Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma, sobre las propuestas realizadas por tres sociedades científicas en relación con los procedimientos relativos a la financiación y fijación de precio de los medicamentos.
Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
La propuesta de diversos aspectos de mejora para los procesos de financiación y fijación de precios de los medicamentos realizada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) resultan de lo más acertadas y oportunas.
Alguno de los déficits mayores que tienen los procedimientos administrativos vinculados a la financiación y fijación de precios de los medicamentos en España es la falta de predictibilidad y la falta de transparencia. Y, ante ellos, estas tres sociedades científicas han realizado una serie de recomendaciones que, no por obvias y lógicas, no dejan de ser valientes.
Las propuestas son tan revolucionarias que, resumiendo, solo piden avanzar en transparencia, así como incrementar la participación de expertos en los campos de superespecialización que requiere la evaluación de determinados medicamentos. Me cuesta creer que la propuesta haya podido sentar mal en algunos ámbitos, aunque así haya sido.
Se trata de doce puntos, doce propuestas en las que se pide, en primer lugar, un proceso transparente y trazable según el cual se conozcan las fechas en las que se cumplen los hitos por los que debe pasar un expediente. ¿Es que algo tan básico no se está produciendo? Y, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las compañías comercializadoras, pero también los profesionales o los pacientes, tienen que recurrir a mecanismos alternativos, no reglados, y que generan diferencias entre los distintos interesados, para enterarse del punto en el que se encuentra un procedimiento.
La mayor parte de las propuestas realizadas se centran en el procedimiento y aspectos relacionados con los informes de posicionamiento terapéutico (IPT). Las tres sociedades destacan también la necesidad de una mayor transparencia en este ámbito. A este respecto, consideran necesario que se indique la estimación de la duración de la fase piloto y que se publiquen las fases en las que se encuentra la elaboración de los distintos IPT y que haya transparencia en los tiempos de elaboración. Por otro lado, las tres sociedades insisten en la necesidad de garantizar la participación de expertos multidisciplinares, incluyen la asesoría de las sociedades científicas y que se utilicen los criterios de la escala ESMO-MCBS para la medición del beneficio clínico del medicamento.
La propuesta también reclama que se haga pública la red de evaluadores de ReValMed, así como que se hagan públicas las alegaciones a los IPT y las respuestas a las mismas. Igual que en la ocasión anterior, creo que es importante asegurar, por un lado, la transparencia, y, por otro, que las decisiones se tomen con todas las garantías necesarias y por las personas más adecuadas. Y dentro de esas garantías, están que los expertos que evalúen los medicamentos tengan la capacidad técnica apropiada para hacerlo, especialmente cuando nos adentramos en campos tan concretos como los de muchos de los medicamentos del área oncohematológica, pero también de otras. Asegurar que la decisión tomada tiene en cuenta todos los factores relevantes es la única manera de confiar en que el resultado es el mejor desde el punto de vista social. Esta puede ser la única de las propuestas que entiendo que pueda resultar conflictiva ya que se argumentará que hacer públicos los miembros de los nodos posibilitaría que se ejerciera presión sobre los mismos. Lo entiendo. Pero si las valoraciones que realizan son honestas y de acuerdo con el conocimiento científico, los evaluadores no deberían tener ningún problema en defender sus puntos de vista. En cualquier caso, creo que por encima de esa confidencialidad está asegurar que no haya dudas de que los informes que sustentan las decisiones, de las que dependen numerosos intereses sanitarios y económicos, se han elaborado por las personas más capacitadas y de acuerdo con la última y más potente evidencia disponible.
En lo que se refiere a las alegaciones, también me parece básico que todos los agentes sean responsables de sus actos y de sus planteamientos y que se conozca que se toman determinadas decisiones pese, o a consecuencia, de tener conocimiento de lo que desde los ámbitos científicos se expone.
Por último, las tres sociedades abordan en sí el proceso de financiación y precio de los medicamentos. A este respecto, reclaman la publicación de los criterios reales que llevan a la financiación de un medicamento, más allá de los muy genéricos que aparecen en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, creo que es también un aspecto básico. Además, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, deberían pensar en que la publicación de estos criterios, más allá de ser un derecho de la industria farmacéutica y, especialmente, de la sociedad, que así puede valorar también los criterios que se utilizan en relación con la financiación pública de la prestación farmacéutica; podría constituir un nuevo modelo de incentivo para dirigir la investigación farmacéutica hacia los intereses y objetivos marcados por la Administración, al plantear que, cumpliendo con ello, el acceso a la financiación pública sería más sencillo.
Otro aspecto básico es la motivación de las negativas a la financiación o la indicación de las alternativas terapéuticas en las que se justifica la ausencia de necesidad de financiación de un nuevo medicamento. Esto también ayudaría a confirmar que la decisión tomada se ajusta al conocimiento técnico-científico más actual.
Por todo ello, considero que las propuestas realizadas por SEFH, SEHH y SEOM, no hacen más que incidir en aspectos básicos de transparencia, que debería ser algo irrenunciable siempre, así como en asegurar la calidad de las decisiones, lo que va en beneficio de la calidad del sistema sanitario y del uso de los mejores medicamentos para los pacientes que más los necesitan.
Espero que la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, y los responsables de Farmacia de las comunidades autónomas, vean en las propuestas de estas tres sociedades, así como en sus ofertas de colaboración, una oportunidad para seguir avanzando en mejorar la prestación farmacéutica ante los retos de futuro que acechan al sistema, con una visión de alcanzar lo mejor para la sociedad y viendo a la industria y a las sociedades científicas como un partner con el que ir de la mano para mejorar la salud de los ciudadanos y no como un adversario al que hay que ofrecer la mínima información necesaria.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: