El Gobierno de España ha presentado su Plan Legislativo para 2023, donde su incluyen un total de 117 medidas legislativas como compromiso de elaboración para el presente año, el último de la legislatura. De ellas, un total de seis (tres leyes y tres decretos) componen el objetivo legislativo en materia sanitaria para los meses que quedan para la convocatoria de elecciones.
Entre las medidas previstas se encuentra el Real Decreto por el que se regula la financiación y la fijación de precios en medicamentos y su inclusión en la prestación farmacéutica. Esta norma tiene por objetivo, según explica el Gobierno “desarrollar los siguientes aspectos: inclusión de medicamentos en la prestación y farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, incluyendo las reservas singulares y queda abierta a “condiciones especiales de financiación de medicamentos”, así como a los regímenes especiales de precios de medicamentos.
También fijará el régimen de revisión del precio industrial de los medicamentos; inclusión en la prestación farmacéutica del SNS de nuevas indicaciones de medicamentos; exclusión de medicamentos de la prestación farmacéutica del SNS; financiación de medicamentos disponibles en situaciones especiales; oferta de medicamentos en la prestación farmacéutica del SNS; sistemas de Información de suministro de medicamentos y de seguimiento de su financiación en el SNS; e inclusión de productos sanitarios en la prestación farmacéutica del SNS. De este modo, se desligaría la modificación de la Ley de Garantías de la regulación de precio y reembolso de medicamentos.
Dentro del ámbito farmacéutico se contempla también la ley de reforma del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que viene a sustituir al decreto aprobado en julio de 2015. El objetivo de la norma fundamentalmente afecta a la “actualización del texto refundido a las exigencias y avances comunitarios e internacionales surgidos en los últimos años desde la aprobación de la ley”.
Igualmente esta norma deberá aunarse con la nueva política farmacéutica de la UE, así como a las iniciativas relativas a ensayos clínicos y compromisos en materia de seguridad, canales de distribución y políticas de abastecimiento y reserva frente a pandemias.
Otra de las leyes previstas la que modificará la actual ley de salud pública y la Agencia Estatal en la materia, uno de los compromisos más conocidos del actual Ministerios, sobre el que sin embargo, se sigue sin conocer muchos aspectos, entre ellos el de la ubicación territorial de la propia agencia, que no será en Madrid, y al que aspiran al menos seis autonomías.
El objetivo de la ley es que la Agencia ejerza las competencias de vigilancia de la salud pública, análisis y estudio, evaluación de políticas públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.
Paralelamente a esta ley, el Ejecutivo también espera culminar en estos meses antes de las elecciones nacionales el RD por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Que incluye a los Laboratorios Nacionales de Referencia para dicha red. Actualmente únicamente está regulada a nivel nacional la vigilancia de las enfermedades, el objetivo de la nueva norma será dar un rango nacional a la prevención y detección en salud pública ante alertas y emergencias.
También el Gobierno espera aborda el Real Decreto de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, cuyo fin es “reglamentar un sistema independiente, transparente y participativo para la evaluación del posicionamiento terapéutico de las tecnologías sanitarias mediante un proceso científico basado en datos contrastados que permita determinar la eficacia relativa y eficiencia de tecnologías sanitarias”.
Esta norma “pretende adecuar, en todo aquello que competa, el sistema con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE”.
Finalmente, la última ley que Sanidad espera tener culminada esta legislatura es la Modificación de la Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Con esta norma se actualizará la ley de 2003 y tiene, entre otros, el objetivo de actualizar su contenido en a materias tales como igualdad entre mujeres y hombres, respeto por la diversidad, y conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: