tiempo se fortaleció el sistema y no hubo recortes para ningún tratamiento ni adquisición de tecnología sanitaria y lo sé de primera mano ya que yo estaba en un puesto de gestión de un centro sanitario.

P. ¿Pero entonces las medidas que se tomaron hace años, no han afectado ahora?

R. Hay que diferenciar dos cosas. El discurso de la izquierda de los recortes frente a las reformas que requería el sistema para prepararlo de cara a abordar el envejecimiento y la cronicidad, pero también las necesidades de pacientes en el medio rural. La pandemia ha puesto de manifiesto problemas que estaban identificados que desde la gestión no se habían afrontado.

P. ¿Cómo valora la gestión más política de la crisis, especialmente en lo que se refiere al Ministerio de Sanidad, que es su responsabilidad más directa?

R. En el primer estado de alarma, el Gobierno comparecía todas las semanas y ahora solo lo hace mensualmente. Nosotros reivindicamos que el Parlamento tenga más participación. Desde que se anunció la alerta mundial el 30 de enero, siempre hemos ido por detrás. Desde que en marzo se decretó el estado de alarma ha habido múltiples actuaciones y normativas. Creemos que no se ha contado para nada con los profesionales sanitarios, el Ministerio no ha hecho público el listado de expertos que le asesora pese a que el plazo de Transparencia ya ha pasado, y eso genera desconfianza.

P. ¿Cómo valora las comparecencias del ministro Illa en la Comisión?

R. Para mí ha sido una falta de respeto al Parlamento. No nos contaba nada, solo revisaba lo que había hecho la semana anterior y nunca nos avanzaba nada, llegando incluso a convocar ruedas de prensa tras la comparecencia para anunciar alguna medida. Nosotros hemos tratado de ser constructivos, pero también teníamos que trasladar lo que nos explicaban desde las comunidades autónomas. El Parlamento debería ser el lugar donde se traslade lo que se va a hacer, porque, para ver la relación de órdenes ministeriales o decretos, leemos el BOE.

“Tenemos que entender que el Sistema Nacional de Salud es una composición de lo público y lo privado y utilizar todos los recursos para alcanzar una mejor respuesta y más ágil”

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“Estamos totalmente en contra de la Ley de eutanasia porque es injusta, inoportuna e inconstitucional; prioriza el suicidio asistido frente a la creación de un sistema de cuidados paliativos”

P. Ha comentado que no conocer a los expertos genera desconfianza, como también puede ser los cambios de opinión en asuntos como las mascarillas. ¿Cómo lo valora?

R. El comportamiento del Gobierno no ha sido serio en base a lo que dicen los expertos y con un soporte científico claro, no se ha contado con los profesionales. Nos consta que ha habido muchos profesionales que se han ofrecido al Ministerio. Muchas veces hemos tenido la sensación de que las medidas tenían explicación ideológica más que científica, como con las mascarillas o la distancia social, que se han demostrado eficaces.

P. ¿Cree que estos vaivenes o la poca credibilidad que tiene el portavoz Fernando Simón puede afectar a la confianza que tengan los ciudadanos en la vacuna?

R. Creo que sí. Además, también puede afectar cómo se pregunta, por ejemplo, en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS. Desde mi grupo parlamentario no tenemos ninguna duda de que en base a los sistemas de evaluación que hay, que cuando se dé el visto bueno va a ser con todas las garantías. No se va a autorizar nada que no sea adecuado en base a la información de los ensayos clínicos. La pregunta del CIS se debería haber planteado en función de las evaluaciones y garantías realizadas. Parece una estrategia para confundir a la población. Espero que la promoción de la vacuna la hagan los profesionales sanitarios y que no sean el presidente del Gobierno, el ministro Illa o el portavoz de la pandemia, el señor Simón quienes lo hagan ya que entonces la desconfianza ya sería total por parte de los españoles.

P. En materia de covid-19, ¿qué iniciativas han planteado en los últimos meses?

R. Hasta el verano presentamos hasta 7.000 preguntas, solicitudes de comparecencia, proposiciones no de ley... Desde entonces llevamos más de 1.000. En materia farmacéutica, planteamos medidas de protección personal de los farmacéuticos ya que se les negó el acceso a los EPI. Después también pedimos mayor participación de la red de farmacias para reforzar y apoyar al sistema sanitario. Otra cuestión que nos preocupaba era en relación con el stock de los medicamentos y apostamos por ser autosuficientes en el suministro de medicamentos. También hemos propuesto medidas en materia de visados, como por ejemplo en los Acod.

P. Ha comentado varias cuestiones sobre las farmacias… ¿cómo valora la petición que hay para que puedan colaborar en la realización de test de covid-19, por ejemplo, en Madrid?

R. Es uno de los asuntos que está en manos del Ministerio y se tendrá que posicionar. Hay un marco normativo y es necesario revisarlo para ver si es posible llevarlo a cabo. Pedimos que en la decisión se tenga en cuenta a todos los profesionales sanitarios en el marco de la Comisión Consultiva Profesional, a la que el Ministerio no tiene en cuenta. Nosotros pedimos que se hagan muchos más test para intentar detectar lo más pronto posible a la población que está con los virus y también a los asintomáticos. No sabemos a qué está esperando el ministro, pidió un plan a Madrid y Madrid cumplió y presentó el plan hace más de dos semanas. También en relación con Madrid, creo que hay inquina por parte del Ministerio y no lo entiendo mucho.

“La pandemia ha puesto de manifiesto problemas que estaban identificados que desde la gestión no se habían afrontado”

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“Creemos que no se ha contado para nada con los profesionales sanitarios, el Ministerio no ha hecho público el listado de expertos que le asesora pese a que el plazo de Transparencia, ya ha pasado, y eso genera desconfianza”

P. ¿Cuáles deberían ser las claves modernización futura y mejora del sistema sanitario a la vista de los aprendizajes que nos deja la pandemia?

R. Hay una serie de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que nosotros apoyamos, pero lo que estamos esperando a que se lleven a cabo o que haya al menos un gesto de inicio. El texto se aprobó en julio y estamos esperando. Cuando hay un acuerdo en el Parlamento, lo lógico es que el gobierno los impulse. Hay medidas sobre atención primaria, sociosanitaria, salud digital, que se deben poner en marcha. Hay que evitar que la brecha digital deje pacientes de primera y de segunda. En materia de profesionales se deben tener en cuenta la reorganización del sistema y las próximas jubilaciones. Ya se deberían formar los grupos de trabajo, pero no vemos que haya mucho movimiento en el Ministerio, si no, flaco favor le haríamos al sistema sanitario y al trabajo de los muchos expertos que han pasado por la Comisión de Reconstrucción.

P. ¿Cree que en la Comisión de Reconstrucción no se dio la importancia que tiene al ámbito privado y a la colaboración con el público?

R. Tenemos que entender que el Sistema Nacional de Salud es una composición de lo público y lo privado. Tenemos que utilizar todos los recursos del sistema para alcanzar una mejor respuesta y más ágil. Las vacunas de la covid salen gracias a la iniciativa privada y al compromiso de las compañías que han estado trabajando y han dado una respuesta rápida. Es un ejemplo para seguir en el que nos tenemos que reflejar. Hay grupos parlamentarios, como Podemos, que tiene mucho rechazo a la privada. Lo hemos visto en educación y en sanidad, pero eso no es entender lo que es el Sistema Nacional de Salud y su respuesta en la primera ola.

P. ¿Cómo ve la polémica sobre la colaboración de la industria en la formación de profesionales o el apoyo a organizaciones de pacientes?

R. En las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción hay una cuestión sobre la colaboración de la industria en la formación de profesionales sanitarios y la ayuda a las organizaciones de pacientes, que proponen prohibirla. Nosotros enseguida presentamos iniciativas parlamentarias en apoyo a esta colaboración. La de pacientes salió por unanimidad en una traslacional, pero en los profesionales se rechazó. Lo que somos sanitarios sabemos de la gran colaboración y apuesta que hace la industria por la formación de los profesionales.

P. Además, el sistema sanitario no tiene fondos para asumir la formación de calidad de todos los profesionales…

R. Así es. En los presupuestos no hemos visto una dotación presupuestaria que vaya destinada a la formación de los profesionales. Es una claro de que lo que se dice luego no se ve reflejado en los presupuestos.

P. Actualmente está en tramitación la ley de la eutanasia. ¿Qué visión tiene el Partido Popular?

R. Es totalmente en contra. Es injusta, inoportuna e inconstitucional. Prioriza el suicidio asistido frente a la creación de un sistema de cuidados paliativos, antepone la eutanasia a la consecución de un sistema que promocione de forma real y efectiva la autonomía personal y que garantice una atención adecuada y completa a las personas en situación de fragilidad. También es inoportuna porque no responde a la realidad ni al consenso de la sociedad española. No se ha planteado un debate. Nosotros habíamos planteado una serie de comparecencias de expertos que dieran luz a lo que es la eutanasia y los cuidados paliativos y se nos ha negado. Es una ley que ha estado en ponencia escasamente dos días y se ha negociado solo entre los grupos que sostienen al gobierno. Es lamentable que más de la mitad de la población no tenga acceso a los cuidados paliativos. También hay conceptos muy graves como que la ley considera la eutanasia muerte natural y no lo es; además se hace un registro de profesionales, en el que se verá los que están a favor o en contra, y se vulneran varios artículos de la Carta Magna como los 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50. Tampoco entendemos la tramitación express y creemos que se ha vulnerado tanto el debate parlamentario como el de la sociedad civil y no se ha tenido en cuenta el informe de la Comisión de Bioética u otras visiones como se recoge en una carta de 300 pacientes y el jefe de oncología de La Paz.

P. La verdad es que no está habiendo ningún debate social, algo que la tramitación en estos tiempos de restricción de libertad de movimientos por la covid parece facilitar…

R. No es momento para plantear cuestiones que requieren un debate profundo. Es una ley que ni siquiera se ha presentado por el Gobierno, sino que lo han hecho los grupos parlamentarios para que fuera más rápido y por la puerta de atrás. Lo que he vivido en esta ponencia no lo he vivido nunca. Tampoco se ha alcanzado consenso o se han pedido aportaciones a quienes van a tener que llevar a cabo este proceso, como sería el Consejo General de Enfermería o la Organización Médica Colegial. Creemos que provocará una herida social que será difícil de curar

“Espero que la promoción de la vacuna la hagan los profesionales sanitarios y que no sean Sánchez, Illa o el portavoz de la pandemia, el señor Simón quienes lo hagan ya que entonces la desconfianza ya sería total por parte de los españoles”

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“Muchas veces hemos tenido la sensación de que las medidas tenían explicación ideológica más que científica, como con las mascarillas o la distancia social, que se han demostrado eficaces”

P. ¿Cómo valoras la propuesta que se ha hecho para establecer en España un HispaNICE y su financiación con fondos de la UE?

R. Nosotros habíamos propuesto en la Comisión de Reconstrucción un sistema de evaluación semejante al NICE. Otra cosa es la posibilidad de utilizar fondos de Europa de reconstrucción que van destinados a proyectos específicos, si no se ha contemplado ya, quedará como una cuestión que no se va a llevar a cabo. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que hay que tener un sistema de evaluación. Ana Pastor lo ha dicho en multitud de ocasiones. Necesitamos ir por delante de las cosas con los sistemas de evaluación.

P. En la última legislatura que gobernó el PP trató de hacer vinculantes las decisiones del CISNS. Aunque el PSOE no lo apoyó en su momento, ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa sí que quiere que se consideren así. ¿Cómo lo ven?

R. Nosotros hemos planteado hace años una modificación del reglamento con Consejo Interterritorial para que las decisiones fuesen vinculantes. También lo hemos planteado en los trabajos de la Comisión de Reconstrucción, y hay una resolución en ese sentido para avanzar en lo que se establece en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. También creemos que debe haber una mayor transparencia de las decisiones que se toman en el CISNS para evitar que se tome una decisión y que incluso el ministro actúe de otra forma.