Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma, sobre las líneas de trabajo y documentos para mejorar y acelerar el acceso a los medicamentos en España.
Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
La semana pasada celebramos la, ya habitual, Jornada post ISPOR y en la misma se expusieron cuestiones muy relevantes en materia de evaluación, financiación, precio y acceso a los medicamentos.
La jornada, organizada por el Capítulo Español de ISPOR y Diariofarma, contó con la participación del director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, que expuso un decálogo de ámbitos de trabajo a los que dar prioridad. Junto a él, un espléndido panel de miembros de una mesa multidisciplinar, ayudó a concretar muchas de las cuestiones clave a abordar.
Las propuestas, entre varias, planteaban la importancia de alinear la evaluación en España al Reglamento europeo de HTA, así como separar evaluación de la decisión. Además, Hernández también expuso la necesidad de diseñar un sistema de acceso precoz a la innovación o establecer procesos de aprobación provisional.
Precisamente en relación con estas cuestiones, el Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), ha publicado sendos documentos, uno de recomendaciones sobre la gestión de medicamentos autorizados por la Comisión Europea por procedimiento centralizado, sin resolución definitiva de precio y financiación en España, tengan o no otra indicación ya con decisión de precio y, por otro lado, una ‘Propuesta de reforma del procedimiento de evaluación de medicamentos en España’, que busca acelerar los plazos, especialmente de los estudios de evaluación económica (EEE) y análisis de impacto presupuestario (AIP) de los medicamentos a financiar con fondos públicos.
Avanzar en estos aspectos, aunque aún haya mucho que limar en las propuestas realizadas, son necesidades que los pacientes, profesionales e industria farmacéutica llevaban reclamando desde hace tiempo. Por tanto, suponen una buena noticia.
Decía que hay aspectos que limar, porque, por poner un ejemplo, en el caso del procedimiento de financiación provisional, se establecen una serie de criterios que deben ser cumplidos en su totalidad. Uno de ellos se refiere a que los ensayos clínicos que hayan dado lugar a la autorización sean fase 3 o fase 2 con baja incertidumbre. Eso excluiría, casi de forma directa, que cualquier medicamento huérfano pudiera optar a esa medida provisional de financiación.
Igualmente, la limitación a 12 meses de la duración de la financiación provisional, deja en el aire qué ocurriría en el muy probable caso de que la decisión de financiación y precio definitiva se demorara más.
Son cuestiones a las que habrá que dar una vuelta, entendiendo que, como plantea el propio CAPF, son propuestas que se han realizado de forma acelerada y que sería necesario desarrollar con mayor serenidad.
En cualquier caso, creo que abre el camino a mejorar de una vez por todas una situación que generar frustraciones, incertidumbres y enormes diferencias entre pacientes en función de su código postal de residencia.
Parece claro que, más allá de que la propuesta del CAPF tenga aspectos de mejora, la Dirección General de Cartera tiene en mente ir por esa línea y, por tanto, es una buena noticia.
Respecto del otro documento del CAPF, que pretende acelerar las evaluaciones gracias a la aportación por parte de los titulares de la autorización de comercialización de las evaluaciones económicas y los análisis de impacto presupuestario, creo que también es algo necesario. Ya se hace en otros países y no tenemos por qué inventar nada si con copiar y adaptar es suficiente.
Lo que ese segundo documento deja claro es la necesidad que tiene el sistema sanitario de incrementar su capacidad evaluativa. Creo que de una vez por todas se debe realizar un censo de los profesionales disponibles, estén donde estén, para ver la posibilidad de su colaboración con el sistema en esta tarea de revisión de las evaluaciones. Lo que sí que habrá que vigilar es la utilización de la información confidencial de las compañías. Habrá que ver la manera de que no sea necesaria aportarla para que revisores externos, que pueden tener intereses cruzados con diversas compañías y entidades, puedan acceder a documentación comercial sensible.
En cualquier caso, creo que se va avanzando en una línea interesante que tiene muy claro dónde está el foco y qué hay que corregir: el acceso equitativo a los medicamentos innovadores, sin olvidar la sostenibilidad del sistema. Y eso, en cualquier caso, es una buena noticia.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Nicolas Gonzalez Casares: 